No nos robaran la alegría. Mensaje a las luchas del mundo desde las calles de Colombia en defensa de la vida

Por Natalia Hernández Fajardo

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Movilizaciones sociales sacuden el mundo. También Latinoamérica se levanta en contra de la expansiva ola reaccionaria. El 14 de octubre fue el turno de Colombia. Un grito colectivo, multitudinario y contundente coreó: “Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América latina”, “Que lo vengan a ver, esto no es un Gobierno son los paramilitares en el poder”, y el canto que nos enseñaron las luchas negras y que ya hace parte de las consignas de toda lucha popular: “El pueblo no se rinde”.

La movilización social cubrió las calles del país para defender la vida y los derechos conquistados por la clase trabajadora, los sectores campesinos, las comunidades negras e indígenas, las feministas, el movimiento LGBTIQ+, l*s estudiantes, y todas las personas que, con consciencia social, advierten los riesgos que representa el fortalecimiento de la extrema derecha autoritaria y, por lo mismo, la necesidad de seguir profundizando y ampliando la movilización general del pueblo colombiano, como expresó el actual senador y excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda. Porque la soberanía alimentaria, el salario digno, los derechos sexuales y reproductivos, las reformas socioambientales, la libertad de expresión, el derecho a la memoria y al arte, el cuidado del agua, minerales, bosques, fauna, y la paz en Colombia y en el mundo, no se negocian. 

En medio de un sol radiante seguido de una intensa granizada que no aplacó los ánimos, con cánticos, tambores, baile y consignas rebosantes de vitalidad, cientos de miles de personas salieron a marchar en más de diez ciudades de todo el país. Las movilizaciones fueron una respuesta a las maniobras del nuevo presidente de ultraderecha Abelardo De La Espriella que, alineado con la injerencia estadunidense de Donald Trump, y en solo dos meses de haberse posesionado, adelanta una serie de medidas, muchas de ellas inconstitucionales, que ponen en riesgo la democracia, la seguridad, la salud, la educación, los derechos sociales y el bienestar, tanto de las poblaciones como de los territorios.

Los intereses neoliberales de este gobierno se centran actualmente en concretar acuerdos comerciales de los llamados minerales “raros” o “estratégicos” con Estados Unidos, intensificando conflictos socioambientales, ya que la extracción de muchos de estos recursos geológicos implica poner en peligro zonas de reserva hídricas que proveen de agua a las regiones. Pasan por alto, además, el fenómeno de “Súper Niño” que mantiene en alerta a toda Suramérica y anuncia sequías, calor extremo y déficit hídrico, acompañadas de lluvias intensas e inundaciones. 

Simultáneamente, y en línea con el renovado impulso de la guerra antinarcóticos de la Casa Blanca, en las selvas del Putumayo y la Amazonía colombiana se pretende iniciar la fumigación de más de 1.000 hectáreas con compuestos químicos experimentales, en zonas que de hecho no concentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos del territorio nacional, pero en donde sí hubo un apoyo político contundente a la izquierda en las últimas elecciones presidenciales.

Esta operación nos remite a la muy polémica propuesta que hizo el concejal de Medellín Andrés Rodríguez, representante del partido de derecha Centro Democrático, que sugirió bombardear los municipios o zonas del país en donde la votación en las últimas elecciones presidenciales fue mayoritariamente a favor de la izquierda, bajo el argumento de que hubo coacción por parte de grupos armados.

Esta afirmación desconoce el voto popular, el criterio político y la larga trayectoria de luchas anticoloniales de las poblaciones que habitan estos territorios, las cuales están compuestas en su mayor parte por comunidades afrocolombianas e indígenas, y quienes tuvieron una participación central en el gobierno de izquierda popular de Gustavo Petro. Fue en el marco de este gobierno, que, siendo parte de este proyecto político, las comunidades negras e indígenas lograron  de forma contundente que las políticas públicas del Estado por fin miraran más allá de las ciudades grandes y de intereses extractivistas, destinando recursos para cubrir problemáticas tan básicas en las regiones como la falta de agua potable, hospitales sin equipamiento, acceso a universidades; avanzando en la titulación, entrega y reconocimiento masivo de tierras para las comunidades; fortaleciendo el cumplimiento de la Consulta Previa que obliga a que antes de que se emprenda cualquier proyecto, actividad o medidas administrativas en un territorio, se tenga en cuenta la posición de las comunidades que lo habitan; y cabe destacar que también se logró sacudir la percepción blanqueada de la sociedad, o usando la expresión de Sueli Carneiro, ennegrecer la subjetividad colombiana. 

Volviendo a los renovados coqueteos políticos de la ultraderecha con el país del norte, estos no terminan. Luego de que el expresidente de izquierda Gustavo Petro saldó la deuda adquirida por su predecesor con el Fondo Monetario Internacional, el presidente De La Espriella busca un nuevo préstamo con el organismo multilateral, asegurando una ventaja de acceso a bajas tasas de interés a cambio de ignorar que, en la asimetría de fuerzas que caracteriza la negociación con este organismo, un nuevo crédito les abre las puertas a políticas de ajuste inflexibles con los sectores populares. 

Estas políticas que agudizan la injerencia del gobierno extranjero a nivel interno han venido acompañadas del restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, luego de que Petro cortara estos vínculos por el genocidio que continúa contra el pueblo palestino. Este impulso de abrirse al intervencionismo israelí ha ido más allá. Luego de que ocurriera el devastador terremoto el pasado 10 de agosto, organizaciones de socorristas y activistas que se encontraban realizando labores de rescate, denunciaron hostigamientos por parte del contingente de 82 rescatistas de las fuerzas militares de Israel que se presentaron en las zonas de emergencia. 

El acercamiento entre el Gobierno colombiano y la potencia militar de Oriente Medio preocupa al Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada, quienes denuncian intentos de evangelización, apropiación cultural y temen por sus recursos, los cuales han defendido históricamente, impidiendo la construcción de hoteles, la destrucción de montañas y de fuentes hídricas, según informó un líder de la comunidad al medio de comunicación AJ+Español. 

Estas situaciones se suman a un clima de creciente intimidación, que viene desde las promesas de campaña de De la Espriella cuando declaraba públicamente que una vez llegara al Gobierno iba a “destripar a la izquierda”. Dos pasos concretos se dieron en esa dirección. Por un lado, la firma del Decreto 1368 el 8 de septiembre que desregulariza  el porte de armas de fuego que, según demuestran diversos estudios internacionales, tiende a elevar las tasas de homicidios y produce un incremento letal en la violencia de género e intrafamiliar. 

Y, por otro lado, la firma de un decreto que busca regular la protesta social a través del otorgamiento de facultades a la fuerza pública que relegan el diálogo y la mediación previa, operando como una estrategia que busca reprimir la movilización social, infundir miedo y limitar el derecho constitucional a marchar. 

Paralelamente, el Gobierno se encuentra preparando un estatuto antiterrorista, que remite más al Estatuto de Seguridad implementado por el expresidente Julio César Turbay (1978 – 1982), que otorgó un poder desmedido a las fuerzas militares, y se convirtió en el responsable de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (como torturas, detenciones masivas arbitrarias y allanamientos irregulares). Al conceder el derecho de detención bajo simple sospecha, este estatuto fue responsable de una de las represiones más violentas del movimiento social colombiano, porque consolidó la figura del “enemigo interno”, abriendo la puerta para que los militares consideran a la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas, y en la práctica implicó el intento de exterminio de cualquier expresión de protesta popular. 

A solo 72 días de que la derecha asumiera el Gobierno de Colombia, las políticas que buscan revivir la práctica de las ejecuciones extrajudiciales que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Veléz alcanzaron su pico, y suman un total de 7.837 víctimas reconocidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), hoy ya están acabando vidas. Tres hombres afrocolombianos fueron  asesinados en procedimientos de la fuerza pública en circunstancias sin esclarecer: Keiner Banguera de 19 años, oriundo del municipio El Charco, ubicado en el Pacífico sur en el departamento de Nariño; Donovan Balanta, asesinado en Ciudad Bolívar, Bogotá; y Luis Alfredo Chocó Echeverry asesinado en Villa Rica, Cauca. Sus familias y las comunidades exigen respuestas, y han realizado movilizaciones con mensajes que dicen: “Las vidas afro importan”, “Justicia para ellos”, “No más abuso policial”, “Fuerza Pública asesina”. 

El amedrentamiento, el intento insistente de estigmatizar y criminalizar la protesta y a determinados sectores sociales, ha venido acompañado de la espectacularización de procedimientos de la fuerza pública, la exhibición de cuerpos asesinados que han incluido menores de edad  y con la puesta en marcha de una supuesta “contrarrevolución cultural”. Esta iniciativa que se declara en contra de las políticas progresistas, en la práctica ha implicado el ataque a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación laica, amenaza a la autonomía universitaria, propone la intervención represiva en los centros de educación del país, ejerce presión a la prensa libre, niega al campesinado como sujeto de derechos, se burla y desconoce la diversidad sexual, causó recortes del 30% en el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para el año 2027. A lo que se sumó la declaración de María Carolina Restrepo, asignada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF responsable de atender a las infancias y adolescencias, quién al asumir el cargo se opuso rotundamente al uso del lenguaje inclusivo, a tal punto, que decidió eliminar de la entidad, la expresión “niñas”. 

Este ensombrecedor panorama se agravó el pasado jueves, después de que el mandatario a cargo del poder ejecutivo anunciara en el Ministerio de Cultura su declarada guerra contra el “wokismo” l.  Posteriormente en el Museo Nacional en Bogotá, uno de los repositorios de arte más importantes del país, se desmontaron treinta obras relacionadas con el movimiento Lgbtiq+, las luchas feministas, las víctimas de la violencia, la Constitución del 91 y los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno del expresidente Santos y la guerrilla de las FARC en el 2016. Hasta el momento se desconoce con certeza el paradero y manejo dado a las obras. Como respuesta,durante el sábado y el domingo se realizaron concentraciones pacíficas que vociferaban “Toda dictadura comienza con censura” y que fueron duramente reprimidas.

Ante todas estas medidas de corte autoritario que implican graves retrocesos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos, la bancada de izquierda el Pacto Histórico que oficializó el nombramiento de Gustavo Petro como presidente del partido, desplegó una serie de acciones jurídicas que fueron anunciadas en la Plaza de Bolívar, la plaza central de Bogotá en donde la multitud se concentraba. Se interpuso una demanda contra el decreto que busca modificar las reglas de actuación de la fuerza pública en la protesta social; se radicó una denuncia penal formal frente a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales pasadas; y, se concretaron acciones que buscan detener el desmonte de políticas del Gobierno de Petro que buscaron proteger la agricultura, blindando jurídicamente los suelos más fértiles del país para garantizar de forma exclusiva la producción de comida y la supervivencia del campo.

La jornada de movilización del miércoles pasado concluyó con acciones coordinadas dentro del congreso y en las plazas públicas que fueron ocupadas por representantes de organizaciones sociales de diferentes regiones del país, junto a líderes y lideresas sociales, voces feministas, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrocolombianxs, dejando un balance positivo para esta, la primera  movilización masiva desde el retorno de la derecha al gobierno. Hay que destacar la existencia de una productiva y evidente conexión entre l*s representantes del partido de izquierda y la lucha popular en las calles. 

Queda por delante el anuncio de paro ciudadano para noviembre, la articulación regional en apoyo a la candidatura de Lula en Brasil, a las movilizaciones en Argentina, en Chile, en el continente y en el mundo; la necesidad de crear una plataforma global que conecte las rebeldías y el deseo colectivo de relaciones más justas, que antepone el cuidado de la vida a las economías bélicas, los autoritarismos, los imperialismos y fascismos. Tenemos la certeza de que “no hay que dejar de creer en la potencia de las luchas” como expresó un representante de las juventudes negras en la tarima de la plaza, porque como se lee en carteles y estampas mientras se camina en las protestas sociales: “solo el pueblo salva al pueblo”. 

Vanessa @moviendoelespiral – Comunicadora social y artivista colombiana. Documenta cultura ancestral, popular y callejera, a través de la investigación, el lenguaje audiovisual y gráfico, la fotografía, la poesía y el arte en general; la gestión cultural y social.

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Não nos roubarão a alegria. Mensagem às lutas do mundo, desde as ruas de Colômbia em defesa da vida

Por Natalia Hernández Fajardo

Tradução: Rafaela Vasconcellos

Mobilizações sociais sacodem o mundo. A América Latina também se levanta contra a expansiva onda reacionária. No dia 14 de outubro, foi a vez da Colômbia. Um grito coletivo, multitudinário e contundente entoou: “Por que nos assassinam se somos a esperança da América Latina?”, “Venham ver, isto não é um governo, são os paramilitares no poder”, e o canto que as lutas negras nos ensinaram e que já faz parte das palavras de ordem de toda luta popular: “O povo não se rende”.

A mobilização social cobriu as ruas do país para defender a vida e os direitos conquistados pela classe trabalhadora, os setores camponeses, as comunidades negras e indígenas, as feministas, o movimento LGBTIQ+, estudantes e todas as pessoas que, consciência social, alertam para os riscos que o fortalecimento da extrema direita autoritária representa e, por isso mesmo, a necessidade de continuar aprofundando e ampliando a mobilização geral do povo colombiano, como expressou o atual senador e ex-candidato da esquerda à presidência Iván Cepeda. Porque a soberania alimentar, o salário digno, os direitos sexuais e reprodutivos, as reformas socioambientais, a liberdade de expressão, o direito à memória e à arte, o cuidado da água, minerais, florestas, fauna, e a paz na Colômbia e no mundo não se negociam.

Sob um sol radiante, seguido de uma intensa chuva de granizo que não arrefeceu os ânimos, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas com cantos, tambores, dança e palavras de ordem transbordando vitalidade em mais de dez cidades de todo o país. As mobilizações foram uma resposta às manobras do novo presidente de ultra direita Abelardo De La Espriella que, alinhado à ingerência estadunidense de Donald Trump, e, apenas dois meses após tomar posse, adota uma série de medidas, muitas delas inconstitucionais, que colocam em risco a democracia, a segurança, a saúde, a educação, os direitos sociais e o bem-estar, tanto das populações quanto dos territórios.

Os interesses neoliberais desse governo concentram-se atualmente em firmar acordos comerciais dos chamados minerais “raros” ou “estratégicos” com os Estados Unidos, intensificando conflitos socioambientais, já que a extração de muitos desses recursos geológicos implica colocar em risco áreas de reserva hídrica responsáveis pelo abastecimento de água nas regiões. Além disso, ignoram o fenômeno do “Super El Niño”, que mantém toda a América do Sul em alerta e anuncia secas, calor extremo e escassez hídrica, acompanhados de chuvas intensas e inundações.

Simultaneamente, e em consonância com o renovado impulso da guerra às drogas promovida pela Casa Branca, pretende-se iniciar, nas florestas do Putumayo e da Amazônia colombiana, a pulverização de mais de 1.000 hectares com compostos químicos experimentais, em áreas que, na verdade, não concentram a maior quantidade de cultivos ilícitos do território nacional, mas onde houve um apoio político expressivo à esquerda nas últimas eleições presidenciais.
Esta operação nos remete à proposta bastante polêmica feita pelo vereador de Medellín Andrés Rodríguez, representante do partido de direita Centro Democrático, que sugeriu bombardear os municípios ou áreas do país onde a votação nas últimas eleições presidenciais foi majoritariamente a favor da esquerda, sob o argumento de que houve coação por parte de grupos armados.

Esta afirmação desconhece o voto popular, o critério político e a longa trajetória de lutas anticoloniais das populações que habitam esses territórios, as quais são compostas, em sua maior parte, por comunidades afrocolombianas e indígenas que tiveram uma participação central no governo popular de esquerda de Gustavo Petro. Foi no âmbito desse governo que, como parte desse projeto político, as comunidades negras e indígenas conseguiram, de forma contundente, fazer com que as políticas públicas do Estado finalmente voltassem seu olhar para além das grandes cidades e dos interesses extrativistas, destinando recursos para enfrentar problemas tão básicos nas regiões, como a falta de água potável, hospitais sem equipamentos e dificuldades de acesso às universidades; avançando na titulação, na entrega e no reconhecimento massivo de terras para as comunidades; fortalecendo o cumprimento da Consulta Prévia, que exige que, antes da implementação de qualquer projeto, atividade ou medida administrativa em um território, seja levada em consideração a posição das comunidades que nele habitam; e cabe destacar que também se conseguiu abalar a percepção embranquecida da sociedade ou, utilizando a expressão de Sueli Carneiro, enegrecer a subjetividade colombiana.

Retomando as renovadas aproximações políticas da ultradireita com o país do Norte, estas não chegam ao fim. Depois que o ex-presidente de esquerda Gustavo Petro quitou a dívida contraída por seu antecessor junto ao Fundo Monetário Internacional, o presidente De La Espriella busca um novo empréstimo junto ao organismo multilateral, alegando a vantagem de ter acesso a baixas taxas de juros, ao mesmo tempo que ignora que, diante da assimetria de forças que caracteriza as negociações com esse organismo, um novo crédito abre as portas para políticas de ajuste inflexíveis em relação aos setores populares.

Essas políticas, que intensificam a ingerência do governo estrangeiro nos assuntos internos do país, têm sido acompanhadas pelo restabelecimento das relações comerciais e diplomáticas com o Estado de Israel, depois que Petro rompeu esses vínculos em razão do genocídio que continua sendo perpetrado contra o povo palestino. Esse movimento de abertura ao intervencionismo israelense foi ainda mais longe. Após o devastador terremoto ocorrido no último dia 10 de agosto, organizações de equipes de resgate e ativistas que realizavam trabalhos de salvamento denunciaram episódios de intimidação por parte do contingente de 82 integrantes das forças militares israelenses, enviados para atuar nas áreas atingidas pela emergência.

A aproximação entre o governo colombiano e a potência militar do Oriente Médio preocupa o Povo Arhuaco da Sierra Nevada, que denunciam tentativas de evangelização, apropriação cultural e temem por seus recursos – os quais têm defendido historicamente, impedindo a construção de hotéis, a destruição de montanhas e de fontes hídricas, segundo informou um um líder comunitário ao meio de comunicação AJ+Español.
Essas situações somam-se a um clima de crescente intimidação, que remonta às promessas de campanha de De la Espriella, quando ele declarava publicamente que, ao chegar ao governo, iria “destripar a esquerda”. Dois passos concretos foram dados nessa direção. Por um lado, a assinatura do Decreto 1368, em 8 de setembro, que desregulamenta o porte de armas de fogo — medida que, segundo demonstram diversos estudos internacionais, tende a elevar as taxas de homicídios e provoca um aumento letal na violência de gênero e intrafamiliar.

Por outro lado, houve a assinatura de um decreto que busca regular o protesto social ao conferir às forças de segurança prerrogativas que deixam de lado o diálogo e a mediação prévia. Trata-se de uma estratégia que visa reprimir a mobilização social, incutir medo e limitar o direito constitucional de manifestação.

Paralelamente, o governo está preparando um estatuto antiterrorista que remete mais ao Estatuto de Segurança implementado pelo ex-presidente Julio César Turbay (1978–1982) — o qual conferiu um poder desmedido às forças militares e tornou-se responsável por violações sistemáticas dos direitos humanos (como torturas, detenções arbitrárias em massa e invasões irregulares). Ao conceder o direito de detenção sob simples suspeita, esse estatuto foi responsável por uma das repressões mais violentas contra o movimento social colombiano, pois consolidou a figura do “inimigo interno”, abrindo caminho para que os militares passassem a considerar a maior parte dos problemas sociais como manifestações subversivas. Na prática, isso significou a tentativa de extermínio de qualquer expressão de protesto popular.

Apenas 72 dias após a direita assumir o governo da Colômbia, as políticas que buscam reviver a prática de execuções extrajudiciais — que atingiram seu auge durante o governo de Álvaro Uribe Vélez, somando um total de 7.837 vítimas reconhecidas pela Justiça Especial para a Paz (JEP) — ​​já estão ceifando vidas. Três homens afro-colombianos foram assassinados em ações das forças de segurança, sob circunstâncias ainda não esclarecidas: Keiner Banguera, de 19 anos, natural do município de El Charco, localizado no Pacífico sul, no departamento de Nariño; Donovan Balanta, assassinado em Ciudad Bolívar, Bogotá; e Luis Alfredo Chocó Echeverry, assassinado em Villa Rica, Cauca. Suas famílias e comunidades exigem respostas e têm realizado mobilizações com mensagens como: “Vidas afro importam”, “Justiça para eles”, “Chega de abuso policial” e “Força Pública assassina”.

A intimidação, a tentativa insistente de estigmatizar e criminalizar o protesto e determinados setores sociais, veio acompanhada da espetacularização das ações das forças de segurança, da exposição de corpos assassinados — incluindo os de menores de idade — e da implementação de uma suposta “contrarrevolução cultural”. Essa iniciativa, que se declara contrária às políticas progressistas, traduziu-se, na prática, em ataques aos direitos sexuais e reprodutivos e à educação laica, além de ameaçar a autonomia universitária. Propõe a intervenção repressiva nas instituições de ensino do país, exerce pressão sobre a imprensa livre, nega ao campesinato a condição de sujeito de direitos, zomba da diversidade sexual e a ignora, e resultou em cortes de 30% no orçamento do Ministério das Culturas, das Artes e dos Saberes para o ano de 2027. A isso soma-se a declaração de María Carolina Restrepo, nomeada diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF) — órgão responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes —, que, ao assumir o cargo, opôs-se categoricamente ao uso de linguagem inclusiva, chegando ao ponto de decidir eliminar da entidade a expressão “meninas”.

Esse cenário sombrio agravou-se na última quinta-feira, depois que o chefe do Executivo anunciou, no Ministério da Cultura, sua declarada guerra contra o “wokismo”. Posteriormente, no Museu Nacional em Bogotá — um dos mais importantes acervos artísticos do país —, foram retiradas trinta obras relacionadas ao movimento LGBTQI+, às lutas feministas, às vítimas da violência, à Constituição de 1991 e aos Acordos de Paz firmados, em 2016, entre o governo do ex-presidente Santos e a guerrilha das FARC. Até o momento, não se sabe ao certo o paradeiro das obras nem o destino que lhes foi dado. Em resposta, durante o sábado e o domingo, ocorreram manifestações pacíficas — nas quais se gritava “Toda ditadura começa com censura” — que foram duramente reprimidas.

Diante de todas essas medidas de caráter autoritário, que implicam graves retrocessos sociais, econômicos, ambientais, culturais e políticos, a bancada de esquerda «Pacto Histórico» — que oficializou a nomeação de Gustavo Petro como presidente do partido — deflagrou uma série de ações jurídicas. Estas foram anunciadas na Praça de Bolívar, a praça central de Bogotá onde a multidão se concentrava. Foi apresentada uma ação contra o decreto que visa modificar as regras de atuação das forças de segurança em protestos sociais; foi protocolada uma denúncia penal formal junto à Procuradoria-Geral da Nação por suposta fraude eleitoral nas últimas eleições presidenciais; e foram tomadas medidas para impedir o desmantelamento de políticas do governo Petro que visavam proteger a agricultura, blindando juridicamente os solos mais férteis do país para garantir, de forma exclusiva, a produção de alimentos e a sobrevivência do campo.

A jornada de mobilização da última quarta-feira terminou com ações coordenadas dentro do Congresso e em praças públicas, que foram ocupadas por representantes de organizações sociais de diferentes regiões do país, juntamente com lideranças sociais, vozes feministas, estudantis, camponesas, indígenas e afro-colombianas. O saldo foi positivo para esta, que é a primeira mobilização de massa desde o retorno da direita ao governo. Vale destacar a existência de uma conexão produtiva e evidente entre os representantes do partido de esquerda e a luta popular nas ruas.

Pela frente, temos o anúncio de uma paralisação cidadã para novembro, a articulação regional em apoio à candidatura de Lula no Brasil, às mobilizações na Argentina, no Chile, no continente e no mundo; a necessidade de criar uma plataforma global que conecte as rebeldias e o desejo coletivo de relações mais justas, que anteponha o cuidado com a vida às economias bélicas, aos autoritarismos, aos imperialismos e aos fascismos. Temos a certeza de que “não se deve deixar de acreditar na potência das lutas” — como expressou um representante das juventudes negras no palanque da praça —, pois, como se lê em cartazes e estampas durante as manifestações sociais: “só o povo salva o povo”.

Vanessa @moviendoelespiral – Comunicadora social e artivista colombiana. Documenta a cultura ancestral, popular e de rua por meio da pesquisa, da linguagem audiovisual e gráfica, da fotografia, da poesia e da arte em geral, além da gestão cultural e social.