Ilustración: Pilar Emitxin
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Las semillas son la unidad básica para la producción de alimentos agrícolas, son sustento de la diversidad biológica y cultural del planeta. En sí mismas contienen un entramado de relaciones sociales y ecológicas relacionados con sus usos, conservación, reproducción, circulación e intercambio. Las semillas son parte intrínseca de modos de producción campesina, indígena y afrodescendiente en los cuales se recrean conocimientos producidos y transformados a lo largo de varias generaciones.
Sin embargo, de la mano de la creciente mercantilización de la naturaleza, las semillas tomaron un lugar central en la agenda política nacional e internacional de las últimas décadas. La necesidad de cambios en la regulación sobre las semillas está vinculada con la ampliación de derechos del sistema de propiedad intelectual como requisito del mercado global corporativo.
Las disposiciones UPOV en el centro del debate
Desde finales de los años 90 aumentó el número de países que adhirieron a las disposiciones de la Unión Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV ) luego de que la Organización Mundial del Comercio definiera en 1994 que todos los países miembros debían tener un marco normativo de derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales. La UPOV, como mecanismo diseñado para atender de manera particular la propiedad intelectual cuando se trata de invenciones de plantas, pone en el centro de la protección jurídica al sujeto de la producción industrial, definido como obtentor.
La actualización de 1991 (UPOV 91) fortaleció la protección de la industria semillera, al ampliar derechos a quienes se dedican a la creación de variedades vegetales a partir de nuevas tecnologías. En este escenario y con el avance de tratados de libre comercio que incluían bienes naturales, se produjeron adecuaciones a la institucionalidad nacional, modificaciones a las normas existentes y el impulso de nuevas regulaciones en varios países de la región.
Las normas UPOV 91 condicionan el uso y comercialización de semillas a la autorización por parte del obtentor, estipulando requisitos técnicos para la protección que dejan por fuera prácticas realizadas por comunidades étnicas y campesinas. La ampliación de derechos para los obtentores reduce los derechos colectivos para la protección de los bienes comunes y de los sujetos poseedores de conocimientos y prácticas que posibilitan la reproducción de la vida del planeta.
En el marco de Tratados Comerciales para el Libre Comercio (TLC) y el avance de biotecnologías para la agricultura, estos mecanismos de regulación de derechos de propiedad intelectual facilitan la explotación comercial de la biodiversidad y la expansión del agro negocio. La integración de las semillas al mercado global y su control corporativo trae costos ecológicos y culturales como la acelerada pérdida de especies vegetales, la disminución de la diversidad de alimentos, la modificación de ciclos bio-geoquímicos alrededor de los ecosistemas, entre muchos otros.
El avance de las normas UPOV en la región
El primer país de la región en suscribir la Upov 91 fue República Dominicana; posteriormente lo hicieron Costa Rica, Panamá y Perú. Los demás países formalmente han aprobado el acta UPOV 78; sin embargo, en respuesta a las exigencias de los Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, en distintas disposiciones se han incorporado de manera parcial los términos de la UPOV 91.Tal es el caso de países como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, México y Chile.
En Colombia rige la UPOV 78 desde 1995; sin embargo, las propuestas gubernamentales han dado pasos hacia una regulación orientada por criterios restrictivos de la UPOV 91. En el 2006 se incorporó al código penal el delito de “usurpación de derechos de obtentor vegetales”. Luego de distintos procesos sociales y la acción jurídica contra esta norma, en el año 2013 la Corte Constitucional declaró “condicionalmente exequible” el artículo, aclarando que existían términos que generaban ambigüedades y afectaban las prácticas agrícolas tradicionales (1). Un segundo hecho disparador del debate y acción social fue la aprobación de la resolución 970 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, norma que limitó la comercialización de semillas exclusivamente a las certificadas en concordancia con la UPOV 91.A partir de su vigencia se generaron decomisos de semillas por parte de la autoridad encargada del control (2). Sumado a ello, se produjo en el país la aprobación de la UPOV 91 a través de la ley 1518/2012 impulsada por el gobierno nacional. En este caso, durante el proceso de Control Constitucional (antecedido por la difusión, movilización y participación de organizaciones sociales), la Corte consideró que dicha ley vulneraba el derecho a la consulta previa a las comunidades étnicas, contemplado en la legislación colombiana (3).
En Argentina está vigente la normatividad del año 1973 (ley N° 20.247) y adhirió a la UPOV 78 con límite a la apropiación de semillas, más no con penalizaciones y restricciones a su uso y comercialización. Desde el año 2012 y con el fortalecimiento del modelo de agronegocio y de la inversión de Monsanto en el país, se han debatido varios anteproyectos de ley con considerandos restrictivos similares a los de la UPOV 91. Ante estas propuestas legislativas se generó presión de sectores y organizaciones sociales que pusieron sobre la mesa el debate público sobre los efectos negativos para los agricultores y para la soberanía alimentaria. Si bien los distintos anteproyectos de ley no llegaron a debate parlamentario, ante el lobby de los sectores privados el gobierno de Mauricio Macri tomó medidas administrativas a través de la resolución 207 del 2016 del Ministerio de Agroindustria por el cual faculta al Instituto Nacional de la Semilla (INASE) para realizar controles respecto a la producción y comercialización de las semillas. El debate por la nueva ley sigue siendo asunto pendiente.
En Chile también se suscribió el acta UPOV del 78 en 1994, y desde el año 2009 se han tramitado varios proyectos de ley para aprobar la UPOV 91 (4). El proyecto inicial presentado a discusión a Cámara de diputados implicaba la actualización del régimen de derechos de obtentores y la aprobación de los términos del acta de la UPOV 9, justificado en mejoras en materia de derecho de obtentores de variedades vegetales en el país, el fomento y acceso a nuevas variedades vegetales producidas en otros países. El proyecto fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados en el año 2010, y rechazado en segundo tramite constitucional por las implicaciones restrictivas de la UPOV 91, la ambigüedad frente a los transgénicos y las afectaciones para campesinos e indígenas. En marzo del 2014 el proyecto fue retirado por el gobierno, sin embargo también continúa en la agenda política del país.
Situaciones similares se pueden observar en Paraguay, Uruguay o México, documentadas ampliamente por distintas organizaciones sociales de cada país (5). Si bien cada país presenta contextos políticos y rurales particulares, las modificaciones en las leyes de semillas tienen elementos comunes que responden a las necesidades de sectores industriales y de la mercantilización de las semillas. Todas las propuestas se encaminan a fortalecer las restricciones para guardar semillas para futuras cosechas, plantean limitaciones en el intercambio de semillas regulando la inscripción en los registros de certificación de cada país, fortalecen la protección de los derechos de obtentor de las empresas productoras, la expansión de los derechos de obtentor como única forma de propiedad intelectual sobre las semillas y la incorporación de nuevas funciones policivas [policiales] a las entidades administrativas encargadas de la regulación de semillas.
Las normas de la UPOV se complementan o articulan con otros instrumentos jurídicos internacionales surgidos desde los años noventa frente a la propiedad intelectual. Estas disposiciones junto a los Tratados de Libre Comercio y las normas nacionales conforman un marco jurídico común que facilita las operaciones comerciales de las empresas y con ello la mercantilización de las semillas. Los cambios en las normas e instituciones nacionales generados en este proceso, impactan en el centro del sistema agroalimentario y en la reproducción general de la vida.
Las acciones colectivas
Múltiples organizaciones sociales nacionales e internacionales expresaron el rechazo al avance de las modificaciones normativas derivadas de la UPOV 91. Cuestionaron el monopolio del control de las semillas por parte de las corporaciones y el avance del enfoque individualista de los derechos de propiedad intelectual planteado en las propuestas gubernamentales.
Múltiples sectores sociales han mostrado las afectaciones de las leyes de semillas para la realización de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, la protección de la diversidad biológica así como el detrimento de las condiciones de vida rurales y de las prácticas agrícolas tradicionales. Las acciones políticas y jurídicas de las organizaciones sociales presionaron el debate alrededor de las propuestas gubernamentales y legislativas, en algunos casos hasta lograr la suspensión de las medidas.
En la movilización y acción colectiva ha sido central la “campaña por las semillas” propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003 (6). Se trata de una campaña de largo plazo ligada a la defensa de la tierra, los territorios, a las culturas campesinas e indígenas, a la noción de soberanía alimentaria y del derecho a la alimentación.
Esta y muchas otras propuestas de acción transnacional tiene correlato a lo largo de la región. En cada país y de manera permanente se desarrollan diversas estrategias y actividades en defensa de las semillas, el territorio y la vida. Son comunes acciones como: ferias de saberes, sabores y semillas; fiestas de las semillas y la diversidad; intercambios de experiencias y de semillas; creación de reservorios y custodios de semillas; marchas, plantones, acciones de ocupación y destrucción de campos de transgénicos en diversas partes del planeta. Muchas de estas acciones son coordinadas y realizadas por mujeres (7).
Se adelantan además estrategias de difusión por los medios de comunicación de las organizaciones sociales, procesos pedagógicos para la comprensión de los cambios normativos, denuncias públicas de las acciones de la industria semillera; movilización social y litigios jurídicos para la derogación/anulación de las normas.
Tanto desde el quehacer cotidiano alrededor de las semillas como desde las innumerables acciones políticas, las organizaciones y comunidades étnicas han mostrado la necesidad de rechazar cualquier norma de regulación de las semillas que incorpore los términos restrictivos de la UPOV 91 y fortalezca los derechos de sectores industriales. Al contrario, el avance de la regulación debe estar encaminado hacia la ampliación de los derechos colectivos, la protección de la soberanía alimentaria y sí hacia el control de las semillas industriales y transgénicas.
(1) Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm; y www.semillas.org.co
(2) Documental sobre el tema disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g. La Corte determinó que el término “similarmente confundible” planteado en el artículo penal, no podía aplicarse en materia de obtenciones vegetales, pues no es posible determinar los límites y características de semillas similarmente confundibles.
(3) En la Sentencia C-1051/2012, publicada en el año 2014 de la Corte Constitucional Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm
(4) Al contar con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde el año 2003, Chile tiene la presión de adoptar el sistema UPOV 91 para la protección de la propiedad intelectual.
(5) Al respecto puede consultarse http://www.grain.org/es/article/entries/5002-leyes-de-semillas-y-otros-pesares-los-pueblos-de-america-latina-las-cuestionan-e-impugnan y en http://www.redsemillaslibres.org/encuentros-y-eventos-de-semillas/
(7) Es un hito la acción de las mujeres de la Vía Campesina contra las semillas Terminator en marzo de 2006, al interior de la 8° Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica, realizada en Curitiba y la cual logró mantener la moratoria y detener la avanzada de dichas semillas.
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As leis de sementes na América Latina: direitos para o mercado corporativo
Por Edith Carolina Pineda Pinzón
Tradução: Karen Amaral
As sementes são a unidade básica para a produção de alimentos agrícolas, são o sustento da diversidade biológica e cultural do planeta. Contêm em si um entramado de relações sociais e ecológicas relacionado com seus usos, conservação, reprodução, circulação e troca. As sementes são parte intrínseca dos modelos de produção camponeses, indígenas e afrodescendentes nos quais se recriam conhecimentos produzidos e transformados ao longo de várias gerações.
Porém, junto à crescente mercantilização da natureza, as sementes ocuparam um espaço central na agenda política nacional e internacional das últimas décadas. A necessidade de mudanças na regulação das sementes está vinculada com a ampliação dos direitos do sistema de propriedade intelectual como requisito do mercado corporativo global.
As normas UPOV no centro do debate
Desde o final dos anos 90, o número de países que aderiram às regras da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) aumentou depois que a Organização Mundial do Comércio definiu em 1994 que todos os países membros deveriam ter um marco regulatório de direitos de propriedade intelectual para as variedades de plantas. A UPOV, como mecanismo criado para tratar especificamente da propriedade intelectual quando se trata de invenções de plantas, coloca o sujeito da produção industrial, definido como obtentor, no centro da proteção jurídica ,
A atualização de 1991 (UPOV 91) fortaleceu a proteção da indústria de sementes ao ampliar os direitos daqueles que se dedicam à criação de variedades de plantas a partir de novas tecnologias. Neste cenário e com o avanço de tratados de livre comércio que incluíam bens naturais, foram feitas adequações à institucionalidade nacional, modificações às normas existentes e a promoção de novas regulações em vários países da região.
As normas UPOV 91 condicionam o uso e a comercialização de sementes à autorização por parte do obtentor, estipulando requisitos técnicos para a proteção, que deixam de fora práticas realizadas por comunidades étnicas e camponesas. A ampliação de direitos para os obtentores reduz os direitos coletivos para a proteção dos bens comuns e dos sujeitos possuidores de conhecimentos e práticas que possibilitam a reprodução da vida no planeta.
Durante o marco de Tratados Comerciais para o Livre Comércio (TLC) e o avanço de biotecnologias para a agricultura, estes mecanismos de regulação de direitos de propriedade intelectual facilitam a exploração comercial da biodiversidade e a expansão do agronegócio. A integração das sementes ao mercado global e seu controle corporativo acarreta custos ecológicos e culturais, como a acelerada perda de espécies de plantas, a diminuição da diversidade de alimentos, a modificação de ciclos biogeoquímicos dentro dos ecossistemas, e muito mais.
O avanço das normas UPOV na região
O primeiro país da região a aderir a UPOV 91 foi a República Dominicana; seguido da Costa Rica, Panamá e Perú. Os outros países aprovaram formalmente a ata UPOV 78; no entanto, em resposta às exigências dos Acordos de Livre Comércio com os Estados Unidos e a Europa, foram incorporados, parcialmente, a distintas normas os termos da UPOV 91. Como no caso de países como Colômbia, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, México e Chile.
Na Colômbia a UPOV 78 está em vigor desde 1995; porém, as propostas governamentais caminham em direção a uma regulação orientada por critérios restritivos da UPOV 91. Em 2006 foi incorporado ao código penal o delito de “usurpação de direitos de obtentor de plantas”. Após distintos processos sociais e de uma ação jurídica contra esta norma, em 2013 a Corte Constitucional declarou o artigo como “condicionalmente executável”, esclarecendo que existiam termos que geravam ambiguidades e afetavam as práticas agrícolas tradicionais (1). Um segundo acontecimento desencadeante do debate e da ação social, foi a aprovação da Resolução 970 do Instituto Agropecuário da Colômbia ICA, norma que limitou a comercialização de sementes exclusivamente às certificadas de acordo com a UPOV 91. A partir de sua vigência, ocorreram apreensões de sementes por parte da autoridade responsável pelo controle (2). Além disso, o país aprovou a UPOV 91 por meio da Lei 1518/2012, promovida pelo governo nacional. Neste caso, durante o processo de Controle Constitucional (precedido de divulgação, mobilização e participação de organizações sociais), a Corte considerou que a referida lei violava o direito de consulta prévia às comunidades étnicas, previsto na legislação colombiana (3).
Na Argentina está em vigor a regulamentação de 1973 (lei N° 20.247) e o país aderiu à UPOV 78 com limites à apropriação de sementes, mas sem penalidades e restrições ao seu uso e comercialização. Desde 2012, com o fortalecimento do modelo do agronegócio e do investimento da Monsanto no país, foram debatidos diversos projetos de lei, com considerações restritivas similares às da UPOV 91. Diante dessas propostas legislativas, os setores e organizações sociais fomentaram o debate público sobre os efeitos negativos para os agricultores e para a soberania alimentar. Embora os diversos projetos de lei não tenham chegado a debate parlamentar, perante o lobby da iniciativa privada, o governo de Mauricio Macri tomou medidas administrativas por meio da resolução 207 de 2016 do Ministério da Agroindústria pela qual atribui poderes ao Instituto Nacional de Sementes (INASE) para realizar controles relativos à produção e comercialização de sementes. O debate sobre a nova lei ainda está pendente.
No Chile, a ata UPOV de 78 também foi assinada em 1994 e, desde 2009, diversos projetos de lei foram tramitados para aprovar a UPOV 91 (4). O projeto de lei inicial apresentado para discussão na Câmara dos Deputados envolvia a atualização do sistema de direitos dos obtentores e a aprovação dos termos da ata UPOV 91, justificada por melhorias em matéria de direitos dos obtentores de plantas no país, a promoção e o acesso a novas variedades de plantas produzidas em outros países. O projeto foi aprovado em primeira instância pela Câmara dos Deputados em 2010 e rejeitado em segunda instância constitucional devido às implicações restritivas da UPOV 91, a ambiguidade perante os transgênicos e os efeitos para os camponeses e indígenas. Em março de 2014 o projeto foi removido pelo governo, porém também continua presente na agenda pública do país.
Situações parecidas e documentadas amplamente por diferentes organizações (5) podem ser observadas no Paraguai, Uruguai e no México. Embora cada país apresente contextos políticos e rurais particulares, as modificações nas leis de sementes têm elementos em comum que respondem às necessidades dos setores industriais e da mercantilização das sementes. Todas as propostas encaminham-se para fortalecer as restrições de armazenamento de sementes para futuras colheitas, propõem limitações aos intercâmbios de sementes, regulando a inscrição nos registros de certificação de cada país, fortalecem a proteção dos direitos de obtentor das empresas produtoras, a expansão dos direitos de obtentor como única forma de propriedade intelectual sobre as sementes e a incorporação de novas funções de policiamento às entidades administrativas encarregadas da regulação de sementes.
As normas da UPOV são complementadas ou articuladas com outros instrumentos jurídicos internacionais surgidos na década de 90 sobre a propriedade intelectual. Estas regras, junto aos Tratados de Livre Comércio e as normas nacionais confirmam um marco jurídico comum que facilita as operações comerciais das empresas e com isso a mercantilização das sementes. As mudanças nas normas e instituições nacionais geradas neste processo impactam o centro do sistema agroalimentar e a reprodução geral da vida.
As ações coletivas
Diversas organizações sociais nacionais e internacionais expressaram seu repúdio ao avanço das modificações normativas derivadas da UPOV 91. Questionando o monopólio do controle das sementes por parte das corporações e o avanço do enfoque individualista dos direitos de propriedade intelectual abordados nas propostas governamentais.
Vários setores sociais mostraram os efeitos das leis de sementes para a aplicação da soberania alimentar, o direito à alimentação, a proteção da biodiversidade, bem como o prejuízo às condições da vida rural e das práticas agrícolas tradicionais. As ações políticas e jurídicas das organizações sociais fomentaram o debate sobre as propostas governamentais e legislativas, em alguns casos conseguindo até a suspensão de ditas medidas.
Na mobilização e ação coletiva a “campanha pelas sementes” tem sido a proposta central da La Via Campesina desde 2003 (6). Trata-se de uma campanha de longo prazo ligada à defesa da terra, dos territórios, das culturas camponesas e indígenas, a noção de soberania alimentar e o direito à alimentação.
Esta e muitas outras propostas de ação transnacional têm correlato ao longo da região. Em cada país e, permanentemente, são desenvolvidas estratégias e atividades em defesa das sementes, dos territórios e da vida. São comuns ações como: feiras de saberes, sabores e sementes; festas de sementes e diversidade; trocas de experiências e de sementes; criação de reservatórios e bancos de sementes; manifestações, plantação de mudas, ações de ocupação e destruição de campos de transgênicos em diversas partes do planeta. Muitas destas ações são coordenadas e realizadas por mulheres (7).
Além disso, são gestionadas estratégias de divulgação pelos meios de comunicação das organizações sociais, processos pedagógicos para a compreensão das mudanças normativas, denúncias públicas das ações da indústria das sementes; mobilizações sociais e disputas legais pela revogação/anulação de normas.
Tanto através do trabalho diário em torno das sementes quanto das inúmeras ações políticas, as organizações e comunidades étnicas têm mostrado a necessidade de rejeitar qualquer regulamentação de sementes que incorpore os termos restritivos da UPOV 91 e fortaleça os direitos dos setores industriais. Ao contrário, o avanço da regulação deve ser direcionado à ampliação dos direitos coletivos, à proteção da soberania alimentar e ao controle das sementes industriais e transgênicas.
(1) Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm; e www.semillas.org.co
(2) Documentário sobre o assunto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g. A Corte determinou que o termo «similarmente confundível» levantado no artigo penal não poderia ser aplicado em matéria de obtenção de variedades vegetais, uma vez que não é possível determinar os limites e características de sementes igualmente confundíveis.
(3) Na Sentença C-1051/2012, publicada em 2014 pela Corte Constitucional Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm
(4) Por ter um Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos desde 2003, o Chile está sob pressão para adotar o sistema UPOV 91 de proteção à propriedade intelectual.
(5) Pode ser consultado no link: http://www.grain.org/es/article/entries/5002-leyes-de-semillas-y-otros-pesares-los-pueblos-de-america-latina-las-cuestionan-e-impugnan e http://www.redsemillaslibres.org/encuentros-y-eventos-de-semillas/
(7) A ação das mulheres da Via Campesina contra as sementes Terminator em março de 2006, dentro da 8ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica, realizada em Curitiba, é um marco, que conseguiu manter a moratória e frear o avanço das referidas sementes.
Edith Carolina Pineda Pinzón. Colombiana migrante, vive en Argentina. Socióloga y abogada.
