Fotografía: Amparo Valenzuela

Ir ao artigo em português

En el año 2018, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, el Centro de Emergencias de la Mujer (CEM) atendió 149 casos de víctimas de feminicidio, un 21% más que en 2017.

Quince de estos casos tuvieron lugar en la región de Iquitos, donde la organización Zerca y Lejos (ZyL) trabaja, desde hace más de dos años y en colaboración con la asociación local Suyay América Latina (AL), en el asesoramiento y acompañamiento legal y psicológico de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar.  

La normalización de la violencia de género

Silvia Arbildo es, desde hace seis años, la coordinadora de la Red de Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y Género de Loreto, departamento situado al norte de Perú y una de las regiones con mayor incidencia de trata de personas a nivel nacional.

La Red es una institución que trabaja por la defensa de los derechos de la mujer y por la prevención de la violencia machista, al tiempo que sirve de enlace entre el Estado y la sociedad civil. Según explica Arbildo, son varios los componentes en los que se centra esta organización, como la prevención, atención a víctimas, investigación y vigilancia al Estado y el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres violentadas y sus familias.

“En Perú en general y en la región de Loreto en particular, la violencia machista es un asunto muy grave. Siete de cada diez mujeres sufren violencia de algún tipo. En nuestra región, el 34% de los embarazos corresponden a adolescentes, y de esos, el 50% es fruto de una violación”, explica Arbildo. “Lo más alarmante es que hay casos en los que no hablamos ni siquiera de adolescentes, sino de niñas embarazadas de 9,10 y 11 años”, añade.

La violencia se perpetra a nivel psicológico, físico, sexual y económico. Aunque la mayor parte de los casos tienen como víctimas a mujeres adultas, en los últimos años se ha incrementado el número de adolescentes que también sufren de algún tipo de violencia, pero no lo denuncian.

Durante el pasado año, comenta Arbildo, la demanda por parte de la población para recibir atención experimentó un gran aumento, lo cual, considera, es algo positivo ya que significa que muchas mujeres “captaron el mensaje” y la violencia intrafamiliar ha dejado de ser un problema privado para convertirse en uno de salud pública.

A la hora de trabajar, la Red se encuentra con muchas limitaciones y es que el acceso a la justicia y al proceso de denuncia no es sencillo. Arbildo denuncia el “cierra puertas” que supone el propio sistema en muchas ocasiones, “desde la mujer que vive en una zona rural y no puede hacer frente al pago del transporte hasta la ciudad para hacer la denuncia hasta el policía que, cuando una mujer decide denunciar una violación, le dice que no lo haga porque quién le dará de comer entonces”. A menudo, las mujeres son doblemente victimizadas. En el caso de la violencia física, primero cuando su agresor les pega y después cuando no reciben ni asistencia ni protección por parte del Estado.

Otro obstáculo para poder visualizar este problema es que, en Iquitos, no existen datos oficiales del Estado que reflejen esta violencia.
Como citábamos al principio de este artículo, en el año 2018 hubo 149 casos de feminicidio en el país y de estos, 15 ocurrieron en Iquitos. Sin embargo, Arbildo alerta de que estas cifras son, en realidad, mucho mayores, ya que, explica, hasta ahora el Estado no se ha encargado de realizar un estudio en el que se recojan datos de instituciones que trabajan por la protección de la mujer, como la Red.

“Solo quiero que nos deje vivir tranquilas. A mí y a mis hijas”

Elizabeth tiene 41 años y cuatro hijas, tres de ellas están a su cargo. Es una de las más de sesenta mujeres que durante el 2018 acudieron a las oficinas del proyecto Vivamos Sin Violencia, en el que ZyL trabaja junto Suyay AL, para recibir asistencia legal y psicológica gratuita.

Elizabeth reclama la pensión de alimentos a su expareja, quien, afirma Elizabeth, todavía ejerce sobre ella violencia psicológica.

“Decidí venir acá porque había visitado el Ministerio de la Mujer y la DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente) pero no tuve ni el apoyo ni el acompañamiento suficientes que se necesitan en estos casos. Quizá a veces por ignorancia no sabemos qué hacer, dónde ir o qué decir. Daba todo por perdido, estaba resignada”.

Como ella, muchas mujeres creen que solo pueden denunciar cuando la violencia es física, sin saber que existen otros tipos de violencia que son igualmente denunciables, como la psicológica o la económica.

Actualmente, ella y sus tres hijas viven bajo medidas de protección. Su expareja se niega a abandonar la casa, a pesar de que solo está al nombre de ella y de que él tiene otra propiedad en la que podría vivir. Elizabeth es autónoma. Trabaja en una tienda de alimentos. Pero desde que se separó no recibe ni un sol [la moneda peruana] de pensión. Según nos cuenta, él se excusa diciendo que “no necesitan nada”, argumentando que ella tiene su propio negocio.

“No le exijo nada, solo quiero que nos deje vivir tranquilas a mí y a mis hijas y no estar expuestas a situaciones de violencia”, explica Elizabeth. “No puedo vivir así. No estoy segura. No puedo vivir pensando si estará tramando algo. Cualquier día me decido y saco sus cosas de casa”.

Su matrimonio duró quince años y durante todo ese tiempo ella y sus hijas sufrieron violencia psicológica. Hace unos años decidió poner fin a la relación, pero no llegó a hacerlo por temor a lo que le dirían sus familiares y a vivir en una pelea constante. “Para que no se molestara y no recibir golpes trataba de hacer lo que a él le gustaba. Pero me cansé y llegó un momento en el que ya no podía más”.

Desde hace tres meses, Elizabeth asiste a las sesiones con el psicólogo del proyecto, al igual que sus hijas. Lo cual, nos cuenta, les ha dado mucha fuerza y les ha ayudado a identificar casos de violencia que antes no reconocían. Además, sus demandas por los casos de pensión de alimentos y violencia psicológica están interpuestas y en curso.

Estoy agradecida a este grupo de personas que llegan a nosotras porque igual que estaba yo, hay bastantes mujeres en la misma situación que permanecen calladas por no tener el pasaje para poder viajar y buscar ayuda. Ahora la ayuda está más cerca, en nuestro barrio y existe la posibilidad de no solo reducir la violencia sino de educar a nuestros hijos para que no la haya. Eso ya es bastante”.

 

Feminicídio e violência sexual no Peru: 149 mulheres assassinadas em 2018 e 70% das mulheres violentadas

 

Fotografía: Amparo Valenzuela
Fotografía: Amparo Valenzuela

Traducción: Lua Matsumoto

Em 2018, segundo dados do Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis do Peru, o Centro de Emergências da Mulher (CEM) atendeu 149 casos de vítimas de feminicídio. 21% a mais que em 2017.

Quinze dos casos aconteceram na região de Iquitos, onde a organização Zerca y Lejos (ZYL) trabalha há mais de dois anos  com a colaboração da associação local Suyan América Latina (AL). A instituição atua na consultoria e acompanhamento legal e psicológico de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência intrafamiliar.

A normalização da violência de gênero

Silvia Arbildo é, há seis anos, a coordenadora da Rede de Prevenção e Atenção da Violência Familiar, Sexual e de Gênero de Loreto, estado situado no norte do Peru e uma das regiões com maior índice de tráfico de pessoas em nível nacional.

A Rede é uma instituição que trabalha pela defesa dos direitos da mulher e pela prevenção da violência machista. Ao mesmo tempo, ela serve de articulação entre o Estado e a sociedade civil. Segundo explica Arbildo, são vários os componentes a que se dedica esta organização. Prevenção, atenção às vítimas, pesquisa e vigilância ao Estado e ao cumprimento das políticas públicas a favor das mulheres violentadas e suas famílias são algumas de suas ações.

“No Peru, no geral, e na região de Loreto, em particular, a violência machista é um assunto muito grave. Sete de cada dez mulheres sofrem violência de algum tipo. Na nossa região, 34% das gravidezes correspondem a adolescentes, e, destas, 50% é fruto de uma violação”, explica Arbildo. “O mais alarmante é que existem casos sobre os quais não estamos falando de adolescentes, mas de meninas grávidas de 9, 10 e 11 anos” completa.

A violência impacta a nível psicológico, físico, sexual e econômico. Ainda que a maior parte dos casos tenha como vítimas mulheres adultas, nos últimos anos, tem aumentado o número de adolescentes que também sofrem  algum tipo de violência. Entretanto, tais práticas violentas não são denunciadas.

Durante o ano passado, comenta Arbildo, o grande aumento da demanda da população para receber atenção  foi algo positivo, já que significa que muitas mulheres “captaram a mensagem” e a violência intrafamiliar deixou de ser um problema privado para se converter em um problema de saúde pública.

Na hora de trabalhar, a Rede encontra muitas limitações. Percorrer um caminho desde o acesso à justiça até o processo de denúncia não é algo fácil. Arbildo denuncia  que o “fechamento de portas” para estas mulheres é culpa do próprio Sistema, na maioria das vezes. Há várias situações impeditivas segundo ela:“Desde a mulher que vive em uma zona rural e não pode custear o transporte até a cidade para fazer a denúncia; até, quando chega uma mulher na polícia e decide denunciar uma violação, mas ela é aconselhada a não fazer isto, pois não terá quem a dê de comer depois.” Frequentemente, as mulheres são duas vezes mais vitimizadas. No caso da violência física, primeiro quando seu agressor a agride; depois, quando não recebe assistência nem proteção por parte do Estado.  

Como citamos no início deste artigo, no ano de 2018, houve 149 casos de feminicídio no país e 15 aconteceram em Iquitos. Entretanto, Arbildo alerta que estas cifras são, na realidade, muito maiores, já que até agora o Estado não se comprometeu em realizar um estudo para recolher dados de instituições, como a Rede, que trabalham pela proteção da mulher.

“Só quero que nos deixe viver tranquilas. Eu e a minhas filhas”

Elizabeth tem 41 anos e quatro filhas. Três delas estão sob sua responsabilidade. É uma das mais de sessenta mulheres que durante 2018 buscaram os escritórios do projeto Vivamos Sem Violência para receberem assistência legal e psicológica gratuita, oferecidas no Vivamos pelas organizações ZyL e AL, que trabalham juntas.

Elizabeth exige que seu ex-companheiro pague a pensão alimentícia embora ele ainda exerça violência psicológica sobre ela.

“Decidi vir aqui porque visitei o Ministério da Mulher e a DEMUNA (Defensoria Municipal da Criança e Adolescente), mas não tive nem o apoio nem o acompanhamento suficientes de que necessitam estes casos. Talvez, às vezes por ignorância, não sabemos o que fazer, onde ir ou o que dizer. Parecia que tudo estava perdido. Já estava resignada.”

Como ela, muitas mulheres acreditam que apenas podem denunciar quando a violência é física. Não sabem que existem outros tipos de violência que são igualmente denunciáveis, como a psicológica e a econômica.

Atualmente, ela e suas três filhas vivem sob medidas protetivas. Seu ex- companheiro rejeita a opção de deixar a casa, apesar de a casa estar no nome de Elizabeth e dele ter outra propriedade em que poderia viver. Elizabeth é autônoma, trabalha em uma loja de alimentos. Porém desde que se separou não recebe um Sol (Moeda peruana) de pensão. Segundo o que nos conta, ele se exime da responsabilidade dizendo que “não precisam de nada”, argumentando que ela tem seu próprio negócio.

“Não exijo nada, só quero que nos deixe viver tranquilas, eu e  minhas filhas e não fiquemos expostas a situações de violência”, explica Elizabeth. “Não posso viver assim. Não estou segura. Não posso viver pensando se (ele) estará planejando algo. Qualquer dia tomo uma decisão e tiro as coisas dele de casa.”

O casamento dela durou quinze anos e, durante todo este tempo, ela e suas filhas sofreram violência psicológica. Há uns anos, decidiu colocar um fim na relação. Mas não chegou a fazê-lo porque temia o que seus familiares diriam e porque ela e o companheiro sempre brigavam. “Para que (ele) não se incomodasse e não me batesse, eu fazia o que ele gostava. Mas me cansei e chegou um momento em que já não aguentava mais”.

Há três meses, Elizabet e suas filhas estão sendo acompanhadas por um psicólogo do projeto. Participar das sessões, como nos conta, está dando muita força para elas e ajudando-as a identificar casos de violência que antes não reconheciam. Além disso, o pedido de pensão alimentícia e o caso de violência psicológica foram apresentados e estão em andamento.  

“Estou agradecida por este grupo de pessoas que chega a nós porque, assim como eu, há bastantes mulheres na mesma situação. Muitas permanecem caladas por não terem a passagem para poder viajar e buscar ajuda. Agora, a ajuda está mais perto – no nosso bairro – e existe a possibilidade de não só reduzir a violência, mas também de educar nossos filhos para que não sejam violentos. Isso já é muito importante”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.