Pronunciamiento a raíz de las amenazas a líderes y lideresas sociales del corregimiento El Salado, Bolívar – Colombia.

Fotografía: Colectivo CasaFractal Cali

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El corregimiento de El Salado, ubicado en el departamento de Bolívar en la región de Montes de María de la Costa Caribe colombiana, se encuentra ante el riesgo inminente de que se repita uno de los episodios más dolorosos y crueles en la historia de ese país.

Hace 21 años, en este mismo territorio, alrededor de 600 paramilitares tomaron el pueblo apoyados por sobrevuelos constantes de helicópteros armados, y a plena luz del día en la plaza principal, en la cancha de fútbol y en la iglesia, secuestraron, torturaron, violaron, destrozaron casas y comercios y asesinaron con la más brutal sevicia. Todo ocurrió durante días, sin ningún tipo de respuesta por parte de la fuerza pública, frente a toda la comunidad aterrorizada. El sociólogo colombiano Alfredo Molano Bravo informó en su momento que “el Ejército presentó el hecho como el resultado de un enfrentamiento entre paras y guerrilla, y de no haber sido por la Fiscalía, que dio la verdadera versión, la cosa habría quedado escondida”.

Según la información brindada por la fiscalía colombiana, cerca de 100 personas fueron asesinadas y 4000 más huyeron despavoridas en un desplazamiento forzado hacia los municipios aledaños y las grandes ciudades de la Costa Caribe de Colombia. Después del vaciamiento territorial llegaron las compras masivas de tierras que fueron destinadas al monocultivo de palma aceitera que seca la tierra y contamina las aguas. Este territorio, para su pesar,  también funciona como corredor estratégico del narcotráfico lo que intensifica las disputas entre grupos ilegales por apropiarse de estas tierras.  

El miércoles 20 de enero la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-  emitió un comunicado denunciando que la población de El Salado ha venido siendo intimidada desde hace varios meses con mensajes de texto a sus celulares, panfletos y grafitis en los que los grupos paramilitares que operan en el territorio instigan al desplazamiento forzado de sus líderes y lideresas con sentencias de muerte, anuncios de toques de queda y amenazas de repetición de la masacre perpetrada en el año 2000. A su vez la CCJ  informa que “El corregimiento de El Salado no ha tenido fluido eléctrico durante varias noches, lo que pone en riesgo de incomunicación a sus habitantes, en medio de esta situación de zozobra y miedo”.

https://twitter.com/Coljuristas/status/1352020808466632708?s=20

La preocupación ante las amenazas se incrementó luego de que se conociera el asesinato de varias personas entre el 15 y el 18 de enero en el municipio de Zambrano -ubicado a 40 minutos del corregimiento de El Salado- presuntamente a manos del grupo paramilitar  AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). A pesar de esto, la respuesta por parte de las autoridades se limitó al cubrimiento con pintura de los grafitis y a una reunión realizada hasta el 18 de enero entre el Procurador y Personero Municipal de la cual no resultaron ni compromisos ni acciones claras sobre cómo brindar medidas de protección concretas que garanticen la vida y la integridad de los miembros y líderes y lideresas de la comunidad, expresó la organización CCJ quienes realizan trabajo territorial en el corregimiento. 

La realidad que enfrentan los pobladores del El Salado no es un caso aislado; hace parte de la violencia sistemática desplegada contra líderes y lideresas sociales, pueblos indígenas, campesinxs, afrodescendientes, defensorxs de derechos humanos, defensorxs ambientales y desmovilizadxs del acuerdo de paz firmado en La Habana. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó que en el 2020 ocurrieron 66 masacres con 255 muertes, el doble en comparación con el 2019. Así mismo documentó que 244 firmantes de la paz han sido asesinados. Con menos de un mes transcurrido del año en curso Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) reporta doce líderes y lideresas asesinadxs y cinco masacres que han sido denominadas por el Ministerio de Defensa con el eufemismo de “homicidios colectivos”.

A pesar de la retórica desplegada en cuanto a combatir a los grupos armados ilegales y el avance del narcotráfico, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en ignorar la preocupante crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa Colombia. Hasta el momento no se han implementado acciones urgentes y eficaces para desmantelar las estructuras paramilitares que operan al servicio del narcotráfico en varios territorios del país.

Organizaciones sociales y diversas comunidades denuncian la inoperancia, impunidad y connivencia que existe entre el Estado y los paramilitares. La falta de voluntad por parte del Gobierno de combatir al paramilitarismo está relacionada con el posible temor que suscita el hecho de que los comandantes de estos grupos busquen someterse a la justicia y entreguen a los patrocinadores económicos, políticos y empresariales de estas estructuras, manifestó Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de DD.HH y DIH de Coeuropa, en una entrevista realizada por el medio de comunicación auto gestionado Contagio Radio, cuyo enfoque también son los derechos humanos. Además, continúa Yepes en el mismo reportaje, la cooptación del Gobierno Nacional y su grupo político de todos los estamentos del Estado ha puesto al aparato estatal, incluyendo la labor de las Fuerzas Militares, en función de proteger los intereses de las élites políticas en oposición a velar por la promoción de los derechos humanos y las necesidades de los sectores populares.

En la misma línea, tampoco, según reportan organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación ha actuado de forma diligente en la labor de detectar y judicializar a los responsables de las masacres. Por el contrario, alineada con los congresistas y funcionarios del partido de gobierno, estigmatizan a los asesinados e insisten en destruir los acuerdos de paz firmados por el Estado con la antigua guerrilla FARC-EP, llegando incluso a asegurar que la mayoría de los reclamantes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) – entre los cuales están los habitantes de El Salado- son “falsos”.

Frente a la gravedad de este escenario hacemos un llamado a abrazar a la comunidad de El Salado y a exigir al Gobierno Nacional de Colombia que reconozca y se comprometa con desmontar las estructuras paramilitares e inicie un plan de implementación de forma inmediata de medidas que garanticen el derecho a la vida, a habitar los territorios libres de violencias y condiciones dignas, y a ejercer la labor de liderazgo en las comunidades “en virtud de las garantías de no repetición previstas en la sentencia de los tribunales de Justicia y Paz a favor de las víctimas del corregimiento de El Salado” (CCJ, 2021).

Qué ese terrible capítulo sangriento de la historia de Colombia no se repita, nunca más ni en El Salado, ni en ningún otro territorio.

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Seguem os massacres. Ameaças de paramilitares no Caribe colombiano

Pronunciamento sobre as ameaças aos líderes sociais da aldeia de El Salado, Bolívar – Colômbia.

Fotografía: Colectivo CasaFractal Cali

Tradução: Jocelina Segato

O povoado de El Salado, localizado no departamento de Bolívar, na região de Montes de María, na costa atlântica colombiana, enfrenta o risco iminente da repetição de um dos episódios mais dolorosos e cruéis da história desse país.

Há vinte e um anos, neste mesmo território, cerca de 600 paramilitares tomaram conta da cidade, apoiados por constantes sobrevoos de helicópteros armados, em plena luz do dia, na praça principal, no campo de futebol e na igreja, sequestraram, torturaram, estupraram, destruíram casas e comércios, e assassinaram com a mais atroz brutalidade. Tudo aconteceu durante dias, sem qualquer tipo de resposta das forças de segurança, em frente a toda a comunidade aterrorizada. O sociólogo colombiano Alfredo Molano Bravo relatou na época que «o Exército apresentou o evento como resultado de um confronto entre paras e guerrilheiros, e se não fosse a Promotoria, que deu a versão verdadeira, o assunto teria ficado escondido».

De acordo com informações fornecidas pelo Ministério Público colombiano, cerca de 100 pessoas foram mortas e outras 4.000 fugiram para os municípios vizinhos e para as grandes cidades da costa caribenha da Colômbia. Após o esvaziamento territorial, vieram as compras massivas dessas terras para a monocultura da palma, que seca a terra e polui a água. Esse território, infelizmente, também funciona como corredor estratégico para o tráfico de drogas, o que intensifica as disputas entre grupos ilegais que buscam apropriar-se dele.  

Na quarta-feira, 20 de janeiro, a Comissão Colombiana de Juristas (CCJ) soltou uma declaração denunciando que a população de El Salado vem sendo intimidada há vários meses. Com mensagens de texto de celular, panfletos e grafites, os grupos paramilitares que operam no território querem forçar o deslocamento dos líderes locais com ameaças de morte, toque de recolher e terrorismo com a advertência da repetição do massacre perpetrado em 2000. Ao mesmo tempo, a CCJ informa que «A aldeia de El Salado não tem eletricidade há várias noites, o que coloca seus habitantes em risco de ficar sem comunicação, em meio a esta situação de ansiedade e medo».

https://twitter.com/Coljuristas/status/1352020808466632708?s=20

A preocupação com as ameaças aumentou após o assassinato de várias pessoas entre os dias 15 e 18 de janeiro, no município de Zambrano – localizado a 40 minutos de El Salado – supostamente cometido pelo grupo paramilitar AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Apesar disso, a resposta das autoridades limitou-se a cobrir grafites e uma reunião, realizada em 18 de janeiro, entre o Procurador Geral e a Ouvidoria Municipal, mas que não resultou em compromissos nem ações claras sobre como proporcionar medidas concretas de proteção para garantir a vida e a integridade dos membros e líderes da comunidade, disse a organização CCJ, que realiza o trabalho territorial na vila. 

A realidade enfrentada pelos moradores de El Salado não é um caso isolado. É parte da sistemática violência contra líderes sociais, povos indígenas, camponeses, afro-descendentes, defensores dos direitos humanos, defensores do meio ambiente e membros desmobilizados do acordo de paz assinado em Havana. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou que no ano de 2020 ocorreram 66 massacres com 255 mortes, duas vezes mais do que em 2019. Também relatou que 244 signatários da paz foram mortos. Nem completado um mês de 2021, o Indepaz (Instituto para o Desenvolvimento e Estudos da Paz) relata doze líderes assassinados e cinco massacres que foram eufemisticamente chamados «homicídios coletivos» pelo Ministério da Defesa.

Apesar da retórica sobre o combate aos grupos ilegais armados e o avanço do tráfico de drogas, o governo do Presidente Iván Duque insiste em ignorar a preocupante crise humanitária na qual a Colômbia está mergulhada. Até agora, nenhuma ação urgente e eficaz foi implementada para desmantelar as estruturas paramilitares que operam a serviço do tráfico de drogas em vários territórios do país.

Organizações sociais e várias comunidades denunciam a ineficiência, a impunidade e o conluio que existe entre o Estado e os paramilitares. A relutância do governo em combater o paramilitarismo está relacionada ao possível medo de que os comandantes desses grupos procurem se submeter à justiça e entregar os patrocinadores econômicos, políticos e empresários dessas estruturas, disse Alberto Yepes, coordenador do Observatório de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário da Coeuropa, em uma entrevista conduzida pela mídia autogerida Contagio Radio , cujo foco também são os direitos humanos. Além disso, Yepes pontua na mesma reportagem que a cooptação pelo Governo Nacional e seu grupo político de todas as instituições do Estado colocou o aparelho Estatal, incluindo o trabalho das Forças Armadas, na função de proteger os interesses das elites políticas em detrimento de assegurar a promoção dos direitos humanos e as necessidades dos setores populares.

Da mesma forma, de acordo com as organizações sociais, a Procuradoria Geral não agiu diligentemente para detectar e processar os responsáveis pelos massacres. Pelo contrário, alinhados com congressistas e funcionários do partido do governo, eles estigmatizam os mortos e insistem em destruir os acordos de paz assinados pelo Estado com os antigos guerrilheiros das FARC-EP; chegando ao ponto de afirmar que a maioria dos requerentes da Lei das Vítimas e da Lei de Restituição da Terra (Lei 1448 de 2011) – entre os quais estão os habitantes de El Salado – são «falsos».

Diante da gravidade deste cenário, convocamos a abraçar a comunidade de El Salado e exigir que o Governo Nacional colombiano reconheça e se comprometa a desmantelar as estruturas paramilitares e implementar um plano de ação imediata com medidas que garantam o direito à vida, a habitar seus territórios em paz e condições dignas para exercer suas próprias lideranças comunitárias «em virtude das garantias de não repetição previstas na sentença dos tribunais de Justiça e Paz em favor das vítimas do povoado de El Salado» (CCJ, 2021).

Que este terrível capítulo sangrento da história da Colômbia nunca mais se repita, nem em El Salado, nem em nenhum outro território.

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