Imagen: Taller con mujeres en situación de movilidad de distintos orígenes nacionales. Julio, 2018.

 

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Cuando se escucha o lee sobre la migración venezolana reciente a países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Brasil, el lenguaje utilizado nos remite a ideas de masividad, urgencia y precarización. En el caso de Ecuador, a partir de la declaratoria de emergencia migratoria, son estas nociones de flujos “incontrolables” las que por un lado han dado paso a medidas securitistas y restrictivas y, por otro, han acentuado procesos de xenofobia y discriminación.  

Pese a que Ecuador es visto como un país de tránsito, muchas personas venezolanas en situación de movilidad están viviendo procesos de reunificación familiar en distintas localidades del país. Esto da cuenta de distintos momentos en la migración venezolana. Caren, por ejemplo, es una joven de 25 años que llegó hace tres años a Quito, luego de haber vivido en una ciudad de la costa ecuatoriana durante algunos meses. Ella decidió venir primero, ahorró dinero suficiente para el avión y pudo llegar sin problema. Luego de casi un año, pudo pagar el pasaje para su mamá y su hijo pequeño. La madre de Caren es diabética y no quería salir de Venezuela, pero se vio en la necesidad urgente de hacerlo, ya que no podían encontrar las inyecciones de insulina que necesita diariamente para mantener su salud. Esta historia contrasta con las de miles de mujeres que en el último año han tenido que caminar junto a sus niñas y niños durante semanas para llegar a Ecuador, como ha documentado la periodista Susana Morán 1)http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/venezolanos-el-exodo-ninos-que-llegan-ecuador. La raíz es la misma: una situación de crisis social, económica y política insoportables, así como distintas formas de violencia ya institucionalizadas en Venezuela. A medida que pasa el tiempo y las circunstancias se agravan, también lo hacen las condiciones de la movilidad.

Si bien las cifras han ayudado a dimensionar las necesidades de respuesta de los países de la región, estas invisibilizan las complejas realidades de cada persona, grupo y unidad familiar que ha salido de Venezuela. De igual manera, los números no muestran los distintos momentos y flujos migratorios que se han vivido por lo menos en los últimos cinco años. Desde enero de 2018, las entradas de personas de origen nacional venezolano se elevaron hasta alcanzar las dos y tres mil personas al día. Las características de su trayectoria para llegar a Ecuador, sea de tránsito o para establecerse en el país, fueron dificultándose cada vez más. Menores de edad no acompañados(as), familias enteras caminando durante semanas, madres y padres con niñas(os) pequeñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad: quienes llegan caminando han tenido que vivir circunstancias extremas de frío, hambre y cansancio, además de robos, extorsión y chantaje en distintos puntos de la ruta. 2)https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/el-exodo-venezolano-en-diez-historias.

Ecuador y las contradicciones de su propia norma

En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoció la ciudadanía universal y la libre movilidad humana como principios, pero esto no se tradujo en políticas que garantizaran condiciones de vida para las personas en movilidad. A inicios de agosto de 2018, la cancillería activó el estado de emergencia migratoria en las provincias de Pichincha (donde se encuentra Quito), Carchi (región fronteriza al norte) y El Oro (región fronteriza al sur). Desde las organizaciones sociales que trabajan movilidad humana, se había contemplado la necesidad de declarar la emergencia para disponer de los recursos necesarios para atender a esta población, al menos un año antes de que se la decretara oficialmente. Tras poner en marcha esta medida, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, emitió un tweet en el que manifestaba que lo que se buscaba era “garantizar la protección de derechos a través de una respuesta concertada de parte de todo el estado”.

La medida emergente resultó no solo tardía, sino además contradictoria si se toma en cuenta que durante años se dificultó la concesión del estatus de refugiado a personas venezolanas como mecanismo político para desconocer la violencia estatal y violaciones de derechos humanos. Además, justo después de activar la emergencia, Ecuador declaró que desde el 18 de agosto pasaría a demandar pasaporte a la población venezolana como único documento de viaje oficial, medida inconstitucional que obviaba las dificultades para conseguir este documento en Venezuela. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y la Misión Scalabriniana Ecuador solicitaron medidas cautelares para dejar sin efecto esta medida y la jueza falló a favor de eliminar el requisito de pasaporte durante 45 días. Sin embargo, Perú anunció que esta medida entraría en rigor en su territorio desde el 25 de agosto, por lo que miles de personas tuvieron que emprender una travesía contrarreloj para conseguir entrar antes de esa fecha. El fotógrafo Edu León documentó la difícil situación en que grupos de personas venezolanas hacían hasta lo imposible por llegar antes que se cumpla el plazo 3)https://www.univision.com/noticias/america-latina/andando-o-en-mulas-una-semana-con-el-exodo-venezolano-en-la-cuenta-atras-ante-el-cierre-de-fronteras-fotos . Estas medidas restrictivas, incongruentes con la supuesta respuesta humanitaria, han irregularizado a miles de personas y las han dejado en condición vulnerable ante situaciones de tráfico de migrantes (pues se presenta como una alternativa para llegar a su destino) y de trata de personas (en las que una supuesta “ayuda” puede terminar en situaciones de encierro y explotación laboral, sexual y mendicidad forzada, entre otras).

Migración forzada y exilio

El Informe sobre movilidad humana del Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela 2018, reportó que entre las principales motivaciones para migrar están: la inseguridad, la desesperación por lo que sucede en el país, el hambre, el nivel de estrés en el día a día, la incertidumbre y la falta de medicinas. La situación social, económica y política genera violaciones sistemáticas a derechos humanos en distintos ámbitos. Por ejemplo, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó de que, en diciembre de 2017, la canasta de bienes de consumo de una familia de cinco miembros era 60 veces superior al salario mínimo. Cáritas Venezuela concluyó en 2017 que el 27% de niños y niñas estaba en riesgo de desnutrición, y el 15% sufría ya desnutrición que iba de leve a grave. La ONG local AVESA señaló que el 72% de personas encuestadas no pudo acceder a métodos anticonceptivos durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

El Informe 2017-2018 de Amnistía Internacional hace énfasis en que la crisis alimentaria y de acceso a la salud afecta especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. De igual manera, la violencia política ejercida desde el Estado ha ocasionado detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual empleada como disuasivo de la protesta social e intimidaciones.

La ONG local Provea señaló en su Informe Anual de 2017 que nueve de cada diez personas venezolanas no puede pagar su alimentación diaria; y ocho de cada diez declararon comer menos por no contar con suficiente alimento en su hogar. Provea registró 2.450 ataques perpetrados contra la población civil por agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares, entre abril y julio de 2017. Los ataques se concentraron en zonas residenciales, espacios educativos, centros de salud y espacios religiosos. En 2017, esta organización registró un total de 3.811 heridos y lesionados, lo cual implica un aumento del 1.206% con respecto al 2016.

La situación de movilidad venezolana, además de requerir respuestas y políticas urgentes, nos interpela directamente y pone en cuestión las taxonomías migratorias. ¿Qué implica hablar de migración económica, desplazamiento forzado, refugio, exilio, como si fueran fácilmente diferenciables? ¿Qué se requiere para que describamos una situación de movilidad como “forzada”? Y más aún: ¿quién decide qué tanto podemos aguantar antes de tomar la decisión de salir del lugar donde nacimos, crecimos, vivimos?

Respuestas: entre la empatía, el apoyo y la hostilidad

Para hacer frente a las incoherencias y ceguera estatales, una sociedad civil movilizada se ha organizado durante más de un año para responder a las distintas necesidades de la población venezolana en situación de movilidad, especialmente las organizaciones de sociedad civil que trabajan en movilidad humana. Desde el Estado, ha habido instituciones que no se han alineado con la postura securitista, como la Unidad de Movilidad Humana del GAD Pichincha, que provee atención psicológica, médica, jurídica y laboral desde un marco de garantía de derechos, y que ha ampliado su horario de servicios para poder atender a mayor cantidad de gente. Han surgido además incontables iniciativas autoconvocadas tanto de donación de alimentos y artículos básicos, como jornadas de información sobre la situación y espacios para generar empatía y prevención de xenofobia. Las asociaciones y colectivos de migrantes son actores clave.

En Quito, luego del desalojo policial en el Terminal Interprovincial de buses de Carcelén, se instalaron varios albergues de paso y temporales que permiten a las personas estar un máximo de entre tres y cinco días. Un obstáculo muy grande para las personas venezolanas que quieren quedarse en la ciudad es la inserción laboral, ya que el requisito de visa es muy difícil de acceder debido a la falta de pasaporte en muchos casos y el alto costo (Ecuador tiene las visas más caras de la región). Una de las estrategias más comunes para obtener ingresos es el comercio informal en espacios públicos y medios de transporte, que les expone a situaciones cotidianas de xenofobia y discriminación, así como violencia policial.

El discurso de la movilidad humana como “problema” y de una supuesta “invasión” venezolana en Ecuador ha ocasionado una escalada xenófoba en redes sociales, medios de comunicación e interacciones del día a día. El lenguaje de crisis es un arma de doble filo en este momento. Por un lado, permite reconocer la situación en Venezuela y las condiciones en que se da la movilidad, pero por otro, genera sensaciones de pánico y miedo en la sociedad receptora. Se ha puesto de manifiesto que los mitos nacionalistas que asocian migración con delincuencia y “peligrosidad social” son los argumentos principales para pedir políticas de expulsión y mayor control.

El Estado ecuatoriano también ha puesto en evidencia que el marco jurídico supuestamente favorable a la movilidad humana es utilizado internacionalmente como propaganda política, mientras que se implantan medidas y políticas domésticas abiertamente discriminatorias y restrictivas. El discurso de protección de derechos se tambalea al ser el mismo Estado el que produce situaciones de irregularidad, alimenta la xenofobia e incrementa las vulnerabilidades de las personas en situación de movilidad.

El enfoque humanitario y de protección de derechos no está permeando las políticas de cada país a donde llegan o por donde transitan las personas venezolanas en situación de movilidad. No existe una respuesta regional coherente que garantice derechos, condiciones del tránsito, regularización accesible e inserción social que haga visible que este fenómeno migratorio implica exilio, desplazamiento forzado y requiere de una atención integral.

El viernes 24 de agosto, afuera de la audiencia de medidas cautelares, el colectivo Unidos Somos Más gritaba consignas para “defender el Ecuador de los venezolanos”, “pasaportes sí, delincuencia no” y que “control no es xenofobia”. Hay que recalcar que el control migratorio emplea una matriz sexista, racista y colonial. Las políticas de control hacen uso de toda la fuerza del aparato estatal para discriminar, segregar y vulnerar derechos de personas que ya han sobrevivido distintas formas de violencia, que se han visto forzadas a dejar el país donde nacieron y vivieron, y para quienes la decisión de migrar es una cuestión de vida o muerte. Cerrarles o dificultarles el paso y la inserción es un acto de violencia estatal y, por lo tanto, el control sí es xenofobia.

Se hace cada vez más necesario hacer memoria de cómo cada uno y una de nosotros tiene una historia de movilidad. Antes de llamar a alguien ‘extranjero(a)’, pensemos en cómo nosotros, nuestras familias y personas cercanas nos hemos movido, desplazado y migrado por distintas razones. Sintamos estas historias de movilidad, propias y compartidas, para promover la empatía, la no discriminación y para construir espacios libres de xenofobia. Somos más que un estatus migratorio, más que una categoría. La movilidad humana es ante todo una experiencia de vida.

 

O CONTROLE É XENOBIA

Taller con mujeres en situación de movilidad de distintos orígenes nacionales. Julio, 2018.
Taller con mujeres en situación de movilidad de distintos orígenes nacionales. Julio, 2018.

 

Quando se escuta ou se lê sobre a migração venezuelana recente em países vizinhos como a Colombia, o Equador, o Chile ou o Brasil, a linguagem utilizada nos provoca ideias de multidão, urgência e precariedade. No caso do Equador, desde a declaração de emergência migratória, são estas noções de fluxos “incontroláveis” as que, por um lado, têm permitido as medidas securitistas e restritivas e, por outro lado, têm acentuado processos de xenofobia e discriminação.

A pesar do fato de que o Equador é visto como um país de trânsito, muitas pessoas venezuelanas em situação de mobilidade estão vivendo procesos de reunificação familiar em distintas localidades do país. Isto evidencia distintos momentos da migração venezuelana. Caren, por exemplo, é uma jovem de 25 anos que chegou faz três anos a Quito, logo de ter vivido em uma cidade do litoral do Equador durante poucos meses. Primeiro, ela decidiu vir; poupou o dinheiro suficiente para o avião e conseguiu chegar sem problemas. Depois de quase um ano, conseguiu pagar a passagem para sua mãe e seu filho pequeno. A mãe de Caren é diabética e não queria sair de Venezuela, mas teve a necessidade de fazê-lo, já que não podiam encontrar as injeções de insulina que precisava diariamente para manter sua saúde. Esta história contrasta com as de milhares de mulheres que no último ano têm tido que caminhar junto com suas filhas e filhos durante semanas para chegar no Equador, como tem documentado a periodista Susana Morán 4)http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/venezolanos-el-exodo-ninos-que-llegan-ecuador. A raiz é a mesma: uma situação de crise social, econômica e política insuportáveis, além de distintas formas de violência já institucionalizadas na Venezuela. Conforme passa o tempo e as circunstâncias se agravam, as condições de mobilidade também.

Embora os números tem ajudado a dimensionar as necessidades de resposta dos países da região, estas invisibilizam as complexas realidades de cada pessoa, grupo e unidade familiar que tem saído de Venezuela. De igual modo, os números não mostram os distintos momentos e fluxos migratórios que o país tem vivido durantes os últimos cinco anos. Desde janeiro de 2018, as entradas de pessoas de origem nacional venezuelana se incrementaram até atingir as dois mil e três mil pessoas por día. As características de sua trajetória para chegar no Equador, seja de trânsito ou para se estabelecer no país, foram se dificultando cada vez mais. Menores de idade não acompanhados, famílias inteiras durante semanas, mães e pais com filhos e filhas pequenas, pessoas de idade avançada, pessoas com deficiência física. As pessoas  que chegam caminhando têm vivido circunstâncias extremas de frio, fome e cansaço, além de roubos, extorsão e chantagem em distintos pontos da rota5)https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/el-exodo-venezolano-en-diez-historias.

O Equador e as contradições de sua própria norma

No Equador, a constituição de 2008 reconheceu a cidadania universal e a livre mobilidade humana como princípios, mas isto não foi traduzido em políticas que garantissem condições de vida para as pessoas em mobilidade. No início do ano de 2018, a chancelaria ativou o estado de emergência migratória nas províncias de Pichincha (onde se encontra Quito a capital), Carchi (região fronteiriça ao norte) e El Oro (região fronteiriça ao Sul). Desde as organizações sociais que trabalham a mobilidade humana, comtemplou-se a necessidade de declarar a emergência para dispor dos recursos necessários para atender esta população, pelo menos um ano antes de que fosse declarado oficialmente. Depois de pôr em funcionamento esta medida, o ministro equatoriano de Relações Exteriores, José Valencia, emitiu um tweet, no qual manifestava que o que procurava era “garantir a proteção de direitos através de uma resposta concertada pelo Estado”.

A medida emergente resultou não só tardia, senão contraditória já que durante anos foi dificultada a concessão do status de refugiado a pessoas venezuelanas como mecanismo político para desconhecer a violência estatal e violações de direitos humanos. Além disso, depois de ativar a emergência, o Equador declarou que desde o 18 de agosto passaria a demandar o passaporte à população venezuelana como único documento de viagem oficial, medida inconstitucional, que obviava as dificuldades para conseguir este documento na Venezuela. A Defensoría del Pueblo, o Centro de Direitos Humanos da Universidade Católica e a Missão Scalabriniana do Equador solicitaram medidas cautelares para deixar sem efeito esta medida e a juíza decidiu em favor da eliminação do requisito de passaporte durante 45 dias. No entanto, o Peru anunciou que esta medida entraria em vigor em seu território desde 25 de agosto, pelo qual milhares de pessoas tiveram que empreender uma travessia contrarrelógio para conseguir entrar antes dessa data. O fotógrafo Edu León documentou a difícil situação em que grupos de pessoas venezuelanas faziam o impossível para chegar antes do cumprimento do prazo.6)https://www.univision.com/noticias/america-latina/andando-o-en-mulas-una-semana-con-el-exodo-venezolano-en-la-cuenta-atras-ante-el-cierre-de-fronteras-fotos Estas medidas restritivas, incongruentes com a suposta resposta humanitária, têm desregulado milhares de pessoas, deixando-as em condição vulnerável em situações de tráfico de migrantes (já que se apresenta como uma alternativa para chegar a seu destino) e de tráfico de brancas (nas que uma suposta “ajuda” pode terminar em situações de confinamento e exploração de trabalho, sexual e penúria forçada, entre outras).  

Migração forçada e exílio

O informe sobre mobilidade humana do Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela 2018, reportou que entre as principais motivações para migrar estão: a inseguridade, o desespero pelo que acontece no país, a fome, o nível de stress no dia a dia, a incerteza e a falta de medicinas. A situação social, econômica e política gera violações dos direitos humanos em distintos âmbitos. Por exemplo, o Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informou que, em dezembro de 2017, a cesta básica de uma família de cinco pessoas era 60 vezes mais alta do que o salário mínimo. Cáritas Venezuela concluiu em 2017 que o 27% de crianças estava em risco de desnutrição, e o 15% sofria já desnutrição que ia de leve a grave. A ONG local AVESA indicou que o 72% de pessoas pesquisadas não pôde aceder a métodos anticonceptivos durante 12 meses antes da enquete.

O informe 2017-2018 de Amnistia Internacional enfatiza que a crise alimentar e de acesso à saúde afeta especialmente as crianças, pessoas com doenças crônicas e mulheres grávidas. Da mesma maneira, a violência política praticada pelo Estado tem ocasionado detenções arbitrárias, tortura, violência sexual usada como dissuasivo do protesto social e intimidações.

A ONG local Provea indicou em seu Informe Anual de 2017 que nove de cada dez pessoas venezuelanas não podem pagar sua alimentação diária; e oito de cada dez declararam comer menos por não ter o suficiente alimento em casa. Provea registrou 2450 ataques perpetrados contra a população civil por agentes da força pública e agrupações paramilitares, entre abril e julio de 2017. Os ataques se concentraram em zonas residenciais, espaços educativos, centros de saúde e espaços religiosos. Em 2017, esta organização registrou um total de 3811 feridos e lesados, o que implica um incremento de 1206% em comparação a 2016.

A situação de mobilidade venezuelana, além de requerer respostas e políticas urgentes, nos interpreta diretamente e coloca em questão as taxonomias migratórias. O que implica falar de migração econômica, deslocamento forçado, refúgio, exílio, como se fossem facilmente diferenciáveis? O que é necessário para descobrir uma situação de mobilidade como “forçada”? E mais ainda, quem decide o que podemos aguentar antes de tomar a decisão de sair do lugar onde nascemos, crescemos, vivemos?

Respostas: entre a empatia, o apoio e a hostilidade

Para lidar com as incoerências e a cegueira estatais, uma sociedade civil mobilizada tem se organizado mais de um ano para responder às distintas necessidades da população venezuelana em situação de mobilidade, especialmente as organizações de sociedade civil que trabalham em mobilidade humana. Desde o Estado, tem tido instituições que não tem se alinhado com a posição securitista, como a Unidad de Movilidad Humana del GAD Pichincha, que oferece atenção psicológica,  médica, jurídica e de trabalho desde um marco de garantia de direitos, e que tem ampliado seu horário de serviços para poder atender a um número maior de pessoas. Tem surgido, além disso, incontáveis iniciativas autoconvocadas, tanto de doação de alimentos e artículos básicos, quanto jornadas de informação sobre a situação de espaços para gerar empatia e prevenção de xenofobia. As associações e coletivos de migrantes são atores chave.

Em Quito, depois do despejo de venezuelanos realizado por policiais na Terminal Interprovincial de Buses de Carcelén, instalaram-se várias casas de passagem temporais que permitem às pessoas estar um máximo de três e cinco dias. Um obstáculo muito grande para as pessoas venezuelanas que querem ficar na cidade é inserção no trabalho, já que o requisito de visa é muito difícil para aceder devido à falta de passaporte em muitos casos e o alto custo (o Equador tem as visas mais caras da região). Uma das estrategias mais comuns para obter o ingresso é o comércio informal em espaços públicos e meios de transporte, que os expõe a situações cotidianas de xenofobia e discriminação, como também violência policial.

O discurso da mobilidade humana, como “problema” e de suposta “invasão” venezuelana no Equador, tem ocasionado um crescimento de xenofobia em redes sociais, meios de comunicação e interações do dia a dia. A linguagem de crise é uma arma de dois gumes em este momento. Por um lado, permite reconhecer a situação na Venezuela e as condições em que acontece a mobilidade, mas, por outro lado, gera sensações de pânico e medo na sociedade receptora. Tem sido manifestado que os mitos nacionalistas que associam migração com delinquência e “perigo social” são os argumentos principais para pedir políticas de expulsão e mais controle.

O Estado equatoriano também evidenciou que o marco jurídico, supostamente favorável à mobilidade humana, é utilizado internacionalmente propagada política, enquanto se implantam medidas e políticas domésticas abertamente discriminatórias e restritivas. O discurso de proteção de direitos oscila ao ser o mesmo Estado quem produz situações de irregularidade, alimenta a xenofobia e acrescenta as vulnerabilidades das pessoas em situação de mobilidade.

O enfoque humanitário e de proteção de direitos não está permeando as políticas de cada país, onde chegam ou transitam as pessoas venezuelanas em situação de mobilidade. Não existe uma resposta regional coerente que garanta direitos, condições de trânsito, regularização acessível e inserção social que faça visível que este fenômeno migratório implica exílio, deslocamento forçado e requer de uma atenção integral.

Na sexta-feira 24 de agosto, fora da audiência de medidas cautelares, o coletivo Unidos Somos Más gritava consignas para “defender o Equador dos venezuelanos”, “passaporte sim, delinquência não” e que “controle não é xenofobia”. Tem que se ressaltar que o controle migratório emprega uma matriz sexista, racista e colonial. As políticas de controle usam de toda a força do aparato estatal para discriminar, segregar e vulnerar direitos de pessoas que já têm sobrevivido distintas formas de violência, que têm sido forçadas a deixar o país onde nasceram e moraram, e para quem a decisão de migrar é uma questão de vida ou morte. Fechar o dificultar o passo e a inserção é um ato de violência estatal e, portanto, o controle é xenofobia.

É necessário, cada vez mais, fazer memória de como cada um de nís tem uma história de mobilidade. Antes de chamar alguém de “estrangeiro”, pensemos em como nós, nossas famílias e pessoas próximas tem nos mobilizado. Sintamos estas histórias de mobilidade, próprias e compartilhadas, para promover a empatia, a não discriminação e para construir espaços libres de xenofobia. Somos mais do que um status migratório, mais do que uma categoria. A mobilidade humana é, em primeiro lugar, uma experiência de vida.  

 

Cristina Yépez Arroyo (Quito, 1994) es estudiante doctoral de antropología en la Universidad de McGill. Su trabajo de investigación se centra en el cruce de caminos entre género, movilidad humana, detención y deportación en Ecuador. Le interesa explorar metodologías interdisciplinarias que combinan el activismo y la academia, y experimentar con diferentes medios como vídeo, teatro y dibujo. Es coautora del libro Corpografías: Género y fronteras en América Latina (2017).

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