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Los viejos fantasmas resurgen del polvo y las cenizas generando miedo a la dictadura que se ha implantado en Nicaragua por parte de la familia Ortega Murillo y un sandinismo totalitario y opresor. En los primeros días de Junio han sido encarcelados tres precandidatos y una pre-candidata a la presidencia: Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos del gobierno Sandinista en la década del 2000 y precandidato a la presidencia por la Alianza “Ciudadanos por la Libertad”. Finalmente, se impuso arresto domiciliar a Cristiana Chamorro, precandidata sin partido. Chamorro es hija de la ex presidenta Violeta Barrios, quien ganó las elecciones en 1990 dando fin al primer gobierno de Daniel Ortega Saavedra como presidente del país.
De la misma manera, el 12 de junio fueron encarceladas las activistas Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el abogado opositor José Pallais. El 13 de junio detuvieron a la ex guerrillera Dora Maria Téllez, Ana Margarita Vijil , Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez y Victor Hugo Tinoco de UNAMOS (Unión Democrática Renovadora). Los arrestos se argumentan bajo dos leyes: la de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, Ley No. 1055, y la de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040, aprobadas por el gobierno sandinista en diciembre y octubre del 2020 respectivamente, como parte de un paquete de leyes que han sido ampliamente condenadas por represivas. Se acusa a las personas detenidas de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares en el país. La Ley 1055 condena actos contra la soberanía, de terrorismo y de apoyo a sanciones internacionales porque entre las y los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos hay muchas personas adeptas al sandinismo, entre ellos funcionarios públicos y miembros de la familia Ortega Murillo.
Diferentes administraciones de Estados Unidos se han caracterizado por una política exterior de control sobre Centroamérica y el Caribe, acompañada de intervenciones en distintos territorios de esta región de América. Estados Unidos ha esgrimido argumentos legales tales como la Doctrina Monroe que impedía, en el siglo XIX, la injerencia de países europeos en asuntos internos de las Américas, dejando el camino libre para su proyecto expansionista y de control. En el caso específico de Nicaragua, los abusos van desde la presencia de marines norteamericanos ocupando distintas áreas de Nicaragua en 1912 provocando la pérdida de la soberanía en el territorio, hasta la propia retirada de los marines para crear la Guardia Nacional con el gobierno dictatorial de la Familia Somoza, que salvaguardaba los intereses estadounidenses en Nicaragua. También está la firma del tratado Chamorro-Bryan en 1914, que estableció el dominio estadounidense sobre áreas de Nicaragua para construir un canal interoceánico, el financiamiento de la Administración del ex presidente Ronald Reagan a la guerra de los contra en 1980, en el marco de la guerra fría entre EEUU y la Unión Soviética, así como muchas otras acciones en Nicaragua y en el istmo para controlar la política interna de varios países.
La injerencia de Estados Unidos en Nicaragua y Centroamérica es un hecho histórico. Sin embargo, esta historia tiene matices. También existen alianzas internacionales entre pueblos oprimidos que denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado-nación. También existen los movimientos de mujeres que han denunciado, en varios territorios del mundo y a través de alianzas, crímenes y terrorismo de Estado generando uniones internacionales en defensa de la vida y, de la misma manera, denunciando injusticias patriarcales, coloniales, racistas y homofóbicas que se producen en varias partes del planeta.
La soberanía nacional, que se adhiere a la división colonial del territorio en el Abya Yala, no deja de tener una relación con la visión patriarcal de resolver los asuntos internos “en casa”, el lugar donde los dictados machistas indican que es donde deben «lavarse los trapos sucios», sin la interferencia de terceros en los asuntos «domésticos». Nosotras, mujeres, hemos vivido en carne propia el silenciamiento de la violencia que se confina en cuatro paredes, donde algunas han maquillado los golpes del patriarcado en sus rostros y cuerpos, o en la mente a través de la violencia psicológica, para aparentar un bienestar ficticio en el que se esconde la agresión. Sabemos muy bien lo que ha generado la denuncia del opresor, del feminicida, del violador cuya imagen construida sobre imaginarios de lucha se destruye al evidenciar la violencia que perpetúa en su propia casa (o país). Aprovechamos para recordar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, tiene una acusación pendiente por violación y abuso deshonesto, por parte de su hijastra Zoilamerica Narváez Murillo, hija de su esposa y actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Hasta el día de hoy Ortega no ha sido sometido a juicio. Amparado en su inmunidad parlamentaria en la época, este nunca se presentó ante ningún juzgado en Nicaragua y este crimen aún no ha sido esclarecido.
Las denuncias internacionales de violencia represiva y totalitaria del gobierno de la familia Ortega-Murillo en Nicaragua, surgen en una escala distinta y mayor. Este gobierno pretende acallar los clamores y pedidos de justicia frente a su represión, y tratar los asuntos internos «en casa», en un país cuyas leyes han sido manipuladas para beneficio propio, donde el gobierno es juez y a la vez victimario de la violencia que el mismo perpetua contra la población.
Sin dejar de reconocer el peligro que se corre con la injerencia de grandes potencias, ya que muchas están interesadas en el beneficio propio sin importarles la vida y la opresión de otros pueblos como el de Nicaragua, también es importante preguntarnos ¿dónde denunciamos a un Estado opresor que no dispone de leyes para castigar sus propios crímenes? En este sentido, existe una excelente lección de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que, ante la ausencia de leyes de protección de sus territorios, vidas y derechos, utilizan legislaciones internacionales para condenar crímenes de Estado y de lesa humanidad. Este es el caso del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales que defiende, a nivel internacional, distintos derechos de estos pueblos, cuando no cuentan con el respaldo de leyes nacionales para su protección. Hay pueblos como los de la Costa Caribe de Nicaragua, la Moskitia, que conquistaron la autonomía de sus territorios por la vía legal, pero la ley no se cumple en la práctica, pues muchas veces el propio Estado es el primero en incumplir y violar los derechos fundamentales de poblaciones étnicas e indígenas.
Los movimientos de mujeres y movimientos feministas hemos estado involucradas en la denuncia de la violencia en territorios periféricos, indígenas y negros. Hemos denunciando las injusticias y la opresión, sin respetar fronteras ni legislaciones, que observamos que se producen en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en España y muchos otros lugares del planeta. Hemos establecido alianzas internacionalistas entre pueblos y comunidades que bien podrían ser llamadas de injerencias en políticas internas, para quienes todavía no consiguen ver la carga colonizada de las demarcaciones territoriales en el continente. Apoyamos las luchas ancestrales y disidentes de toda América, así como reconocemos que estamos insertas en un territorio en disputa por grandes potencias que intentan repartirse el mundo desde hace siglos. Que se denuncie internacionalmente la opresión de los Ortega Murillo no tendría por qué ser sinónimo de solicitar intervenciones internacionales en el país, pues son muchos los frentes involucrados en demandar justicia por Nicaragua.
De la misma manera, hacemos ver que existen poblaciones que son amenazadas, violadas y asesinadas sin siquiera tener ningún vínculo político en Nicaragua, como es el caso de las poblaciones negras e indígenas del país. Diajaira Lacayo Wislow, del pueblo Miskitu, no tuvo que ir a ninguna protesta, ni colocarse como opositora al gobierno Ortega Murillo para recibir un balazo en la cara mientras se bañaba en un río junto a personas de su comunidad. Fue suficiente con ser mujer Miskitu y su territorio ancestral ser de interés del estado, del sector privado y del modelo extractivista para ser víctima de violencia y sin provocar marchas multitudinarias clamando por justicia. Bastó con que Antonio López Rufus estuviera en su comunidad, el Territorio Mayangna Sauni Arungka, para ser atacado y recibir 5 impactos de bala. Leve Pedro Devis, que estaba junto a Antonio el día del ataque, también fue capturado, secuestrado y torturado el 4 de marzo de 2021 (1) (2). De la misma manera que Diajaira, su crimen no provocó movilizaciones nacionales e internacionales. La indignación frente a la violencia también tiene un color de piel específico que denuncia o calla la violencia. A veces solamente basta ser pobre, ser mujer, ser trans, ser indígena, ser negro o negra para recibir gratuitamente violencia, cárcel o muerte.
Es aquí donde nos hacemos presentes mujeres, comunidades y territorios de varias partes del Abya Yala y el mundo, nosotres nos involucramos en los asuntos internos de las “naciones” inventadas por occidente. La violencia contra nuestro pueblo nos compete en distintos territorios y nos involucramos en la denuncia y en el apoyo, por lo que cuestionamos estos conceptos de soberanía e injerencia, puesto que en Nicaragua se han condenado incluso estas alianzas que se producen desde abajo. Realizamos todas juntas pronunciamientos internacionales y no estamos involucradas en la geopolítica internacional del mundo colonizado y occidental. No tenemos alianza con la CIA, ni participamos en reuniones con Biden o Putin. Nos manifestamos en medios virtuales, algunas dentro de la precariedad del acceso a la tecnología. Nos pronunciamos aunque corten el internet o la luz a nuestros barrios, pero estamos allí presentes, en el dolor, en la lucha, e irreverentes a las fronteras internacionales pues la opresión racista, machista, homofóbica, clasista y colonial es un asunto que nos compete a todas.
Referencias
(1) Tercer Ataque a los Mayangna y la política partidaria.
https://landportal.org/es/blog-post/2021/05/tercer-ataque-los-mayangna-y-la-pol%C3%ADtica-partidaria
(2) Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indigena por el Saneamiento.
https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento
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Lei de Soberania na Nicarágua: geopolítica, patriarcado e as alianças entre os povos de Abya Yala
Por Berta Marson
Os velhos fantasmas renascem da poeira e das cinzas gerando medo da ditadura que foi implantada na Nicarágua pela família Ortega Murillo e um sandinismo totalitário e opressor. Nos primeiros dias de junho três pré-candidatos e uma pré-candidata à presidência foram presos: Felix Maradiaga da Unidade Nacional Azul e Branco, Juan Sebastian Chamorro da Aliança Cidadãos pela Liberdade, Arturo Cruz, ex-embaixador nicaraguense nos Estados Unidos do governo sandinista nos anos 2000 e pré-candidato à presidência da Aliança «Cidadãos pela Liberdade». Finalmente, a prisão domiciliar foi imposta a Cristiana Chamorro, uma pré-candidata sem partido. Chamorro é filha da ex-presidenta Violeta Barrios, que venceu as eleições de 1990, acabando com a primeira administração de Daniel Ortega Saavedra como presidente do país.
Da mesma forma, em 12 de junho, as ativistas Violeta Granera e Tamara Dávila Rivas, da Unidade Nacional Azul e Branco, e o advogado da oposição José Pallais foram presos. Em 13 de junho, a ex-guerrilheira Dora Maria Tellez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres Jimenez e Victor Hugo Tinoco de UNAMOS (União Democrática Renovadora), foram encarcerados. As prisões são baseadas em duas leis: a Lei de Defesa dos Direitos do Povo e Soberania, Lei nº 1055, e a Lei de Regulação dos Agentes Estrangeiros, Lei nº 1040, aprovada pelo governo sandinista em dezembro e outubro de 2020, respectivamente, como parte de um pacote de leis que têm sido amplamente condenadas como repressivas. Os detidos e detidas são acusadas de incitar interferências estrangeiras nos assuntos internos e de solicitar intervenções militares no país. A Lei 1055 condena os atos contra a soberania, o terrorismo e o apoio a sanções internacionais porque entre os sancionados pelo governo dos EUA estão muitos apoiadores sandinistas, incluindo funcionários públicos e membros da família Ortega Murillo.
Diferentes administrações dos EUA têm se caracterizado por uma política exterior de controle sobre a América Central e o Caribe, acompanhada por intervenções em diferentes territórios nesta região da América. Os Estados Unidos têm usado argumentos legais como a Doutrina Monroe, que no século XIX impediu que os países europeus interferissem nos assuntos internos das Américas, deixando o caminho livre para seu projeto expansionista e de controle. No caso específico da Nicarágua, os abusos vão desde a presença de Marines norte-americanos ocupando diferentes áreas da Nicarágua em 1912 causando a perda de soberania no território, até a própria retirada dos Marines para criar a Guarda Nacional com o governo ditatorial da Família Somoza, que salvaguardou os interesses estadunidenses na Nicarágua. Há também a assinatura do Tratado Chamorro-Bryan em 1914, que estabeleceu o domínio dos Estados Unidos sobre áreas da Nicarágua para construir um canal interoceânico, o financiamento pela administração do ex-presidente Ronald Reagan da guerra dos contra em 1980, no âmbito da guerra fria entre os EUA e a União Soviética, bem como muitas outras ações na Nicarágua e no istmo para controlar a política interna de vários países.
A interferência dos EUA na Nicarágua e na América Central é um fato histórico. No entanto, esta história tem nuances. Existem também alianças internacionais entre povos oprimidos que denunciam os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado-nação. Há também movimentos de mulheres que denunciaram, em vários territórios do mundo e através de alianças, crimes e terrorismo de Estado, gerando uniões internacionais em defesa da vida e, da mesma forma, denunciando injustiças patriarcais, coloniais, racistas e homofóbicas que ocorrem em várias partes do planeta.
A soberania nacional, que adere à divisão colonial do território em Abya Yala, não deixa de estar relacionada com a visão patriarcal de resolver os assuntos internos «em casa», o lugar onde os ditames machistas indicam que é onde a «roupa suja» deve ser «lavada», sem a interferência de terceiros em assuntos «domésticos». Nós, mulheres, experimentamos na pele o silenciamento da violência que está confinada dentro de quatro paredes, onde algumas tem maquiado os golpes do patriarcado em seus rostos e corpos, ou na mente através da violência psicológica, para fingir um bem-estar fictício no qual a agressão é escondida. Sabemos muito bem o que resulta da denúncia do opressor, do feminicída, do estuprador cuja imagem construída sobre imaginários de luta é destruída quando a violência que ele perpetua em sua própria casa (ou país) se torna evidente. Aproveitamos esta oportunidade para lembrar que o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega Saavedra, tem uma acusação pendente de estupro por parte de sua enteada Zoilamerica Narvaez Murillo, filha de sua esposa e atual vice-presidenta da Nicarágua, Rosario Murillo. Até o momento, Ortega ainda não foi levado a julgamento. Sob a proteção de sua imunidade parlamentar na época, ele nunca compareceu a nenhum tribunal nicaraguense e este crime ainda não foi esclarecido.
As denúncias internacionais de violência repressiva e totalitária do governo da família Ortega-Murillo na Nicarágua estão em uma escala diferente e maior. Este governo procura silenciar os clamores e pedidos de justiça diante de sua repressão, e tratar dos assuntos internos «em casa», em um país cujas leis foram manipuladas em seu próprio benefício, onde o governo é ao mesmo tempo juiz e algoz da violência que ele mesmo perpetua contra a população.
Sem deixar de reconhecer o perigo da interferência de grandes potências, já que muitas estão interessadas em seu próprio benefício sem se preocupar com a vida e a opressão de outros povos como o da Nicarágua, também é importante nos perguntarmos onde é que denunciamos um Estado opressor que não tem leis para punir seus próprios crimes? Neste sentido, há uma excelente lição dos povos indígenas e comunidades tradicionais que, na ausência de leis para proteger seus territórios, vidas e direitos, usam a legislação internacional para condenar crimes do Estado e crimes contra a humanidade. É o caso da Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais que defende, em nível internacional, diferentes direitos desses povos, quando eles não têm o apoio de leis nacionais para sua proteção. Há povos como os da costa caribenha da Nicarágua, a Moskitia, que ganharam autonomia para seus territórios por meios legais, mas a lei não é cumprida na prática, pois o próprio Estado é freqüentemente o primeiro a violar os direitos fundamentais das populações étnicas e indígenas.
Os movimentos de mulheres e movimentos feministas têm se envolvido na denúncia da violência em territórios periféricos, indígenas e negros. Temos denunciado as injustiças e opressões, sem respeitar fronteiras ou legislações, que observamos na Nicarágua, na Colômbia, no Brasil, na Espanha e em muitos outros lugares do planeta. Estabelecemos alianças internacionalistas entre povos e comunidades que poderiam muito bem serem chamadas de interferência na política interna, por aqueles que ainda não conseguem ver a carga colonial das demarcações territoriais no continente. Apoiamos as lutas ancestrais e dissidentes em toda América, assim como reconhecemos que estamos inseridas em um território em disputa por grandes potências que vêm tentando se repartir o mundo há séculos. Denunciar internacionalmente a opressão da família Ortega Murillo não deveria ser sinônimo de exigir uma intervenção internacional no país, pois há muitas frentes envolvidas em exigir justiça para a Nicarágua.
Da mesma forma, deixamos claro que há populações que são ameaçadas, violadas e assassinadas sem sequer ter qualquer vínculo político na Nicarágua, como é o caso das populações negras e indígenas do país. Diajaira Lacayo Wislow, do povo Miskitu, não teve que participar de nenhum protesto, nem se posicionar como oponente do governo Ortega Murillo para levar um tiro no rosto enquanto tomava banho em um rio com pessoas de sua comunidade. Bastou que ela fosse uma mulher Miskitu e seu território ancestral fosse de interesse do Estado, do setor privado e do modelo extrativista para ser vítima de violência e sem provocar marchas massivas clamando por justiça. Bastou que Antonio López Rufus estivesse em sua comunidade, o Território Mayangna Sauni Arungka, para ser atacado e receber 5 impactos de balas. Leve Pedro Devis, que estava com Antonio no dia do ataque, também foi capturado, sequestrado e torturado em 4 de março de 2021 (1) (2). Como Diajaira, seu crime não provocou mobilizações nacionais e internacionais. A indignação diante da violência também tem uma cor de pele específica que denuncia ou silencia a violência. Às vezes basta ser pobre, ser mulher, ser trans, ser indígena, ser negro ou negra para receber violência gratuita, prisão ou morte.
É aqui que as mulheres, comunidades e territórios de várias partes de Abya Yala e do mundo estão presentes, nós nos envolvemos nos assuntos internos das «nações» inventadas pelo Ocidente. A violência contra nosso povo nos preocupa em diferentes territórios e nós nos envolvemos em denunciá-la e apoiá-la, por isso questionamos estes conceitos de soberania e interferência, já que na Nicarágua até mesmo estas alianças que são produzidas de baixo têm sido condenadas. Todas nós fazemos pronunciamentos internacionais juntas e não estamos envolvidos na geopolítica internacional do mundo colonizado e ocidental. Não temos nenhuma aliança com a CIA, nem participamos de reuniões com Biden ou Putin. Nos expressamos na mídia virtual, algumas dentro da precariedade do acesso à tecnologia. Falamos mesmo que eles cortem a internet ou a eletricidade em nossos bairros, e estamos lá, na dor, na luta e na irreverência das fronteiras internacionais porque a opressão racista, machista, homofóbica, classista e colonial é uma questão que nos diz respeito a todas.
Referências
(1) Tercer Ataque a los Mayangna y la política partidaria.
https://landportal.org/es/blog-post/2021/05/tercer-ataque-los-mayangna-y-la-pol%C3%ADtica-partidaria
(2) Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indigena por el Saneamiento.
https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento
Feminista y periodista nicaraguense.
