Crédito imagen: Andrea de Santis

 

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Quizás no resulte muy desacertado decir que hoy vivimos entre vencimientos: vencimientos de LEBACs¹ que hacen temblar la economía, mientras unos pocos -fondos- corren tras los billetes verdes o se suben a los BOTEs²  y muchos otros nos preguntamos de qué manera un nuevo y cuantioso pago de Letras repercutirá en el aumento del dólar para finalmente incidir en los precios de bienes y alimentos; vencimientos de servicios públicos, cuyos aumentos hacen temblar las economías domésticas arrinconadas por ingresos que no aumentan a la par de los precios de alimentos, alquiler, transporte, prepagas, escuelas, combustible, etcétera; vencimientos de tarjetas de crédito y créditos personales (de poco monto y altas tasas de interés), instrumentos a través de los cuales casi la mitad de la población adulta (el 48% según datos del Banco Central de la República Argentina) mantiene deudas con el sistema financiero.

Concebidos en sus distintas escalas y magnitudes, da la impresión de que los vencimientos -de servicios, letras, bonos-, han adquirido en nuestra vida cotidiana una relevancia mayúscula. Y no sólo en términos cuantitativos sino políticos.

Siguiendo la conceptualización de Joseph Gusfield, podríamos pensar que las polémicas y conflictos en torno a los montos -exacerbados- que han cobrado los servicios básicos han transformado la práctica del ‘pago’ en un problema público. Se han realizado denuncias, audiencias públicas, marchas de velas, ‘ruidazos’³ e incluso presentado cautelares en contra de lo que ha sido socialmente denominado como “tarifazo”. Hace ya varios años tuve la oportunidad de escuchar una frase que, por curiosa o poco común, quedó grabada en mi memoria: “Es lindo pagar la luz,” me dijo en su momento un señor de mediana edad, habitante de un asentamiento al que no llegó el tendido eléctrico. Cuando lo decía, remarcaba los beneficios de ser alguien para poder quejarse ante cualquier inconveniente con el servicio y a su vez tener con quien quejarse. Sus palabras enunciaban un deseo -el de pagar la luz- mientras denunciaban la falta del servicio y bastante más: una sensación de desamparo ante la ausencia de interlocutor (el Estado o la empresa proveedora). Un interlocutor que es dador de sentido, en la medida en que objetiva derechos y obligaciones ¿A qué nos referimos? Pagar -la luz- lo convertiría en “alguien”, refrendaría sus derechos y obligaciones -como ciudadano, consumidor, usuario-. En este aspecto, el acto de pagar implicaría un reconocimiento que no parece realizarse de ninguna otra manera, bajo ningún otro concepto. Entonces pagar no es sólo transferir dinero, sino, y ante todo, ser reconocido. Y es la falta de este reconocimiento lo que redunda en la sensación de desamparo. Porque pagar dignifica, estaba diciendo el señor. Por eso “es lindo pagar la luz”.

Ahora bien, creo que todos podríamos coincidir en que hoy pagar la luz, el gas, el agua, puede ser muchas cosas menos lindo. Y no sólo porque los costos escapan a criterio alguno de razonabilidad, sino también porque los aumentos se enmarcan en procesos escandalosos de transferencias de ingresos. Por citar un ejemplo, los incrementos inusitados del gas -recurso no renovable y vital para la producción de energía eléctrica-  nada tienen que vercon un ahorro de subsidios orientado a una política de redistribución de ingresos o a una política de inversión tendiente a un desarrollo sustentable. Más bien, se inscriben en una estrategia política de dolarización del mercado de hidrocarburos fogoneada -motivada- por negocios espurios de funcionarios y empresas que se encuentran a ambos lados del mostrador.

Entonces, pagar dignifica, sí. Pero el ‘tarifazo’ es justamente ‘tarifazo’ porque despierta otros sentimientos en la vida social. Vida social que, en palabras de Frédéric Lordon, no es más que otro nombre para referirnos a la vida pasional colectiva. Y si de pasiones hablamos, el ‘sinceramiento’ de las tarifas despierta indignación, enojo, bronca, incluso tristeza. Y esto, más allá del consenso social y político en torno a la necesidad manifiesta de actualizar los precios de los servicios básicos.

En tanto medida política, el “sinceramiento” de tarifas moviliza una transferencia de ingresos hacia las grandes empresas (Edenor, Edesur, Metrogas) y cristaliza una regla monetaria. Desde los trabajos de Michel Aglietta y André Orléan, sabemos que la moneda no sólo es medio de intercambio, medida de reserva y de valor, sino una institución. Y como tal, desde un punto de vista regulacionista, su potencia reside justamente en regular y estabilizar conflictos. Pero, debemos advertir, la moneda no es cualquier institución. Pablo Figueiro ha señalado que en ella se juega el orden social. A través del régimen monetario se valorizan relacional y desigualmente las actividades y los objetos. Y esto, como ha dicho Robert Boyer, es una construcción política.

La dimensión política del régimen monetario se actualiza al momento de pagar. La determinación de quiénes pagan y quiénes no, de qué se paga y qué no, de cuánto se paga y cuánto no, habla de definiciones y diferenciales que marcan los alcances y los límites de lo concebido como ‘derecho’ y como ‘mercado’. La ambivalencia de la moneda está siempre en disputa, dirimiéndose entre una lógica de sociabilidad pública  a través del déficit público–  y una lógica de sociabilidad privada  –a través de la circulación del capital–.

Es necesario, creemos, pensar los aumentos de servicios, los recortes de jubilaciones y pensiones, el ajuste del gasto público, las devaluaciones,  las transferencias de ingresos, en estos términos. En su dimensión política más que económica. La cuestión monetaria, sostienen Aglietta y Orléan, es plenamente una cuestión política.

Cuando el gobierno promueve el paquete de reformas (fiscal, tributaria, previsional, laboral, educativa) como un objetivo perentorio frente al desastre que heredó de la administración anterior, obtura la posibilidad de discernir los sentidos de las reformas en el marco más amplio de la coyuntura política y económica que atravesamos.

Una y otra vez el presidente asevera que los cambios “los tiene que hacer”. Sin embargo, tales cambios no son en función del camino hacia la tan mentada “pobreza cero”, sino porque urge redistribuir y recortar fondos para paliar el desajuste fiscal agudizado, en gran medida, por la baja en la percepción de impuestos y retenciones. Según cálculos elaborados por la Mesa de Economía del Movimiento Evita (MesE), la suma acumulada en la baja de retenciones a la soja en el año 2016 (de 35% a 30%) sumado a lo que se proyecta continuar bajando hasta 2020 (un 0.5% por mes desde enero 2018 hasta diciembre 2019), representa un total de 3mil millones de dólares por año que se dejan de cobrar al sector sojero. En el caso de las mineras, la cifra acumulada por la baja de retenciones alcanza los 3600 millones de dólares por año de baja de retenciones. En este cuadro de situación, los economistas de la MesE advierten que cada año que pasa no se le cobra impuesto a las ganancias a los intereses de los títulos públicos que, según la propia Secretaría de Hacienda de la Nación, son 38mil millones de pesos en el 2018. Es decir, entre estos tres rubros se acumulan 96mil millones de pesos por año en merma de percepción fiscal.

En el marco de estos acuerdos (que aúnan intereses de multinacionales extractivas y financieras con intereses políticos mezquinos) y del denominado “consenso fiscal” (firmado entre el gobierno nacional y los gobernadores para apalancar la sanción de la Reforma Previsional en la cámara de diputados), se llevó adelante el recorte de jubilaciones. Recorte que ha tenido lugar en un escenario marcado por el elevado y continuo aumento de los precios de remedios y alimentos, además del mencionado ‘tarifazo’. En el informe ya citado de la MesE, se refleja que desde el 2016 a esta parte la inflación aumentó en promedio un 55%, mientras que los remedios lo hicieron en un 120% y los alimentos, en un 80% promedio, aproximadamente. En este panorama, decir, como ha dicho el presidente, que “nuestros abuelos pueden estar tranquilos” es cuanto menos cínico.

Tal vez debamos entender las lecturas y acciones del gobierno bajo los signos explicitados por el propio presidente Macri: el camino de las políticas es el correcto porque así se lo han dicho Merkel, Xin Jinping y Shinzo Abe en la cumbre del G-20. ¿A quién se le ocurriría cuestionar la evaluación de primeros ministros de potencias mundiales? Deben saber mejor que las propias multitudes de argentinas y argentinos lo que es mejor para ellos y ellas. Es evidente que la legitimidad de las políticas del gobierno de Cambiemos no necesita del respaldo popular mientras cuente con la venia de mandatarios e intereses políticos y económicos que operan a nivel local e internacional.

La vuelta al Fondo Monetario Internacional no es la única manifestación en este sentido. Haber “sacado” la ley de reforma previsional en diciembre del año pasado ha sido lo opuesto a debatirla, a encontrar consenso social y político. Haber “sacado” la ley implicó blindar el congreso, reprimir, forzar el quórum, ignorar las demandas de amplios sectores de la sociedad, hacer acuerdos espurios con gobernadores habilitados por un régimen político que, como bien ha señalado Julio Burdman, se caracteriza por un federalismo más político que económico, volviendo a las provincias no tan autónomas del gobierno nacional. En esta línea, el reciente veto del Poder Ejecutivo al proyecto propuesto por la oposición y aprobado en el Congreso para frenar el “tarifazo” reafirma la negación del gobierno a debatir social y políticamente las formas en que se recaudan y gastan los recursos públicos: qué es lo que se grava, por qué, quiénes pagan, cuánto pagan y para qué pagan.

Las actuales políticas de endeudamiento monetario, fuga de capitales y ajuste fiscal transcurren a la luz de una de las mayores deudas que cargamos en términos sociales y políticos: la de un debate impositivo con miras a una reforma tributaria que incremente la progresividad de impuestos y profundice la incidencia del gasto público en la redistribución del ingreso.

La cuestión fiscal es relevante en la medida en que los derechos cuestan dinero. Stephen Holmes y Cass Sunstein sostienen que todos los derechos, tanto civiles como sociales, presentan una dimensión positiva, habida cuenta de que su ejercicio y protección demandan a la estructura estatal la creación e inversión de determinadas partidas presupuestarias. De ahí la importancia de la progresividad del esquema tributario y la recaudación de impuestos. En este punto es conveniente recordar, tal como lo han señalado Guillermo O’Donnell y José Nun, que el Estado no sólo es sedimento histórico del régimen democrático sino también del régimen social de acumulación. Nos referimos a que las decisiones políticas en torno a las prioridades y extensión del gasto público no escapan a las especificidades que presenta el régimen social de acumulación. Por ello, la definición de “impuestos”, “subsidios” y “exenciones”, así como la confección de presupuestos, son siempre cuestiones marcadas por disputas sociales y políticas que expresan un determinado estado de relaciones de fuerza.

 

1 Las Letras del Banco Central (Lebac) son títulos de deuda emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se licitan el tercer martes de cada mes.

2 Los BOTE son Bonos del Tesoro Nacional que el Ministerio de Finanzas ofreció en licitación con el objetivo de mantener bajo control la cotización del dólar. Los bonos se ofrecieron a personas físicas o jurídicas, en pesos a tasa fija, con vencimiento en 2023 y 2026.

3 El término “ruidazo” refiere a una forma de protesta social en la cual los ciudadanos realizan ruidos (con cacerolas, bocinas o diversos elementos) para hacerse escuchar de manera colectiva a una hora y día pautado.

 

Bibliografía citada

Aglieta, Michel y André Orléan (1990) La violencia de la moneda, Siglo XXI Editores: México.

Figueiro, Pablo (2010) “El Banco Central de la República Argentina: la economía abordada desde el conflicto”, disponible desde internet en: http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/docs/DocIS_14_Figueiro.pdf

Gusfield, Joseph (2008) La Culture des Problèmes publics, Ed. Economica: París.

Lordon, Frédéric (2015) Capitalismo, Deseo y Servidumbre: Marx y Spinoza, Tinta Limón: Buenos Aires.

Holmes, Stephen y Cass Sustein (2011) El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos, Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

 

ENTRE VENCIMENTOS: 

 

Andrea de Santis
Andrea de Santis

Talvez não seja tão errado dizer que hoje vivemos entre vencimentos: vencimentos dos títulos do governo – os LEBACs¹  – que fazem estremecer a economia: enquanto uns poucos (fundos) correm atrás da moeda americana ou sobem aos BOTEs², nós, que somos a maioria, nos perguntamos de que maneira um novo e grandioso pagamento de letras do tesouro impactará em um aumento do dólar para no fim incidir sobre os preços de bens e alimentos; vencimentos das tarifas de serviços públicos, cujos aumentos fazem estremecer as economias domésticas encurraladas por salários que não aumentam no mesmo ritmo dos preços dos alimentos, dos aluguéis, transporte, plano de saúde, escola, combustível, etc.; vencimentos de cartão de crédito e empréstimos (de baixo montante e altas taxas de juros), formas pelas quais quase metade da população adulta (48%, segundo dados do Banco Central da Argentina) mantém dívidas com o sistema financeiro.

Concebidos em suas distintas escalas e magnitudes, dá a impressão que os vencimentos (de tarifas, letras, títulos) adquiriram em nossa vida cotidiana uma importância mportânci. E não apenas em termos quantitativos como também políticos.

Segundo a concepção de Joseph Gunsfield, poderíamos pensar que as polêmicas e conflitos sobre os montantes (exacerbados) que atingiram as tarifas transformaram a prática do “pagamento” em um problema público. Foram feitas denúncias, audiências públicas, marchas noturnas (marchas de velas), barulhaços³, e inclusive foram apresentadas medidas cautelares contra o que popularmente se chamou de “tarifaço”. Há muitos anos, tive a oportunidade de escutar uma frase que, por ser curiosa ou incomum, ficou gravada em minha memória: “é lindo pagar a luz”, me disse uma vez um senhor de meia idade, morador de um assentamento no qual não havia chegado a ligação elétrica. Enquanto dizia isso, destacava os benefícios de ser alguém para poder se queixar diante de qualquer inconveniente com o serviço e ao mesmo tempo ter com quem se queixar. Suas palavras anunciavam um desejo (o de pagar a luz), enquanto denunciavam a falta do serviço e, sobretudo, uma sensação de desamparo diante da ausência de interlocutor (o Estado ou a empresa prestadora). Um interlocutor que atribui sentido, na medida em que provê direitos e deveres. A que nos referimos? Pagar (a luz) o converteria em “alguém”, referendaria seus direitos e deveres (como cidadão, consumidor, usuário). Neste aspecto, o ato de pagar implicaria em um reconhecimento que não parece se realizar de nenhuma outra maneira, sob nenhum outro conceito. Portanto, pagar não é apenas transferir dinheiro, mas sim, e acima de tudo, ser reconhecido. E é a falta deste reconhecimento o que leva à sensação de desamparo. Porque pagar dignifica, estava dizendo o senhor. Por isso que “é lindo pagar a luz”.

Ora, creio que todos estaríamos de acordo que hoje em dia pagar a luz, o gás, a água, pode ser muitas coisas menos lindo. E não apenas porque os custos fogem a qualquer critério de razoabilidade, mas sim porque os aumentos estão marcados por processos escandalosos de transferências de renda. Para citar um exemplo, os aumentos inusitados no gás – recurso não renovável e vital para a produção de energia elétrica – nada têm a ver com uma economia de subsídios voltada a uma política de redistribuição de renda, ou a uma política de investimento visando o desenvolvimento sustentável. Na verdade, eles integram uma estratégia política de dolarização do mercado de derivados de petróleo capitaneado por negociações espúrias de funcionários e empresas que se encontram de ambos os lados do balcão.

Entã, pagar é digno, sim. Mas o “tarifaço” é justamente um “tarifaço” porque desperta outros sentimentos na vida social. Vida social que, nas palavras de Frédéric Lordon, nada mais é que outra palavra para nos referirmos à vida passional coletiva. E se falamos de paixão, o “ajuste” das tarifas desperta indignação, raiva, ira e até tristeza. E isto sem considerar o consenso social e político em relação à necessidade manifesta de se atualizar os preços de serviços básicos.

O “ajuste” das tarifas, como medida política, representa uma transferência de renda para as grandes empresas (Edenor, Edesur, Metrogas) e cristaliza uma regra monetária. A partir dos trabalhos de Michel Aglietta e André Orléans, sabemos que a moeda não é apenas um meio de troca, medida de reserva e de valor, mas também uma instituição. E, como tal, a partir de um ponto de vista regulacionista, o seu poder reside em regular e estabilizar conflitos. Mas, devemos advertir, a moeda não é uma instituição qualquer. Pablo Figueiro apontou que é nela que se opera a ordem social. Através do regime monetário se valorizam as relações e as desigualdades das atividades e dos objetos. E isto, como disse Robert Boyer, é uma construção política.

A dimensão política do regime monetário se efetiva no ato do pagamento. A determinação de quem paga e quem não paga, do que se paga e do que não se paga, de quanto se paga e quanto não se paga, remete a definições e diferenciais que marcam os alcances e os limites do que é concebido como “direito” e como “mercado”. A ambivalência da moeda está sempre em disputa, dirimindo-se entre uma lógica de sociabilidade pública (por meio do déficit público) e uma lógica de sociabilidade privada (por meio da circulação do capital).

Acreditamos que é necessário pensar os aumentos de tarifas públicas, os cortes nas aposentadorias e pensões, o ajuste no gasto público, as desvalorizações, as transferências de renda, nestes termos. Em sua dimensão política mais que econômica. A questão monetária, sustentam Aglietta e Orléans, é uma questão plenamente política.

Quando o governo promove um pacote de reformas (fiscal, tributária, previdenciária, trabalhista, educacional) como um objetivo categórico frente ao desastre que herdou da administração anterior, dificulta a possibilidade de discernir os sentidos das reformas no âmbito mais amplo da conjuntura política e econômica que atravessamos.

O presidente, repetidas vezes, assevera que ele “tem que fazer” as mudanças. Mas não em função de perseguir o caminho para a tão propagada “pobreza zero”, e sim porque urge redistribuir e poupar recursos para minorar o desajuste fiscal ampliado, em grande medida, pela queda na arrecadação de impostos e taxas. Segundo os cálculos elaborados pela Mesa de Economía del Movimiento Evita (MesE), a redução acumulada das taxas de exportação aplicadas à soja em 2016 (de 35% a 30%) somado ao que se projeta continuar reduzindo até 2020 (0,5% ao mês entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019), representa um total de 3 bilhões de dólares por ano que deixará de se cobrar do complexo da soja. No caso das mineradoras, a cifra atinge 3,6 bilhões de dólares por ano de redução nas taxas de exportação. Diante desta conjuntura, os economistas da MesE advertem que cada ano que passa não se cobram os impostos sobre os lucros e juros de títulos públicos que, segundo a própria Secretaria da Fazenda da Nação, representam 38 bilhões de pesos em 2018. Ou seja, entre estas três rubricas se acumulam 96 bilhões de pesos por ano de redução na arrecadação fiscal.

No âmbito desses acordos (que combinam interesses de multinacionais extrativistas e financeiras com interesses políticos mesquinhos), e do chamado “consenso fiscal” (firmado entre o governo nacional e os governadores para desobstruir a aprovação da reforma da previdência na câmara dos deputados), foi levada adiante o corte nas aposentadorias. Corte que ocorreu em um cenário marcado pelo elevado e contínuo aumento nos preços de remédios e alimentos. No relatório já citado da MesE, se observa que desde 2016 a inflação aumentou em média 55%, enquanto que os medicamentos aumentaram 120% e os alimentos 80%, aproximadamente. Neste panorama, dizer, como disse o presidente, que “nossos avós podem ficar tranquilos”, é no mínimo cínico.

Talvez devamos entender as leituras e ações do governo a partir dos sinais explicitados pelo próprio presidente Macri: o caminho das políticas é o correto porque assim o disseram Merkel, Xin Jinping e Shinzo Abe na cúpula do G-20. Quem ousaria questionar a avaliação de primeiros ministros de potências mundiais? Devem saber melhor que os milhões de argentinos o que é melhor para eles e elas. É evidente que a legitimidade das políticas do governo Cambiemos não precisa de respaldo popular enquanto contar com o respaldo de mandatários e interesses políticos e econômicos que operam no nível local e internacional.

O retorno ao Fundo Monetário Internacional não é a única manifestação neste sentido. Ter “retirado” a lei da reforma da previdência em dezembro do ano passado foi o oposto de debatê-la, de encontrar consenso social e político. Ter “retirado” a lei implicou em blindar o congresso, reprimir, forçar o quórum, ignorar as demandas de amplos setores da sociedade, fazer acordos espúrios com governadores habilitados por um regime político que, como bem sinalizou Julio Burdman, se caracteriza por um federalismo mais político que econômico, tornando as províncias não tão autônomas do governo nacional. Nesta linha, o recente veto do poder executivo ao projeto proposto pela oposição e aprovado no congresso para frear o “tarifaço” reafirma a negação do governo em debater as formas como se arrecada e se gasta os recursos públicos: o que se está tributando, por quê, quem paga, quanto se paga, para que se paga.

As atuais políticas de endividamento monetário, fuga de capitais e ajuste fiscal transcorrem à luz de uma das maiores dívidas que já se abateu sobre nós em termos sociais e políticos: a de um debate impositivo com foco em uma reforma tributária que aumente a progressividade dos impostos e aprofunde a incidência do gasto público na redistribuição de renda.

A questão fiscal é relevante na medida em que os direitos custam dinheiro. Stephen Holmes e Cas Sustein sustentam que todos os direitos, tanto civis quanto sociais, apresentam uma dimensão positiva na medida em que seu exercício e proteção demandam da estrutura do Estado a criação e o investimento de determinados lançamentos orçamentários. Daí a importância da progressividade do esquema tributário e da arrecadação de impostos. Neste ponto é conveniente lembrar, como apontou Guillermo O’Donnell e José Nun, que o Estado não apenas é o sedimento histórico do regime democrático, mas também do regime social da acumulação. Fizemos referência ao fato que as decisões políticas a respeito das prioridades e da abrangência do gasto público não escapam às especificidades que apresenta o regime social de acumulação. Por isso mesmo, a definição de “impostos”, “subsídios” e “isenções”, assim como construção da peça orçamentária, são sempre questões marcadas por disputas sociais e políticas que expressam um determinado estado de relações de força.

1 As “Letras del Banco Central (Lebac)” são títulos de dívida, emitidos pelo Banco Central da República Argentina (BCRA). São comercializadas na terceira terça-feira de cada mês.

Os BOTE são Bônus do Tesouro Nacional que o Ministério das Finanças ofereceu em licitação com o objetivo de manter sob controle a cotação do dólar. Os bônus foram oferecidos a pessoas físicas ou jurídicas, em pesos a taxas fixas, com vencimentos em 2023 e 2026.

O termo “barulhaço” se refere a uma forma de protesto social, na qual os cidadãos realizam barulho (com panelas, buzinas ou instrumentos diversos) para se fazer ouvir de forma coletiva, em um dia e hora combinados.

 

Socióloga (UBA), investigadora tesista (CESE/IDAES/UNSAM) y docente (IDAES/UNSAM)

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