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El genocidio a los pueblos indígenas es histórico; es una de las formas de exterminio más brutales cometidas en la historia del mundo. A pesar de tanta violencia, estos pueblos, que hoy representan el 6% de la población mundial, precisamente por los exterminios del pasado y del presente de los que han sido víctimas, protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Si en el pasado su conocimiento ancestral fue disminuido al ser catalogado de primitivo y mítico por la ciencia colonizada, que no conseguía entender la importancia de los saberes tradicionales, hoy en día es justamente la ciencia occidental la que dirige la mirada hacia el conocimiento indígena y argumenta, con investigaciones sólidas, que los bosques administrados por los pueblos originarios almacenan 34,000 millones de toneladas métricas de carbono y juegan un papel clave en la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático (FAO-FILAC, 2021). Las comunidades tradicionales han cargado con la enorme responsabilidad de preservar especies animales y vegetales para mantener el equilibrio del planeta; sin embargo, siguen siendo víctimas de muchísimas formas de violencia y pagando con sus vidas la defensa ancestral y espiritual de la tierra (CEPAL, 2020).
Hoy nos pronunciamos en defensa de los Pueblos Indígenas de Nicaragua. Llamamos a la solidaridad internacional particularmente con los Pueblos Mískitu y Mayangna que habitan en la Costa Caribe Norte de este país. La Reserva de la Biósfera de Bosawás, lugar ancestral de estos pueblos, es un territorio protegido y conservado por distintas comunidades Mískitu y Mayangna. Desde hace décadas estas comunidades han sido atacadas por grupos armados de no-indígenas que invaden sus territorios en forma violenta, por empresas madereras y mineras que extraen indiscriminadamente los recursos naturales del bosque, por el Estado-nación que constantemente amenaza sus gobiernos comunales y territoriales a través de la imposición de formas autoritarias y colonizadas de organizar el poder (gobiernos paralelos), y por funcionarios públicos nicaragüenses involucrados en la venta ilegal de tierras indígenas (The Oakland Institute, 2020).
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política que afecta los derechos humanos de líderes y representantes de la sociedad civil y la libertad de expresión de toda la ciudadanía; sin embargo, los ataques a las poblaciones indígenas y étnicas del país son una situación constante. En el mes de junio del año en curso, mientras se encarcelaban a precandidatos presidenciales y una precandidata, así como a otras personas de un sector específico de la oposición al gobierno Ortega-Murillo, en la comunidad de Santa Fe, territorio Li Aubra, fue asesinado el joven Miskitu Bonifacio Dixon Francis. Cuando se internaba en el bosque con una persona de su comunidad, Dixon fue interceptado por colonos armados que le arrebataron la vida a balazos. Su acompañante consiguió huir, aunque fue alcanzado por las balas que le provocaron la pérdida de su mano izquierda. La violencia a mujeres indígenas es también constante y se perpetúa en formas escabrosas de violencia sexual y secuestros.
El 26 de junio del año en curso, en el territorio Miskitu Wangky Twy Tasba Raya, la situación de violencia se agravó aún más; los ataques a la población no solamente fueron en forma de agresiones físicas sino también de crear situaciones que conducen al hambre. En este momento los habitantes de estas comunidades indígenas están amenazados y amenazadas por grupos de colonos armados que les impiden salir a cazar, recoger sus cosechas, o buscar agua y alimento para sus familias. Recientemente, acosada por el hambre, una persona del territorio arriesgó su vida para aproximarse a las plantaciones en busca de alimentos y fue recibida con balas por estos grupos armados. La emergencia en Tasba Raya es tal que la búsqueda del propio alimento cosechado en su tierra y fruto del trabajo comunitario se ha convertido en un riesgo para la vida, y todo esto sucede mientras el planeta todavía lucha contra la pandemia del COVID-19. Para el pueblo Mískitu la pandemia no es tan letal como las balas y el mal gobierno que por muchos años ha permitido y dejado en la impunidad los crímenes contra pueblos indígenas para tener el camino libre en su proyecto extractivista y su necro política. Recordamos también, que solo el año pasado el Caribe Norte fue impactado por dos huracanes que destruyeron la infraestructura de muchas comunidades que todavía no se recuperan del impacto de estos fenómenos naturales; sin embargo, los colonos y las industrias extractivistas no descansan en su ejercicio de muerte contra los pueblos originarios del país.
Desde el año 2015, han sido asesinadas más de 40 personas indígenas en Nicaragua, con docenas de personas secuestradas, heridas y desaparecidas. Como muestra: el 29 de enero del 2020, la comunidad de Alal, del Territorio Mayangna Sauni As fue atacada por 80 hombres armados. En el ataque murieron 4 personas, 2 resultaron heridas y 16 casas fueron incendiadas (The Oakland Institute, 2020). El genocidio indígena es permanente en Nicaragua, mientras distintos pueblos originarios arriesgan constantemente sus vidas para la protección de sus bosques y territorios sagrados. Las amenazas y ataques también se extienden a otros pueblos que habitan la zona del pacifico, centro y norte de Nicaragua en donde la explotación minera y actividades extractivistas, donde se ha establecido el bosque seco, aumentan la frontera agrícola, la deforestación, la ocupación de tierras comunales, la invasión de áreas costeras y la venta ilegal de tierras indígenas.
La Fundación Prilaka denuncia, este mes de junio de 2021, que las invasiones a los territorios indígenas en el Caribe Norte siguen su curso, desforestando el bosque para cultivar palma africana, establecer áreas de pasto para el ganado y expandir la explotación minera. Para obtener la aprobación de estas actividades en territorios indígenas, de acuerdo a las autoridades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN), se imponen mandos territoriales afines al FSLN (gobiernos paralelos), en la Comunidad Mayangna Sauni As. Destacamos que una característica de los gobiernos comunales de estas regiones de Nicaragua es la toma de decisión en grupo; no existen líderes que impongan decisiones sobre la comunidad sino que la asamblea comunal es la máxima autoridad para disponer sobre los territorios.
En el Caribe Sur de Nicaragua, donde se localizan los territorios de los pueblos indígenas Rama, Miskitu, Ulwas, Garífunas, Kriols y Creole, la situación no es distinta. La lucha contra la invasión de tierras por parte de colonos se mantiene; sin embargo, en la actualidad los territorios Rama y Kriol de esta región de Nicaragua están amenazados por el proyecto de Gran Canal Interoceánico. La amenaza permanece a través de la aún vigente Ley 840 y la Ley 800 mediante las cuales se creó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico y se otorgó una concesión, todavía vigente, que abortó el proceso de titulación de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields e impuso el arriendo perpetuo de 276 km en el territorio Rama y Kriol para construir un canal en el sur de Nicaragua. A pesar de las protestas presentadas a la CIDH porque no se realizó un procedimiento de consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectadas, el gobierno de Nicaragua mantiene estas resoluciones en función de sus propios intereses e ignora el clamor de las poblaciones del Caribe Norte y Sur de sanear las tierras étnicas e indígenas, es decir, de detener las invasiones y retirar a las poblaciones no indígenas que destruyen los últimos bosques y reservas naturales del país.
Los Pueblos Mískitu y Mayangna dirigieron una carta a la OEA en el mes de junio de 2021 en demanda de solidaridad internacional ante el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. Ante este pedido, nos sumamos a diversos colectivos e instituciones para exigir justicia y respeto a la vida y cultura de los pueblos originarios de Nicaragua. Observamos una centralización de los registros de las represiones gubernamentales en la actualidad principalmente en Managua, la ciudad capital, dejando en un silenciamiento atroz los crímenes que diariamente se cometen a las poblaciones étnicas e indígenas de la Costa Caribe. El hambre y la violencia física, sexual, simbólica y espiritual contra estos pueblos sigue y cobra vidas sin generar la respuesta necesaria en los medios de comunicación locales y nacional, pero nosotros no podemos quedarnos en silencio.
Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua, a las autoridades Regionales y demás autoridades competentes nacionales e internacionales a proteger estos territorios y a condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos a su gente. Hasta el día de hoy los crímenes contra los pueblos indígenas no han sido condenados; exigimos que sean reconocidos como tales, para encontrar a los culpables, detener la masacre y garantizar justicia.
Referencias
FAO y FILAC. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques – Una oportunidad para la acción climática en Latina América y el Caribe. FAO: Santiago, Chile, 2021. http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
CEPAL. «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial», julio del 2020,
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf
The Oakland Institute. Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indígena por el Saneamiento. The Oakland Institute, 2020.
https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento
Firman:
Revista Amazonas
O Istmo – Articulación Centroamericanista
Prilaka Foundation
Coordenadoria do Instituto Asia-UFPE
Coletivo Sycorax
Escola Feminista Abya yala
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE/UFPE)
MABI – Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis
Pikara Magazine
Centro de Defesa Ferreira de Sousa
CALPI – Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste
Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia
CEJUDHCAN – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua
APIAN – Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua
Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones feministas de Ecuador
ALAMES – Ecuador
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DECLARAÇÃO INTERNACIONAL EM APOIO AOS POVOS ÉTNICOS E INDÍGENAS DA NICARÁGUA
O genocídio dos povos indígenas é histórico; é uma das formas mais brutais de extermínio cometido na história do mundo. Apesar de tanta violência, estes povos, que hoje representam 6% da população mundial, justamente por causa dos extermínios passados e presentes dos quais foram vítimas, protegem 80% da biodiversidade do planeta. Se no passado seus conhecimentos ancestrais foram diminuídos ao serem catalogados como primitivos e míticos pela ciência colonizada, que não conseguiu entender a importância do conhecimento tradicional, hoje é precisamente a ciência ocidental que olha para o conhecimento indígena e argumenta, através de pesquisas concretas, que as florestas manejadas pelos povos indígenas armazenam 34 bilhões de toneladas métricas de carbono e desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade e na mitigação da mudança climática (FAO-FILAC, 2021). As comunidades tradicionais carregaram a enorme responsabilidade de preservar as espécies animais e vegetais para manter o equilíbrio do planeta; entretanto, elas continuam sendo vítimas de muitas formas de violência e pagam com suas vidas pela defesa ancestral e espiritual da terra (CEPAL, 2020).
Hoje nos pronunciamos em defesa dos Povos Indígenas da Nicarágua. Exigimos solidariedade internacional, particularmente com os Povos Miskitu e Mayangna que vivem na costa norte do Caribe deste país. A Reserva da Biosfera de Bosawás, o lugar ancestral destes povos, é um território protegido e conservado por diferentes comunidades Miskitu e Mayangna. Durante décadas essas comunidades têm sido atacadas por grupos armados de não-indígenas que invadem violentamente seus territórios, por empresas madeireiras e mineradoras que extraem indiscriminadamente os recursos naturais da floresta, pelo Estado-nação que constantemente ameaça seus governos comunitários e territoriais através da imposição de formas autoritárias e colonizadas de organização do poder (governos paralelos), e por funcionários públicos nicaraguenses envolvidos na venda ilegal de terras indígenas (The Oakland Institute, 2020).
A Nicarágua atravessa uma profunda crise política que afeta os direitos humanos de líderes e representantes da sociedade civil e a liberdade de expressão de todos os cidadãos e cidadãs; no entanto, os ataques às populações indígenas e étnicas do país são uma situação constante. Em junho deste ano, enquanto pré-candidatos presidenciais e uma pré-candidata, assim como outras pessoas de um setor específico da oposição ao governo Ortega-Murillo, estavam sendo presos e presas, na comunidade de Santa Fé, território Li Aubra, o jovem Miskitu Bonifacio Dixon Francis foi assassinado. Quando ele estava entrando na floresta com um membro de sua comunidade, Dixon foi interceptado por colonos armados que o mataram a tiros. Seu acompanhante conseguiu fugir, embora tenha sido atingido por balas que o fizeram perder sua mão esquerda. A violência contra as mulheres indígenas também é constante e é perpetuada em formas de violência sexual e sequestros.
Em 26 de junho deste ano, no território do Miskitu Wangky Twy Tasba Raya, a situação de violência se agravou ainda mais; os ataques à população não foram apenas sob a forma de agressões físicas, mas também de criação de situações que levam à fome. No momento, os habitantes dessas comunidades indígenas são ameaçados e ameaçadas por grupos de colonos armados que os impedem de sair para caçar, colher suas colheitas ou buscar água e alimentos para suas famílias. Recentemente, assediada pela fome, uma pessoa do território arriscou sua vida para se aproximar das plantações em busca de alimentos e foi surpreendida com balas por esses grupos armados. A emergência em Tasba Raya é tal que a busca dos alimentos colhidos em suas próprias terras e dos frutos do trabalho comunitário se tornou um risco à vida, e tudo isso está acontecendo enquanto o planeta ainda luta com a pandemia da COVID-19. Para o povo Miskitu a pandemia não é tão letal quanto as balas e o mau governo que por muitos anos permitiu e deixou impunes os crimes contra os povos indígenas para ter um caminho livre em seu projeto extrativista e sua necropolítica. Lembramos também que somente no ano passado o norte do Caribe foi impactado por dois furacões que destruíram a infra-estrutura de muitas comunidades que ainda não se recuperaram do impacto desses fenômenos naturais; no entanto, os colonos e as indústrias extrativistas não descansam em seu exercício de morte contra os povos originários do país.
Desde 2015, mais de 40 pessoas indígenas foram mortas na Nicarágua, com dezenas de pessoas sequestradas, feridas e desaparecidas. Como exemplo: em 29 de janeiro de 2020, a comunidade de Alal, no Território Mayangna Sauni As, foi atacada por 80 homens armados. No ataque, 4 pessoas foram mortas, 2 ficaram feridas e 16 casas foram incendiadas (The Oakland Institute, 2020). O genocídio indígena está em curso na Nicarágua, enquanto diferentes povos indígenas estão constantemente arriscando suas vidas para proteger suas florestas e territórios sagrados. As ameaças e ataques também se estendem a outros povos que vivem nas áreas do pacífico, centro e norte da Nicarágua, onde as atividades de mineração e extração, local onde a floresta seca foi estabelecida, aumentam a fronteira agrícola, o desmatamento, a ocupação de terras comunitárias, a invasão de áreas costeiras e a venda ilegal de terras indígenas.
Neste mês de junho de 2021, a Fundação Prilaka denunciou que as invasões de territórios indígenas no Caribe Norte estão em curso, desmatando a floresta para cultivar palma africana, estabelecer áreas de pastagem para gado e expandir a exploração mineira. A fim de obter aprovação para estas atividades em territórios indígenas, de acordo com as autoridades da Região Autônoma da Costa Norte do Caribe da Nicarágua (RACCN), foram impostos comandos territoriais vinculados à FSLN (governos paralelos) à comunidade Mayangna Sauni As. Enfatizamos que uma característica dos governos comunitários nestas regiões da Nicarágua é a tomada de decisões em grupo; não há líderes que impõem decisões à comunidade, mas a assembléia comunitária é a autoridade máxima para tomar decisões sobre os territórios.
No Caribe Sul da Nicarágua, onde estão localizados os territórios dos povos indígenas Rama, Miskitu, Ulwas, Garífunas, Kriols e Creoles, a situação não é diferente. A luta contra a invasão de terras pelos colonos continua; entretanto, os territórios Rama y Kriol desta região da Nicarágua estão atualmente ameaçados pelo projeto do Grande Canal Interoceânico. A ameaça permanece através da ainda válida Lei 840 e Lei 800, que criou a Grande Autoridade Interoceânica do Canal e concedeu uma concessão, ainda em vigor, que interrompeu o processo de titulação da Comunidade Negra Creole Indígena de Bluefields e impôs o arrendamento perpétuo de 276 km no território Rama e Kriol para a construção de um canal no sul da Nicarágua. Apesar dos protestos apresentados à CIDH porque não houve procedimento de consentimento livre, prévio e informado das comunidades afetadas, o governo nicaraguense mantém estas resoluções de acordo com seus próprios interesses e ignora o clamor das populações do Caribe Norte e Sul para realizar o saneamento das terras étnicas e indígenas, ou seja, para deter as invasões e remover as populações não indígenas que destroem as últimas florestas e reservas naturais do país.
Os Povos Miskitu e Mayangna dirigiram uma carta à OEA em junho de 2021 para exigir solidariedade internacional diante do recrudescimento da violência em seus territórios. Em resposta a este pedido, nos unimos a vários coletivos e instituições para exigir justiça e respeito pela vida e cultura dos povos indígenas da Nicarágua. Observamos uma centralização dos registros de repressão governamental no momento, principalmente em Manágua, a capital, deixando em um silêncio atroz os crimes que são cometidos diariamente para as populações étnicas e indígenas da costa caribenha. A fome e a violência física, sexual, simbólica e espiritual contra esses povos continuam e reclamam vidas sem gerar a resposta necessária na mídia local e nacional, mas não podemos permanecer em silêncio.
Exortamos o Estado da Nicarágua, as autoridades regionais e outras autoridades nacionais e internacionais competentes a proteger esses territórios e a condenar os crimes contra a humanidade cometidos contra seu povo. Até hoje os crimes contra os povos indígenas não foram condenados; exigimos que eles sejam reconhecidos como tal, a fim de encontrar os culpados, deter o massacre e garantir a justiça.
Referências
FAO y FILAC. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques – Una oportunidad para la acción climática en Latina América y el Caribe. FAO: Santiago, Chile, 2021. http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
CEPAL. «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial», julio del 2020,
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf
The Oakland Institute. Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indígena por el Saneamiento. The Oakland Institute, 2020.
https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento
Assinam:
Revista Amazonas
O Istmo – Articulación Centroamericanista
Prilaka Foundation
Coordenadoria do Instituto Asia-UFPE
Coletivo Sycorax
Escola Feminista Abya yala
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE/UFPE)
MABI – Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis
Pikara Magazine
Centro de Defesa Ferreira de Sousa
CALPI – Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste
Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia
CEJUDHCAN – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua
APIAN – Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua
Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones feministas de Ecuador
ALAMES – Ecuador
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INTERNATIONAL STATEMENT IN SUPPORT OF THE ETHNIC AND INDIGENOUS PEOPLES OF NICARAGUA
The genocide of indigenous peoples is historic; it is one of the most brutal forms of extermination committed in the history of the world. Despite so much violence, these peoples, who today represent 6% of the world’s population, precisely because of the past and present exterminations of which they have been victims, protect 80% of the planet’s biodiversity. If in the past their ancestral knowledge was diminished by being catalogued as primitive and mythical by colonized science, which failed to understand the importance of traditional knowledge, today it is precisely Western science that looks to indigenous knowledge and argues, with solid research, that forests managed by indigenous peoples store 34,000 million metric tons of carbon and play a key role in the conservation of biodiversity and the mitigation of climate change (FAO-FILAC, 2021). Traditional communities have carried the enormous responsibility of preserving animal and plant species to maintain the balance of the planet; however, they continue to be victims of many forms of violence and pay with their lives for their ancestral and spiritual defense of the land (CEPAL, 2020).
Today we speak out in defense of the Indigenous Peoples of Nicaragua. We call for international solidarity, particularly with the Miskitu and Mayangna Peoples that inhabit the Northern Caribbean Coast of this country. The Bosawás Biosphere Reserve, the ancestral place of these peoples, is a protected territory conserved by different Miskitu and Mayangna communities. For decades these communities have been attacked by non-indigenous armed groups that violently invade their territories, by logging and mining companies that indiscriminately extract natural resources from the forest, by the nation-state that constantly threatens their communal and territorial governments through the imposition of authoritarian and colonized forms of organizing power (parallel governments), and by Nicaraguan public officials involved in the illegal sale of indigenous lands (The Oakland Institute, 2020).
Nicaragua is going through a deep political crisis that affects the human rights of leaders and representatives of civil society and the freedom of expression of all citizens; however, attacks on the country’s indigenous and ethnic populations are a constant situation. In June of this year, while imprisoning presidential pre-candidates, as well as other people from a specific sector of the opposition to the Ortega-Murillo government, in the community of Santa Fe, Li Aubra territory, a young miskitu man, Bonifacio Dixon Francis, was assassinated. When he was going into the forest with a member of his community, Dixon was intercepted by armed settlers who shot him dead. His companion managed to flee, although he was hit by bullets that caused the loss of his left hand. Violence against indigenous women is also constant and is perpetuated in lurid forms of sexual violence and kidnappings.
On June 26 of this year, in the Miskitu Wangky Twy Tasba Raya territory, the situation of violence worsened even more; the attacks on the population were not only in the form of physical aggressions but also of creating situations that lead to hunger. At the moment the inhabitants of these indigenous communities are threatened by groups of armed settlers who prevent them from going out to hunt, gather their crops, or look for water and food for their families. Recently, driven by hunger, a person from the territory risked his life to approach the plantations in search of food and was met with bullets by these armed groups. The emergency in Tasba Raya is such that the search for the food harvested on their own land resulting from community work has become a risk to life, and all this is happening while the planet is still struggling with the COVID-19 pandemic. For the Miskitu people the pandemic is not as lethal as the bullets and the bad government that for many years has allowed and left in impunity the crimes against indigenous peoples to have a clear path in its extractivist project and its necro politics. We also remember that only last year the Northern Caribbean was impacted by two hurricanes that destroyed the infrastructure of many communities that still have not recovered from the impact of these natural phenomena; however, the settlers and extractive industries do not rest in their exercise of death against the indigenous peoples of the country.
Since 2015, more than 40 indigenous people have been killed in Nicaragua, with dozens of people kidnapped, injured and missing. As a sample: on January 29, 2020, the community of Alal, Mayangna Sauni As Territory was attacked by 80 armed men. In the attack 4 people were killed, 2 were injured and 16 houses were burned (The Oakland Institute, 2020). Indigenous genocide is ongoing in Nicaragua, while different indigenous peoples constantly risk their lives to protect their forests and sacred territories. Threats and attacks also extend to other peoples living in the pacific, central and northern areas of Nicaragua where mining and extractive activities, where the dry forest has been established, increase the agricultural frontier, deforestation, occupation of communal lands, invasion of coastal areas and the illegal sale of indigenous lands.
The Prilaka Foundation denounces, this June of 2021, that invasions of indigenous territories in the Northern Caribbean continue, deforesting the forest to cultivate African palm, establish pasture areas for cattle and expand mining exploitation. In order to obtain approval for these activities in indigenous territories, according to the authorities of the Autonomous Region of the North Caribbean Coast of Nicaragua (RACCN), territorial commands related to the FSLN (parallel governments) are imposed in the Mayangna Sauni As Community. We emphasize that a characteristic of the communal governments in these regions of Nicaragua is the group decision making; there are no leaders who impose decisions on the community instead the communal assembly is the maximum authority to dispose over the territories.
In the South Caribbean of Nicaragua, where the territories of the Rama, Miskitu, Ulwas, Garífunas, Kriols and Creole peoples are located, the situation is no different. The struggle against land invasion by settlers continues; however, the Rama and Kriol territories of this region of Nicaragua are currently threatened by the Grand Interoceanic Canal project. The threat remains through the still valid Law 840 and Law 800, which created the Interoceanic Grand Canal Authority and granted a concession, still in force, that aborted the titling process of the Black Creole Indigenous Community of Bluefields and imposed the perpetual lease of 276 km in the Rama and Kriol territory to build a canal in southern Nicaragua. Despite the protests presented to the IACHR because there was no free, prior and informed consent procedure for the affected communities, the Nicaraguan government maintains these resolutions for its own interests and ignores the clamor of the populations of the North and South Caribbean to clean up the ethnic and indigenous lands, that is, to stop the invasions and remove the non-indigenous populations that destroy the last forests and natural reserves of the country.
The Miskitu and Mayangna Peoples addressed a letter to the OAS in June 2021 to demand international solidarity in the face of the upsurge of violence in their territories. In response to this request, we joined various groups and institutions to demand justice and respect for the life and culture of the native peoples of Nicaragua. We observe a centralization of the records of government repression at present mainly in Managua, the capital city, leaving in an appalling silence the crimes that are committed daily to the ethnic and indigenous populations of the Caribbean Coast. Hunger and physical, sexual, symbolic and spiritual violence against these peoples continues and claims lives without generating the necessary response in the local and national media, but we cannot remain silent.
We call on the State of Nicaragua, the Regional authorities and other competent national and international authorities to protect these territories and to condemn the crimes against humanity committed against their people. To this day the crimes against the indigenous peoples have not been condemned; we demand that they be recognized as such, in order to find the perpetrators, stop the massacre and guarantee justice.
References
FAO y FILAC. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques – Una oportunidad para la acción climática en Latina América y el Caribe. FAO: Santiago, Chile, 2021. http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
CEPAL. «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial», julio del 2020,
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf
The Oakland Institute. Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indígena por el Saneamiento. The Oakland Institute, 2020.
https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento
Sign:
Revista Amazonas
O Istmo – Articulación Centroamericanista
Prilaka Foundation
Coordenadoria do Instituto Asia-UFPE
Coletivo Sycorax
Escola Feminista Abya yala
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE/UFPE)
MABI – Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis
Pikara Magazine
Centro de Defesa Ferreira de Sousa
CALPI – Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste
Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia
CEJUDHCAN – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua
APIAN – Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua
Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones feministas de Ecuador
ALAMES – Ecuador
