Ley de etiquetado frontal de alimentos en Argentina: Una cuestión de derechos

Ilustración: Proyecto Squatters

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Luego de varios años de debate y la formulación de distintos proyectos de articulado, en octubre del año 2020 la  Cámara de Senadores de Argentina aprobó media sanción a la ley que busca regular sobre el etiquetado frontal para alimentos procesados. El 2021 se presenta como el año que permitirá la luz verde a esta ley; sin embargo, las posiciones en contra por parte de la industria de alimentos y de distintos sectores políticos tienen en vilo su aprobación.  

Como se ha dado en países como Chile o México, esta ley busca establecer un marco regulatorio mínimo relativo a la manera como se presenta la información sobre el contenido de alimentos envasados y bebidas analcohólicas. El etiquetado frontal permite identificar a de manera sencilla el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías presentes en estos productos. La existencia de sellos visibles de advertencia permite orientar las decisiones y hábitos de consumo con información clara sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo. 

La ley de etiquetado es una cuestión de salud pública vinculada a la alimentación, al derecho a la información y a la protección de derechos de niñez y adolescencia, derechos fundamentales a la salud. 

Derechos a la salud y la alimentación 

En el contexto de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, el mundo ha centrado las acciones del sistema de salud en la atención de esta pandemia. El aislamiento vivido y el colapso de los sistemas hospitalarios han dejado a un lado la atención y seguimiento a otras enfermedades como la obesidad y la malnutrición que requieren de medidas integrales de prevención y transformación de las condiciones que las generan. La ley de etiquetado complementa otras medidas dirigidas a la concreción de la salud y la alimentación como derechos que se encuentran interrelacionados. 

Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud mostró que las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas son la causa de casi el 60 por ciento de las muertes anuales y representan casi el 50 por ciento de la carga mundial de morbilidad. En 2004, el organismo advirtió también sobre la relación entre una alimentación poco saludable, la falta de actividad física y la presencia de enfermedades no transmisibles, tales como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer y la epidemia de la obesidad. Casi veinte años después, la relación sigue siendo la misma y existe un incremento en el consumo de alimentos poco saludables, especialmente por parte de la población infantil. 

Una alimentación se considera adecuada, cuando satisface necesidades nutricionales de una persona según su edad, condiciones de vida, salud, ocupación y género, entre otros factores. Los alimentos deben además estar libres de sustancias dañinas, ser nutritivos y aceptables de acuerdo a la cultura de cada persona y comunidad.  De acuerdo con datos del Ministerio de Salud para el año 2010, en la Argentina era bajo el consumo de frutas y hortalizas, pues apenas un 6 por ciento de la población consume la cantidad de frutas y hortalizas recomendada por las guías alimentarias. 

Esto contrasta con el consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos, siendo el país de la región con mayor cantidad de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas (1) consumidas por año. De acuerdo al reciente estudio del Instituto de Efectividad Clínica y sanitaria, el 23 % de los casos de diabetes en adultos y el 26% de obesidad en la infancia en Argentina pueden ser atribuidos al consumo de bebidas azucaradas. Estas cifras hacen necesarias medidas de regulación como las planteadas en la Ley de etiquetado y urgentes transformaciones en los hábitos de consumo.

La protección del derecho a la alimentación implica la garantía del acceso a alimentos sanos, de calidad y apropiados culturalmente. La realización de este derecho para toda la población requiere la superación de condiciones estructurales de desigualdad y de políticas nacionales que se ocupen tanto de la protección y fomento de la producción soberana de alimentos, como de las condiciones para su transformación, distribución y consumo. La ley de etiquetado hace un aporte en algunos de estos aspectos, al definir un marco normativo dirigido especialmente a la comercialización y el consumo. Regular la manera como se presentan y publicitan los alimentos procesados es central para orientar las decisiones cotidianas alrededor del consumo. 

Derechos de niñez y adolescencia 

Sin duda, una ley de etiquetado frontal de alimentos favorece de manera especial la protección de los derechos de niñez y adolescencia.  En el año 2016, UNICEF señaló que la epidemia de la obesidad infantil afecta en mayor medida a la población que vive situaciones socioeconómicos más desfavorecidas. Se trata de un problema de salud pública vinculado con factores de desigualdad social y con el creciente consumo de productos de bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar, grasas y sal, así como con la ingesta habitual de bebidas azucaradas y la falta de actividad física.  Estudios recientes señalan que la carga de la obesidad tiende a acentuarse en los grupos de menor nivel socioeconómico, lo cual se atribuye a que estos grupos tienen mayor acceso a alimentos ultraprocesados y de bajo valor nutricional y menos posibilidades de acceder a una alimentación de calidad. En Argentina, los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31 por ciento más de probabilidad de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto.

Desde el Ministerio de Salud hay avances en el tema, a partir de la creación del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad (resolución 732/2016). Algunas de las políticas específicas existentes incluyen acuerdos con la industria sobre contenido de azúcar y sodio, etiquetado nutricional, impuestos sobre bebidas azucaradas y otros alimentos con bajo valor nutricional. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes. 

El informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, presentado a la UNU en enero de 2019, valora que, aunque la Argentina cuenta con reglamentaciones sobre el contenido de la publicidad, no se han aplicado de un modo efectivo como para abordar los problemas de obesidad y nutrición deficiente. De manera específica advierte que “Las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud tampoco parecen cumplir con las normas internacionales. El Código Alimentario Argentino establece que los elaboradores de alimentos deben mostrar la información sobre los ingredientes, su origen y la fecha de vencimiento, así como los valores nutritivos, pero no exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables» (2) .

Dicho informe considera también, que no hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los niños, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los niños menores de 12 años se encuentran expuestos diariamente a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional, que se difunden principalmente en los programas o canales dirigidos específicamente a este grupo etario. 

Por su parte, la Fundación Interamericana del Corazón en la Argentina realizado en el año 2015, halló que nueve de cada diez anuncios de alimentos en programas de televisión para niños incluían productos con bajo valor nutritivo. Esto es relevante para formar hábitos de consumo, ya que la manera como se publicitan los alimentos poco saludables puede generar en la niñez confusiones e información distorsionada de criterios de consumo.   

Como lo han recomendado los distintos organismos, la protección de los derechos de la niñez y adolescencia requiere el desarrollo de políticas públicas que enfrenten la existencia de un entorno que promueve la obesidad. Políticas que garanticen la reducción de las brechas de inequidad social, incentivando y garantizando el consumo de alimentos saludables. Es necesario avanzar en la regulación de la publicidad, como medio para evitar la exposición de niñez y adolescencia a mensajes que promueven alimentos poco saludables. Este tema debe requiere también la vinculación de los entornos escolares como espacio central para el cuidado y la educación hacia un consumo consciente e informado. 

Derecho a la información adecuada y suficiente que oriente el consumo 

Finalmente, la ley de etiquetado articula también el derecho a la información adecuada y suficiente. Este derecho tiene que ver con la garantía de recibir datos exactos, estandarizados y comprensibles sobre el contenido de los productos alimenticios.  En tal sentido, los mensajes y estrategias a los que recurre la industria de alimentos para publicitar sus productos no deben generar engaño o confusión acerca de los beneficios nutricionales y de los riesgos asociados a su consumo. 

La experiencia chilena, entre otras, da cuenta de los impactos positivos que tiene la regulación de la información nutricional y de su publicidad frente a la orientación al consumo. Los estudios sobre el tema coinciden en los efectos positivos del etiquetado frontal de alimentos implementado ese país (3). La advertencia del exceso de componentes poco saludables ha influido en las decisiones, actitudes y percepciones de los consumidores chilenos. Ante una mayor cantidad de sellos de advertencia la intención de compra tiende a disminuir, independiente del tipo de producto.

No hay duda que medidas como el etiquetado frontal implementado en Chile, facilita la evaluación y selección de los productos a consumir. La existencia de sellos frontales de advertencia efectivamente modifica la intención de compra y la percepción de saludable de un producto, conllevando a una disminución del consumo de aquellos que presentan mayor número de sellos y por ende menos nocivos para la salud; con una creciente tendencia de esta selección por parte de la  población joven chilena.  

Es de esperar que, en las sesiones legislativas del año en curso, en la Argentina se apruebe la ley de etiquetado frontal y con ello se den pasos certeros en la protección de estos derechos.  Si bien no soluciona integralmente la problemática de malnutrición y alto índice de enfermedades no transmisibles, sin duda aporta de manera directa en la prevención y transformación de los contextos que las generan.   

Referencias

(1) Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. El lado amargo de las bebidas azucaradas en Argentina. Alcaraz A, Bardach A, Espinola N, Perelli L, Balan D, Cairoli F, Palacios A, Comolli M, Augustovski F, Pichon-Riviere A. Nov 2020, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: www.iecs.org.ar/azucar

(2) Relatora del Derecho a la Alimentación, 2019

(3) Estudios como el del Centro de Estudios del Retail en el año 2016 y el Instituto de la Comunicación e Imagen – Universidad de Chile & Demoscopica

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Lei da rotulagem frontal de alimentos na Argentina: uma questão de direitos 

Por Carolina Pineda

Tradução: Larissa Bontempi

Após vários anos de debate e formulação de diversos projetos de artigos, em outubro de 2020, a Câmara de Senadores da Argentina aprovou uma meia sanção da lei que visa regulamentar a rotulagem frontal de alimentos processados. 2021 é o ano em que a lei será aprovada. No entanto, ela está suspensa devido às posições contrárias da indústria de alimentos e de diversos setores políticos.

Como ocorreu em países como Chile ou México, essa lei busca estabelecer um marco regulatório mínimo a respeito da forma como são apresentadas as informações sobre o conteúdo dos alimentos embalados e das bebidas não alcoólicas. A rotulagem frontal permite fácil identificação do excesso de açúcares, sódio, gorduras saturadas, gorduras totais e calorias presentes nesses produtos. A existência de selos de advertência visíveis permite orientar as decisões e hábitos de consumo com informações claras sobre a qualidade e quantidade do que se consome.

A lei da rotulagem é uma questão de saúde pública vinculada à alimentação, ao direito à informação e à proteção dos direitos da criança e do adolescente, direitos fundamentais à saúde.

Direitos à saúde e à alimentação

No contexto da emergência sanitária causada pelo vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o mundo tem concentrado as ações do sistema de saúde no atendimento a essa pandemia. O isolamento vivido e o colapso dos sistemas hospitalares têm deixado de lado o cuidado e o monitoramento de outras doenças, como a obesidade e a desnutrição, que exigem medidas abrangentes de prevenção e transformação das condições que as geram. A lei da rotulagem complementa outras medidas que visam a realização da saúde e da alimentação como direitos inter-relacionados.

Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstrou que as doenças não transmissíveis ou crônicas são a causa de quase 60% das mortes anuais e respondem por quase 50% da carga global de doenças. Em 2004, a organização alertou também sobre a relação entre alimentação pouco saudável, falta de atividade física e a presença de doenças não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e a epidemia de obesidade. Quase vinte anos depois, a relação continua a mesma e há um aumento no consumo de alimentos não saudáveis, principalmente pela população infantil.

Uma alimentação é considerada adequada quando satisfaz as necessidades nutricionais de uma pessoa de acordo com sua idade, condições de vida, saúde, ocupação e sexo, entre outros fatores. Além disso, os alimentos devem ser isentos de substâncias nocivas, nutritivos e aceitáveis ​​de acordo com a cultura de cada pessoa e comunidade. De acordo com dados de 2010 do Ministério da Saúde, o consumo de frutas e verduras era baixo na Argentina, já que apenas 6% da população consome a quantidade de frutas e verduras recomendada pelas diretrizes alimentares.

Isso contrasta com o consumo de alimentos altamente processados, ricos em gordura, açúcares, sal e aditivos, sendo o país da região com maior quantidade de produtos ultraprocessados ​​e bebidas açucaradas (1) consumidos por ano. De acordo com um estudo recente do Instituto de Eficiência Clínica e Sanitária, 23% dos casos de diabetes em adultos e 26% de obesidade na infância na Argentina podem ser atribuídos ao consumo de bebidas açucaradas. Esses números tornam necessárias medidas regulatórias, como as propostas na Lei da Rotulagem e mudanças urgentes nos hábitos de consumo.

A proteção do direito à alimentação implica a garantia de acesso a alimentos saudáveis, de qualidade e culturalmente adequada. A concretização deste direito para toda a população exige a superação das condições estruturais de desigualdade e de políticas nacionais que contemplem tanto a proteção e promoção da produção alimentar soberana, como as condições para a sua transformação, distribuição e consumo. A Lei da Rotulagem contribui em alguns destes aspectos, ao definir um quadro regulamentar dirigido especialmente à comercialização e ao consumo. Regular a forma como os alimentos processados ​​são apresentados e anunciados é fundamental para orientar as decisões diárias sobre o consumo

Direitos da infância e adolescência 

Sem dúvida, uma lei da rotulagem frontal de alimentos favorece especialmente a proteção dos direitos da infância e da adolescência. No ano de 2016, a UNICEF indicou que a epidemia da obesidade infantil afeta majoritariamente a população que vive em situação socioeconômica mais desfavorecida. É um problema de saúde pública ligado a fatores de desigualdade social e ao crescente consumo de produtos com baixo valor nutricional e alto conteúdo de açúcar, gorduras e sal, assim como a ingestão habitual de bebidas açucaradas e a falta de atividades físicas. Estudos recentes mostram que a carga da obesidade tende a se acentuar em grupos de menor nível socioeconômico, o que é atribuído ao maior acesso a alimentos ultraprocessados e de baixo valor nutricional, assim como menores possibilidades de acessar alimentos de qualidade. Na Argentina, adolescentes de nivel socioeconómico mais baixo têm 31% a mais de probabilidade de terem sobrepeso em relação aos adolescentes de nível socioeconômico mais alto.

Houve avanços nessa temática no Ministério da Saúde, a partir da criação do Programa Nacional de Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade (resolução 732/2016). Algumas das políticas específicas existentes incluem acordos com a indústria sobre as quantidades de açúcar e sódio, rotulagem nutricional, impostos sobre bebidas açucaradas e outros alimentos com valor nutricional baixo. Ainda assim, essas medidas não foram suficientes.

O relatório de Hilal Elver, Relatora Especial sobre o direito à alimentação, apresentado à ONU em janeiro de 2019, valoriza que, apesar de a Argentina contar com regulamentações sobre o conteúdo da publicidade, não foi aplicada de um modo efetivo para abordar problemas de obesidade e nutrição eficiente. Especificamente, adverte que “as regulamentações argentinas sobre rotulagem de alimentos e informações nutricionais e de saúde também não parecem estar em conformidade com os padrões internacionais. O Código Alimentar argentino estabelece que os fabricantes de alimentos devem apresentar informações sobre os ingredientes, sua origem e prazo de validade, bem como os valores nutricionais, mas não exige que a quantidade de açúcar seja declarada, o que dificulta aos consumidores escolher opções mais saudáveis” (2).

Esse relatório considera ainda que não existem regulamentações específicas em relação à publicidade de alimentos e bebidas dirigida a crianças, nem restrições quanto a critérios nutricionais. Crianças menores de 12 anos são expostas diariamente a mais de 60 anúncios de produtos de baixo valor nutricional, que são veiculados principalmente em programas ou canais voltados especificamente para essa faixa etária.

Por sua vez, a Fundação Interamericana do Coração na Argentina, realizada em 2015, constatou que nove em cada dez anúncios de alimentos em programas infantis de televisão incluíam produtos de baixo valor nutricional. Isso é relevante para a formação de hábitos de consumo, uma vez que a forma como são divulgados os alimentos não saudáveis ​​ pode gerar já na infância confusão e informações distorcidas sobre os critérios de consumo.

Como recomendam os diversos organismos, a proteção dos direitos da criança e do adolescente requer o desenvolvimento de políticas públicas que enfrentem a existência de um ambiente que promova a obesidade. Políticas que garantam a redução das lacunas de desigualdade social, incentivando e garantindo o consumo de alimentos saudáveis. É preciso avançar na regulamentação da publicidade, como maneira de evitar a exposição de crianças e adolescentes a mensagens que promovam alimentos não saudáveis. Essa questão também deve exigir a articulação dos ambientes escolares como espaço central de cuidado e educação para o consumo consciente e informado.

Direito à informação adequada e suficiente que oriente o consumo

Finalmente, a lei da rotulagem também articula o direito à informação adequada e suficiente. Este direito tem a ver com a garantia de recebimento de dados precisos, padronizados e compreensíveis sobre o conteúdo dos produtos alimentícios. Nesse sentido, as mensagens e estratégias utilizadas pela indústria de alimentos para divulgar seus produtos não devem gerar engano ou confusão sobre os benefícios nutricionais e os riscos associados ao seu consumo.

A experiência chilena, dentre outras, mostra os impactos positivos que a regulamentação da informação nutricional e sua publicidade têm em relação à orientação para o consumo. Estudos sobre o assunto concordam com os efeitos positivos da rotulagem frontal de alimentos implantada no país (3). O alerta sobre o excesso de componentes prejudiciais à saúde influenciou as decisões, atitudes e percepções dos consumidores chilenos. Diante de um maior número de selos de advertência, a intenção de compra tende a diminuir, independentemente do tipo de produto.

Não há dúvida de que medidas, como a rotulagem frontal implementada no Chile, facilitam a avaliação e seleção dos produtos a consumir. A existência de selos frontais de advertência modifica efetivamente a intenção de compra e a percepção de saúde de um produto, levando à diminuição do consumo daqueles que apresentam maior número de selos e, portanto, são menos nocivos à saúde; com uma tendência crescente desta seleção por parte da população jovem chilena.

Espera-se que, nas sessões legislativas deste ano, seja aprovada a lei da rotulagem frontal Na Argentina e com ela sejam dados alguns passos na proteção desses direitos. Embora não resolva totalmente o problema da desnutrição e do alto índice de doenças não transmissíveis, sem dúvida contribui diretamente para a prevenção e transformação dos contextos que as geram.

Referências

(1) Instituto de Eficiência Clínica e Sanitária. O lado amargo das bebidas açucaradas na Argentina. Alcaraz A., Bardach A., Espinola N., Perelli L., Balan D., Cairoli F., Palacios A., Comolli M., Augustovski F., Pichon-Riviere A. Nov 2020, Buenos Aires, Argentina. Disponível em: www.iecs.org.ar/azucar

(2) Relatora do Direito à Alimentação, 2019

(3) Estudos como o do Centro de Estudos do Varejo do ano de 2016 e do Instituto da Comunicação e Imagem – Universidade do Chile & Demoscópica.