Ir ao artigo em português

Traducción al español: María José López Zárate.

El pasado 9 de febrero, el Frente de Liberación de Usuarios de Drogas (DULF, por sus siglas en inglés), la Red de Usuarios de Drogas del Área de Vancouver (VANDU) y la Asociación de Personas en Mantenimiento con Opioides de British Columbia (BCAPOM) organizaron un evento para repartir drogas en Downtown Eastside, un barrio central de Vancouver, Canadá. Llegué una hora antes de que empezara y encontré un par de personas durmiendo en un sillón y otras más ocupadas, anotando nombres y acomodando sillas. Un mostrador que divide la habitación en dos estaba listo para recibir a usuarios de drogas en busca de insumos para reducción de daños y apoyo de consejeros pares.

Los usuarios habituales llegaron y se quedaron afuera, fumando en la banqueta y conversando. Poco a poco, los medios empezaron a aparecer: periodistas independientes con cámaras compactas, grandes corporaciones con grabadoras aparatosas y tripiés, todos con cubrebocas. A la 1:30 de la tarde, empezó el registro: aquellos que ya acceden a sustitución de opioides pusieron su nombre en la lista para recibir dosis medidas y analizadas de heroína, metanfetamina y cocaína. Las inscripciones no tardaron mucho: había tanto interés que los organizadores tuvieron que cerrar la puerta con llave por unos momentos.

Sólo horas antes de la distribución de drogas, el Servicio Forense de British Columbia había anunciado que, en esa provincia, 2.224 personas habían muerto por sobredosis de opioides en 2021. Ese número ha aumentado más de 400 por ciento en los últimos siete años, al tiempo que las drogas ilícitas han sido envenenadas cada vez más con los mortíferos fentanilo, carfentanil y ahora etizolam (benzodiacepinas).

Uno por uno, activistas usuarios de drogas dieron discursos escalofriantes sobre los riesgos que toman y los peligros que enfrentan al tratar de permanecer vivos. Hablaron sobre los tantos que habían muerto: sus amigos, sus familiares, sus compañeros de organización. Denunciaron la falta de acción de los gobiernos provinciales y federal. Y esbozaron su modelo para lograr un cambio: una exención bajo la Sección 56 del Acta de Sustancias y Drogas Controladas del Ministerio de Salud de Canadá que les permitiría establecer un club de compasión, a través del cual usuarios de drogas podrían convertirse en miembros y acceder a sustancias probadas y seguras.

Cuando acabaron los discursos, nos pusimos de pie y guardamos un minuto de silencio. Tan pronto como acabó el último segundo, los medios se abalanzaron sobre una mesita al fondo de la habitación, listos para capturar la repartición. Fue un extraño anticlímax: pocas cosas son más aburridas que ver personas recibir sus recetas. De cierta forma, pensé, ése es el punto: el acceso a un suministro regulado de narcóticos no debería ser un evento mediático, sino una parte común y corriente de la vida cotidiana.

Después de que se entregaron las drogas –dos cajas con 0,10 gramos cada una para 15 personas–, hablé con Nikki, quien había recibido una dosis de metanfetamina y otra de cocaína. “Estoy en una silla de ruedas porque me inyecté y me quedé inconsciente en mi cuarto por 72 horas y, por esas 72 horas, las ratas me mordieron las piernas”, dijo. “Y eso fue sólo por inyectarme. Así que no sabía qué contenía la inyección”. Ella dijo que, por su seguridad, ahora usa drogas en lugares públicos; pero lo que realmente la haría más segura sería el acceso a un suministro probado.

Más tarde, hablé con Al Fowler, quien ha vivido en el Downtown Eastside de Vancouver por décadas. Le pregunté cómo sería diferente su vida si pudiera acceder a un suministro seguro (‘safe supply’). “Bueno, no estaría yendo a [la calle] Main and Hastings para conseguir drogas, ¿sabes?”, dijo. “Me he muerto dos veces. De pie, con mis botas puestas […]. Estaba parado en la esquina, muerto”. Tras décadas de uso de drogas, ambas de sus sobredosis sucedieron en el último año.

El llamado por un suministro seguro, proveniente de activistas usuarios de drogas en Canadá, es una intervención osada que podría tener consecuencias profundas: primero, deteniendo sobredosis fatales, pero también acabando con los daños de la prohibición militarizada en el Sur.

He pasado los últimos 10 años reportando los efectos de la guerra contra las drogas en México. Desde 2006, más de 350.000 personas han sido asesinadas en México y el mismo número ha sido desplazado por el conflicto. Más de 100.000 personas han sido desaparecidas y sus familiares lideran búsquedas ante la inacción gubernamental. Estos daños son causados en gran medida debido a la estrategia de militarización a través del Ejército, la Guardia Nacional y docenas de fuerzas policiales estatales, bajo el pretexto de controlar la producción y transporte de narcóticos desde México hacia Estados Unidos y Canadá.

Yo quería encajar estas dos partes: el activismo de usuarios de drogas en Vancouver, donde crecí, y el trabajo que se está haciendo para acabar con la prohibición en México, donde vivo, y aún más al sur.

En el Sur, la reducción de daños significa desmilitarizar

“Gran parte de la reducción de riesgos y daños se han concentrado en la parte del consumo de las sustancias”, dice Amaya Ordorika. “Desde ReverdeSer, trabajamos con una perspectiva que llamamos reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global”.

Estoy hablando con Ordorika por teléfono –ella está en la Ciudad de México, donde trabaja como coordinadora de incidencia política en ReverdeSer, una organización dirigida por jóvenes dedicada a promover la regulación de narcóticos. Ordorika y sus colegas educan, realizan pruebas de drogas, proporcionan apoyo material para familiares de víctimas de violencia relacionada con la guerra contra las drogas y presionan por la regulación de narcóticos en México.

Ella me cuenta cómo, en el Sur, la prohibición de drogas criminaliza a los usuarios y principalmente se enfoca en usar fuerzas estatales para controlar la producción y el transporte de narcóticos hacia el Norte. En México, la lucha contra la guerra antidrogas incluye organizarse contra la criminalización de comunidades rurales dedicadas a cultivar opio y marihuana, organizarse contra la intensificación del control de las fronteras y las restricciones a la libertad de movimiento y resistirse a las acciones militares, policiales y paramilitares que son impulsoras claves de violencia y violaciones.

A grandes rasgos, la visión de ReverdeSer de reducir daños en el Sur significa no solo asegurar que las personas puedan consumir sustancias de una manera segura, sino también mitigar los riesgos a la población en general, así como a las personas involucradas en economías ilícitas de múltiples maneras. Sembradores de amapola en México, por ejemplo, enfrentan extorsiones, torturas, detenciones y varios otros abusos a manos de fuerzas de seguridad estatales y grupos paramilitares.

“Aquí tendría que regularse el mercado de la amapola, tendría que dar protección a los campesinos”, dice Ordorika. Es una creencia común que, si los agricultores de opio pudieran vender sus cosechas de manera legal, el poder de las organizaciones criminales y las fuerzas armadas disminuiría, reduciendo la violencia. El sistema hospitalario mexicano ha tenido un constante desabastecimiento de morfina y otros tratamientos analgésicos derivados del opio, los cuales podrían ser cubiertos a través de una producción regulada. En 2018, legisladores de Guerrero, el estado que produce la mayor cantidad de opio en México, presentaron una iniciativa de ley que proponía legalizar el opio para uso médico. Se detuvo en el Senado mexicano.

Me comunico con Ernesto Cortés, de la Red Latinoamericana de Personas que usan Drogas (LANPUD), hasta su casa en San José, Costa Rica. Él hace eco de la visión de Ordorika para reducir daños en el Sur. El hermano de Cortés está cumpliendo tres años y medio de una sentencia de 8 años en la cárcel, acusado de vender marihuana.

“No solo tiene que ser la lógica de reducir los daños producidos por el uso de sustancias, sino buscar  reducir los daños que produce la prohibición y el mercado ilícito de sustancias”, dice Cortés. Él dice que los usuarios de drogas en Costa Rica son estigmatizados por todas las instituciones públicas, pero especialmente por la policía. “Nuestra lucha tiene que ver con los polos del mercado ilícito, que son los más vulnerables: las personas usuarias y los campesinos y las campesinas productores”.

Más al Sur, en Brasil, los usuarios de drogas enfrentan estigmas extremos y violencia policial de manera similar. “En áreas donde hay uso abierto de drogas, la policía no respeta a nadie, ni a trabajadores sociales ni a usuarios de drogas”, dice María Angélica Comis, quien coordina el centro social É de Lei en el centro de São Paulo. “Es un ambiente muy hostil, en el que personas negras, personas empobrecidas y personas trans son fuertemente discriminadas, estigmatizadas y consideradas como traficantes”.

Después de que colgamos, Comis me envía un video grabado en el centro de São Paulo el día después de la repartición de drogas de DULF en Vancouver. En él, tres fuerzas policiales diferentes llevaron a cabo una redada callejera en la que forzaron a cientos de personas, muchas de ellas usuarias de drogas, a sentarse una junto a otra en el pavimento durante horas. Las personas se sentaron con sus bolsas de plástico, sus pertenencias, incluso había un hombre con un carrito de supermercado. Cada que intentaban levantarse o moverse, la policía disparaba balas de goma. Doce personas fueron arrestadas.

Según Comis, las leyes brasileñas sobre drogas no tienen criterios objetivos en torno a la posesión, y depende de la policía decidir quién es un traficante y quién es un consumidor. “Si tengo 100 gramos de marihuana, pero soy blanca, soy considerada una consumidora”, dice Comis. “¿Pero una persona negra en las afueras de la ciudad con dos porros? Es considerada traficante”.

Barreras para reducir riesgos en usuarios de drogas

“El safe supply es el futuro”, dice Jaime Arredondo Sánchez Lira, quien trabaja en reducción de daños en el estado mexicano de Baja California, utilizando el nombre inglés por suministro seguro. “Después de 50 años de prohibición, estamos en el mismo lugar, pero con las consecuencias fatales de salud pública que supone un incremento brutal en la violencia en México, con miles de muertos y desaparecidos, y un aumento brutal de muertes por sobredosis en América del Norte”, dice a través de una llamada de voz por Whatsapp desde Tijuana.

La frontera norte de México con Estados Unidos es uno de un puñado de lugares en América Latina donde hay una alta incidencia de uso de drogas inyectadas, en tanto las drogas se mueven hacia el norte. Arredondo ha sido instrumental para la apertura de La Sala –el único sitio de consumo seguro en Latinoamérica– en Mexicali, una ciudad que colinda con la frontera. Desafortunadamente, el apoyo gubernamental para la reducción de daños en México se ha desplomado, aun cuando varios pregonan las credenciales izquierdistas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy en día vivimos una de las peores épocas para personas que utilizan sustancias, al menos desde la experiencia que vivo yo en la frontera”, dice Arredondo, quien también es catedrático en Investigación de Uso de Sustancias y Políticas de Salud en la Universidad de Victoria, Canadá. La Sala, a la cual Arredondo llama un “lugar no autorizado”, opera en terreno arriesgado y podría ser clausurada por las autoridades en cualquier momento.

La Sala es uno de solo cuatro sitios de consumo seguro exclusivos para mujeres en el mundo. En 2019, perdió los 54.000 dólares en financiamiento anual que recibía del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA para comprar insumos de reducción de daños, después de que el gobierno mexicano redujera drásticamente el presupuesto federal para organizaciones no gubernamentales. Una campaña de GoFundMe ha sido creada desde entonces para mantener abierta La Sala.

En México, así como en Argentina, Brasil y en otros países, la naloxona, que puede ser usada para revertir sobredosis de opioides, no está disponible a través de programas gubernamentales. Estar en la frontera significa que hay algo de acceso a la naloxona en Mexicali, donde Arredondo dice que La Sala a veces recibe donaciones de activistas de reducción de daños y simpatizantes en Estados Unidos y Canadá que les permite distribuir la droga salvavidas a miembros de la comunidad.

La prohibición significa que no hay datos duros y concisos sobre qué sustancias ilícitas son las más usadas en la región. Según Harm Reduction International, la mayoría de usuarios de drogas ilegales en Latinoamérica y el Caribe consumen marihuana, seguidos por un número mucho menor de personas que inhalan o fuman cocaína, pasta de cocaína, o crack. Fuera de algunas partes de México, Colombia y Puerto Rico, hay poca o nula información sobre el uso de drogas inyectables, que es considerado inusual.

A principios de febrero, 24 personas murieron en Buenos Aires, Argentina, tras haber inhalado cocaína adulterada, lo que puso a las sobredosis de drogas en las primeras páginas de los periódicos en un país donde el uso de narcóticos se mantiene en las sombras. Les tomó a las autoridades casi una semana confirmar que en realidad fue carfentanil lo que ocasionó las sobredosis, según Mariano Fusero, abogado y presidente de RESET, una organización que presiona para cambiar la política de drogas en Argentina. La cocaína tóxica fue vendida en un barrio empobrecido de la capital argentina.

“Es excepcional que mueran tantas personas en tan poco tiempo”, dice Fusero en una videollamada. “No circulan tanto estas sustancias [fentanilo]”.

Fuera de Mexicali, no hay sitios de consumo seguro operando actualmente en Latinoamérica. Comis dice que a su equipo le gustaría abrir un sitio de consumo seguro en São Paulo, pero temen ser encarcelados y no pueden importar los kits de prueba que necesitan para poder analizar lo que las personas inhalan y determinar su seguridad. “También sabemos que un espacio así estaría bajo una fuerte vigilancia policial”, agrega, lo que podría ser riesgoso para usuarios y activistas. Mientras tanto, trabajadores del centro social É de Lei distribuyen protectores bucales para pipas, toallitas húmedas con alcohol y otra parafernalia para reducir el riesgo.

Pero una de las preocupaciones más importantes para los activistas anti-pobreza y de reducción de daños en São Paulo es asegurarse que un estimado de 40.000 a 60.000 personas que viven en las calles de la ciudad tengan acceso al agua. “Estamos haciendo lo necesario para asegurar la supervivencia de la gente, como luchar para asegurar que tengan agua para tomar”, dice Comis. 

No hay un censo formal de personas que usan drogas en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, pero Comis estima que hay 1.500 personas que consumen en exteriores, en las calles, en tres de los barrios centrales de la ciudad. “La diferencia entre las poblaciones callejeras en Canadá o Europa [y] las de Brasil es que aquí no hay acceso al agua; mucho menos acceso a un suministro seguro”.

Un horizonte de suministro seguro

“Lo que DULF está haciendo, ostensiblemente, es quitar los jodidos bloques de Jenga que sostienen la guerra contra las drogas, por lo que nadie quiere hablar con nosotros o siquiera actuar como si existiéramos”, dice Eris Nyx, del Frente de Liberación de Usuarios de Drogas. Mientras hablamos, una grúa levanta un baño portátil hacia el techo de un edificio residencial parcialmente construido, una señal de la gentrificación que transforma el Downtown Eastside de Vancouver. Nyx dice que el enfoque de reducción de daños de la Ciudad de Vancouver otorga algo de protección a los activistas usuarios de drogas;  es uno de los componentes clave de la “estrategia de drogas de cuatro pilares” de la ciudad. “Si nos arrestan, los llevaremos a tribunales”, continúa Nyx. “Si no nos arrestan, simplemente seguiremos haciéndolo y trataremos de escalarlo lo más grande que podamos”.

Nyx me cuenta que empleados de la ciudad involucrados en actividades de reducción de daños elogian el trabajo de DULF en privado, pero evitan apoyar públicamente actividades como la repartición de drogas, aun cuando esas acciones salvan vidas. Un reporte del 9 de marzo realizado por el Servicio Forense de British Columbia, que llama a la provincia a “crear infraestructura provincial para una distribución de insumos más segura”, podría representar un paso en la dirección correcta.

La consejera municipal de Vancouver Jean Swanson, una defensora del suministro seguro de drogas, participó en un evento el 14 de julio de 2021, donde distribuyó heroína, cocaína y metanfetamina segura y probada a usuarios de drogas en el Downtown Eastside de Vancouver. Foto por Jackie Dives.

Le pregunto a Nyx si sabe de otros lugares en los que también se organicen reparticiones de drogas. “Somos los únicos que lo hacemos. En todo el mundo”, responde. “Aunque creo que Vancouver es el único lugar en el que podrías hacerlo”.

Cortés, de Costa Rica, está de acuerdo. Le pregunto qué pasaría si él organizara una repartición de drogas en San José y responde con una palabra: cárcel. Dice que los miembros de LANPUD en algunos países, especialmente en Centroamérica, son totalmente anónimos, incapaces de admitir que usan sustancias ilícitas por miedo a represalias estatales. A la fecha, pocos países en Latinoamérica y el Caribe han legalizado la cannabis para personas sin receta médica.

Aun así, Cortés dice que tiene la mira puesta en la regulación de todos los narcóticos por gobiernos a lo largo del hemisferio, de manera similar a cómo otros productos de consumo son regulados hoy. “Nosotros por lo que abogamos es por una regulación, una regulación legal de todas las sustancias. Es algo que está en el horizonte, pero creo que voy a morir sin verlo”.

Durante nuestra conversación, le pregunté a Fusero, el abogado activista en Buenos Aires, cómo percibe el llamado por un suministro seguro. “Nosotros no hablamos tanto de eso, me gustó, o sea, la denominación de suministro seguro”, dice. “Hablamos más de la regulación del mercado, etcétera, para lograr esa finalidad”.

El suministro seguro también parece distante en México: no hay acceso gratuito a tratamientos seguros o sustitutos (como metadona) para usuarios de opioides que quieren dejar de jugarse la vida con un suministro de drogas envenenado. Pero eso no significa que Arredondo y otros activistas vayan a dejar de soñar.

“Si tú ves al centro de la ciudad de Tijuana, por ejemplo, hay áreas que se parecen al Downtown Eastside, justo así. Hay personas usando en la calle y vendiendo drogas”, dice. Arredondo está convencido de que hay oportunidades para activistas en Vancouver y Latinoamérica para aprender unos de otros. De hecho, ya ha habido juntas entre reduccionistas de British Columbia y Baja California.

“Así como hace tres o cuatro años estábamos hablando de las salas de consumo seguro”, dice Arredondo, “hoy podemos empezar a hablar del ‘safe supply’ y poner el tema sobre la mesa”.

* Publicada originalmente por Briarpatch Magazine el 4 de mayo, 2022.

https://briarpatchmagazine.com/articles/view/safe-supply-is-the-future

.

“O suprimento seguro é o futuro”

Texto de Dawn Marie Paley

Traduzido do inglês por María José López Zárate

Traduzido por Larissa Bontempi

No último 9 de fevereiro, a Frente pela Liberação de Usuários de Drogas (DULF, nas siglas em inglês), a Rede de Usuários de Drogas da Área de Vancouver (VANDU) e a Associação de Pessoas em Manutenção com Opióides de British Columbia (BCAPOM) organizaram um evento para distribuir drogas em Downtown Eastside, um bairro central de Vancouver, Canadá. Cheguei uma hora antes de o evento começar e encontrei algumas pessoas dormindo num sofá e outras mais ocupadas, anotando nomes e organizando cadeiras. U balcão que dividia o ambiente em dois estava pronto para receber usuários de drogas em busca de insumos para redução de danos e apoio de conselheiros.

Os usuários habituais chegaram e ficaram do lado de fora fumando na banqueta e conversando. Aos poucos, os meios começaram a aparecer, jornalistas independentes com câmeras compactas, grandes corporações com gravadores ostentosos e tripés, todos com máscara. À 1:30 da tarde, começou o registro: aqueles que já acessam a instituição de Opióides colocaram seus nomes na lista para receber doses medidas e analisadas de heroína, metanfetamina e cocaína. As inscrições não demoraram muito: havia tanta procura que os organizadores tiveram que trancar a porta com chave por alguns instantes.

Só horas antes da distribuição de drogas, o Serviço Forense de British Columbia havia anunciado que, nessa província, 2.224 pessoas morreram por overdose de Opióides em 20221. Esse número aumentou mais de 400% nos últimos sete anos, enquanto as drogas ilícitas foram cada vez mais envenenadas com os mortíferos fentanil, carfentanil e agora etizolam (benzodiazepina).

Um a um, ativistas usuários de drogas fizeram discursos arrepiantes sobre os riscos que correm e os perigos que enfrentam ao tentar permanecer vivos. Falaram sobre os vários que morreram: seus amigos, familiares e companheiros de organização. Denunciaram a falta de ação dos governos provinciais e federal. E esboçaram seu modelo para a mudança: uma isenção sob a Seção 56 da Ata de Substancias e Drogas Controladas do Ministério da Saúde do Canadá que permitiria a eles estabelecer um clube de compaixão, através do qual os usuários de drogas poderiam se associar e acessar às substancias testadas e seguras.

Quando terminaram os discursos, ficamos de pé e fizemos um minuto de silencio. Assim que acabou o último segundo, os meios se lançaram sobre uma mesinha ao fundo da sala, prontos para capturar a repartição. Foi um anticlímax estranho: poucas coisas são mais tediosas do que ver pessoas receberam suas receitas. Pensei, de certa forma, que esse é o ponto: o acesso a um suprimento regulado de narcóticos não deveria ser um evento midiático, mas uma parte comum da vida cotidiana.

Depois que as drogas foram entregues — duas caixas com 0,10g cada uma para quinze pessoas —, conversei com Nikki, que havia recebido uma dose de metanfetamina e outra de cocaína. “Estou em uma cadeira de rodas porque me injetei e fiquei inconsciente no meu quarto por 72 horas e, durante esse tempo, os ratos morderam as minhas pernas”, disse. “Isso aconteceu só porque injetei. Eu não sabia o que a injeção continha”. Ela disse que, para sua segurança, agora usa drogas em lugares públicos, mas o que realmente faria ela se sentir mais segura seria o acesso a um suprimento testado. 

Mais tarde, falei com Al Fowler, que viveu no Downtown Eastside de Vancouver por décadas. Perguntei como a sua vida seria diferente se tivesse acesso a um suprimento seguro (‘safe supply’). Bom, não estaria saindo na [rua] Main e Hastings para conseguir droga, sabe?”, respondeu. “Morri duas vezes. De pé, calçando minhas botas […]. Estava em pé na esquina, morto”. Após décadas de uso de drogas, ambas as overdoses aconteceram no último ano. 

Um chamado por um suprimento seguro, proveniente de ativistas usuários de drogas do Canadá, é uma intervenção ousada que poderia ter consequências profundas: primeiro, não só acabando com as overdoses fatais, mas também com os danos da proibição militarizada no Sul.

Passei os últimos dez anos relatando os efeitos da guerra contra as drogas no México. Desde 2006, mais de 350 mil pessoas foram assassinadas no país e o mesmo número foi substituído pelo conflito. Mais de cem mil pessoas estão desaparecidas e seus familiares lideram buscas diante da inação governamental. Esses danos são causados em grande medida devido à estratégia de militarização através do Exército, da Guarda Nacional e dezenas de forças policiais estatais, sob o pretexto de controlar a produção e o transporte de narcóticos do México para os EUA e o Canadá.

Eu gostaria de encaixar essas duas partes: o ativismo dos usuários de drogas em Vancouver, onde cresci, e o trabalho que está sendo realizado para acabar com a proibição no México, onde moro, e ainda mais ao Sul.

No Sul, a redução de danos significa desmilitarizar

“Grande parte da redução de riscos e danos está concentrada no consumo das substâncias”, diz Amaya Ordorika. “Na ReverdeSer, trabalhamos sob uma perspectiva que chamamos de redução de riscos e danos de espectro completo a partir de e para o sul global”.

Estou falando de com Ordorika por telefone — ela está na Cidade do México, onde trabalha como coordenadora de incidência política na ReverdeSer, uma organização dirigida por jovens dedicada a promover a regulação de narcóticos. Ordorika e seus colegas educam, testam drogas, proporcionam apoio material para familiares de vítimas de violência relacionada com a guerra às drogas e pressionam pela regulação de narcóticos no México.

Ela me conta como, no Sul, a proibição das drogas criminaliza os usuários e se concentra principalmente em usar forças estatais para controlar a produção e o transporte de narcóticos para o Norte. No México, a luta contra a guerra antidrogas inclui a organização contra a criminalização de comunidades rurais dedicadas a cultivar ópio e canábis; a organização contra a intensificação do controle das fronteiras e das restrições à liberdade de deslocamento; e a resistência às ações militares, policiais e paramilitares que são condutores essenciais de violência e violações.

Em linhas gerais, a visão da ReverdeSer de reduzir danos no Sul significa não só garantir que as pessoas possam consumir substancias de maneira segura, mas também mitigar os riscos à população em geral, assim como às pessoas envolvidas de diversas maneiras em economias ilícitas. Cultivadores de papoula no México, por exemplo, enfrentam extorsões, torturas, detenções e vários outros abusos pelas mãos das forças de segurança estatais e grupos paramilitares.

“Aqui, o mercado de papoula deveria ser regularizado, e os camponeses deveriam receber proteção”, diz Ordorika. É uma crença comum que, se os agricultores de ópio pudessem vender suas colheitas de maneira legal, o poder das organizações criminosas e das forças armadas diminuiria, reduzindo a violência. O sistema hospitalar mexicano sofreu um desabastecimento constante de morfina e outros tratamentos analgésicos derivados do ópio, os quais poderiam ser cobertos através da produção regulada. Em 2018, os legisladores de Guerrero, o estado que produz a maior quantidade de ópio no México, apresentaram um projeto de lei que propunha legalizar o ópio para uso medicinal. Foi barrado no Senado mexicano.

Me comunico com Ernesto Cortés, da Rede Latino-americana de Pessoas que usam Drogas (LANPUD), até a sua casa em San José, Costa Rica. Ele compartilha da visão de Ordorika para reduzir danos no Sul. O irmão de Cortés está cumprindo três anos e meio de uma sentença de oito nãos na cadeia, acusado de vender maconha.

“Não só deve existir a lógica de reduzir os danos produzidos pelo uso de substancias, mas procurar reduzir aqueles produzidos pela proibição e pelo mercado ilícito de substancias”, diz Cortés. Ele diz que os usuários de drogas na Costa Rica são estigmatizados por todas as instituições públicas, mas especialmente pela polícia. “A nossa tem a ver com os polos do mercado ilícito, que são os mais vulneráveis: as pessoas que usam e os agricultores e agricultoras que produzem”.

Mais ao Sul, no Brasil, os usuários de drogas enfrentam estigmas extremos e violência policial de maneira semelhante. “Em áreas onde há uso aberto de drogas, a polícia não respeita ninguém, nem os assistentes sociais, nem os usuários de drogas”, conta Maria Angélica Comis, que coordena o centro social É de Lei no centro de São Paulo. “É um ambiente muito hostil, em que pessoas negras, pobres e trans são fortemente discriminadas, estigmatizadas e consideradas traficantes”.

Depois que desligamos, Comis me enviou um vídeo gravado no centro de São Paulo no dia seguinte ao de distribuição de drogas da DULF em Vancouver. Nele, três forças policiais diferentes realizaram uma batida em que forçavam centenas de pessoas, muitas delas usuárias de drogas, a sentar lado a lado no pavimento durante horas. As pessoas ficavam sentadas com suas sacolas plásticas, seus pertences. Inclusive, havia um homem com um carrinho de supermercado. A cada vez que tentavam levantar ou se mexer, a polícia disparava balas de borracha. Doze pessoas foram presas. 

De acordo com Comis, as leis brasileiras sobre drogas não têm critérios objetivos a respeito da posse, e cabe à polícia decidir quem é traficante e quem é consumidor. “Se tenho cem gramas de maconha, mas sou branca, sou considerada uma usuária”, diz ela. “Mas uma pessoa negra na periferia da cidade com dois baseados? É considerada traficante”.

Barreiras para reduzir os riscos em usuários de drogas

“O safe supply é o futuro”, diz Jaime Arredondo Sánchez Lira, que trabalha com redução de danos no estado mexicano de Baja California, utilizando o termo em inglês para suprimento seguro. Depois de cinquenta anos de proibição, estamos no mesmo lugar, mas com as consequências fatais de saúde pública que implicam em um aumento brutal na violência no México, com milhares de mortos e desaparecidos, além de um aumento brutal de mortes por overdose na América do Norte”, diz ele em Tijuana através de uma chamada de voz pelo WhatsApp.

A fronteira norte do México com os EUA é um entre tantos lugares na América Latina onde há uma alta incidência de uso de drogas injetáveis, visto que as drogas são movimentadas para o norte. Arredondo tem sido instrumental para a abertura de La Sala — o único lugar de consumo seguro na América Latina —, em Mexicali, uma cidade adjacente à fronteira. Infelizmente, o apoio governamental para a redução de danos no México entrou em declínio, mesmo quando vários promovem as credenciais esquerdistas do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoje em dia, vivemos uma das piores épocas para pessoas que utilizam substancias, ao menos desde que moro na fronteira”, diz Arredondo, que também é professor de Investigação de Uso de Substancias e Políticas de Saúde na Universidade de Victoria, Canadá. La Sala, a qual Arredondo chama de um “lugar não autorizado”, opera em terreno arriscado e poderia ser encerrada pelas autoridades a qualquer momento. 

La Sala é um dos únicos quatro locais de consumo seguro exclusivos para mulheres no mundo. Em 2019, perdeu os 54 mil dólares em financiamento anual que recebia do Centro Nacional para a Prevenção e Controle do HIV e da AIDS para comprar insumos de redução de danos, depois que o governo mexicano reduziu drasticamente o orçamento federal para organizações não governamentais. Desde então, foi criada uma campanha no GoFundMe para manter La Sala aberta.

No México, assim como na Argentina, no brasil e em outros países, a naloxona, que pode ser usada para reverter overdose de Opióides, não está disponível através de programas governamentais. Estar na fronteira significa que há algum acesso à naloxona em Mexicali, onde Arredondo diz que La Sala às vezes recebe doações de ativistas da redução de danos e simpatizantes nos EUA e no Canadá, o que lhes permite distribuir a droga salva-vidas a membros da comunidade. 

A proibição significa que não há dados concretos e concisos sobre quais substancias ilícitas são mais usadas na região. De acordo com a Harm Reduction International a maioria dos usuários de drogas ilegais na américa latina e no caribe consomem maconha, seguidos por um número muito menor de pessoas que inalam ou fumam cocaína, pasta de cocaína ou crack. Fora de algumas partes do México, da Colômbia e de Porto Rico, há pouca ou nenhuma informação sobre o uso de drogas injetáveis, o que considerado incomum.

No início de fevereiro, 24 pessoas morreram em Buenos Aires, Argentina, após ter inalado cocaína adulterada, o que estampou as overdoses de drogas nas capas dos jornais de um país onde o uso de narcóticos é mantido nas sombras. Levou quase uma semana para que as autoridades confirmassem que na verdade foi o carfentanil que provocou a overdose, de acordo com Mariano Fusero, advogado e presidente da RESET, uma organização que pressiona para mudar a política de drogas na Argentina. A cocaína toxica foi vendida em um bairro periférico da capital argentina.

“É excepcional que tantas pessoas morram em tão pouco tempo”, diz Fusero em uma vídeo-chamada. “Essas substancias [fentanil] não circulam tanto”.

Além de Mexicali, não há lugares de consumo seguro funcionando atualmente na América Latina. Comis diz que sua equipe gostaria de abrir um local de consumo seguro em São Paulo, mas temem ser encarcerados e não podem importar os kits de testes que precisariam para poder analisar o que as pessoas inalam e determinar sua segurança. “Também sabemos que um espaço assim estaria sob uma forte vigilância policial”, acrescenta, o que poderia ser arriscado para usuários e ativistas. Enquanto isso, trabalhadores do centro social É de Lei distribuem mascaras para cachimbos, toalhas umedecidas com álcool e outros instrumentos para reduzir o risco.

Mas uma das preocupações mais importantes para os ativistas antipobreza e de redução e danos em São Paulo é garantir que entre as 40 e 60 mil pessoas que vivem nas ruas da cidade tenham acesso a água. Estamos fazendo o que for necessário para garantir a sobrevivência das pessoas, como lutar para que tenham agua para tomar, diz Comis.

Não há um censo formal de pessoas que usam drogas em São Paulo, a maior cidade do Brasil, mas Comis estima que há 1.500 pessoas que consomem nas ruas de três dos bairros centrais da cidade. “A diferença entre as populações em situação de rua do Canada ou Europa para as do Brasil é que aqui não há acesso a água; muito menos acesso a um suprimento seguro”.

Um horizonte de abastecimento seguro

“O que a DULF está fazendo, ostensivamente, é tirar as bases que sustentam a guerra às drogas, já que ninguém quer dialogar com a gente nem agir como se existíssemos”, diz Eris Nyx, da Frente pela Liberação de Usuários de Drogas. Enquanto falamos, um guindaste iça um banheiro químico até o telhado de um edifício residencial parcialmente construído, um sinal da gentrificação que transforma o Downtown Eastside de Vancouver. Nyx diz que o foco da redução de danos da Cidade de Vancouver concede alguma proteção aos ativistas usuários de drogas; é um dos componentes chave da “estratégia de drogas de quatro pilares” da cidade. “Se nos prenderem, os levaremos aos tribunais”, continua Nyx. “Se não nos prendem, simplesmente continuaremos fazendo isso e tentaremos escalar o mais alto possível”.

Nyx me conta que funcionários da cidade envolvidos em atividades de redução de danos elogiam o trabalho da DULF no privado, mas evitam apoiar publicamente as atividades como distribuição de drogas, mesmo quando essas ações salvam vidas. Um relatório de 9 de março realizado pelo Serviço Forense de British Columbia, que chama a província a “criar infraestrutura provincial para uma distribuição de insumos mais segura”, poderia representar um passo na direção correta.

A vereadora de Vancouver Jean Swanson, uma defensora do suprimento seguro de drogas, participou de um evento em 14 de julho de 2021, onde distribuiu heroína, cocaína e metanfetamina segura e testada a usuários de drogas no Downtown Eastside de Vancouver. Foto por Jackie Dives.

Pergunto a Nyx se sabe de outros lugares onde também são organizadas distribuições de drogas. “Somos os únicos que fazemos em todo o mundo”, responde. “Ainda assim, acredito que Vancouver é o único lugar onde é possível fazer isso”.

Cortés, da Costa Rica, concorda. Pergunto a ele o que aconteceria se ele organizasse uma distribuição de drogas em San José e ele responde com uma palavra: cadeia. Diz que os membros da LANPUD em alguns países, especialmente na América Central, são totalmente anônimos, incapazes de admitir que usam substancias ilícitas por medo de represálias estatais. Hoje, poucos países da América Latina e do Caribe legalizaram a canábis para pessoas sem receita médica.

Ainda assim, Cortés diz que almeja a regulação de todos os narcóticos por governos de todo o hemisfério, de maneira semelhante à regulação atual de outros produtos. “Nós defendemos uma regulação, uma regulação legal de todas as substancias. É algo que está no horizonte, mas acredito que vou morrer sem ver isso acontecer”.

 Durante a nossa conversa, perguntei a Fusero, o advogado ativista de Buenos Aires, como ele vê o chamado a um suprimento seguro. “Nós não falamos tanto disso, eu gostei da denominação suprimento seguro”, diz. “Falamos mais da regulação do mercado etc., para chegar a esse fim.

O suprimento seguro também parece distante no México: não há acesso gratuito a tratamentos seguros ou substitutos (como metadona) para usuários de opióides que queiram deixar de arriscar a vida com um suprimento de drogas envenenadas. Mas isso não significa que Arredondo e outros ativistas vão deixar de sonhar.

“Se você for ao centro da cidade de Tijuana, por exemplo, há áreas que parecem ao Downtown Eastside, exatamente assim. Há pessoas usando e vendendo drogas na rua”, diz ele. Arredondo está convencido que há oportunidades para que ativistas em Vancouver e na América Latina aprendam uns com os outros. De fato, já houve reuniões entre reducionistas de British Columbia e Baja California.

“Assim como faz três ou quatro anos que conversávamos sobre as salas de consumo seguro”, diz Arredondo, “hoje podemos começar a falar do ‘safe supply’ e colocar o assunto na mesa”.

Publicado originalmente pela Briarpatch Magazine em 4 de maio de 2022.

https://briarpatchmagazine.com/articles/view/safe-supply-is-the-future