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Uruguay: el país del aborto legal. Es esa la imagen que se ha exportado al mundo, gritando a los cuatro vientos la falacia de que es este un paraíso donde las mujeres (todas) gozamos de este derecho. Las palabras que siguen buscan romper con este mito, volviendo a trazar como horizonte el aborto libre y gratuito para todas.
El aborto “legal” NO es aborto “despenalizado”, y eso lo sabemos bien en este rincón de la región. La cárcel, una maternidad obligada, o incluso la muerte, para algunas mujeres continúan siendo amenazas. En 2015 fue publicado un artículo para la revista ecuatoriana Flor del Guanto. Las palabras allí escritas no pueden ser más actuales, es así que las compañeras de la Revista Amazonas decidieron replicarlo a continuación. A las pobres por elegir abortar por fuera del sistema legal: la cárcel. La cárcel sigue siendo la amenaza para aquellas que a pesar de “cumplir con la ley”, habiendo iniciado los pasos para la “interrupción voluntaria del embarazo”, muchas veces por torpezas del propio sistema de salud se pasan de semanas y el sistema de salud no ha querido hacerse responsable. Las clínicas, para las ricas, bien sabemos que todavía son una opción “rápida y segura”. A las uruguayas más pobres se suman las mujeres migrantes, que tampoco gozan de este derecho sino hasta tener en el país un año de residencia[1]. La muerte continúa siendo una amenaza constante para aquellas que por distintos motivos, optan o se ven obligadas a optar por la clandestinidad[2].
Del otro lado de esta lucha, están lxs de siempre, lxs pro-muerte de mujeres, recurriendo a la manipulación de aquellas que caen en sus redes en busca de ayuda[3], interponiendo recursos de inconstitucionalidad[4], objetando consciencia[5] y adoctrinando adolescentes.[6] Quienes estamos de este lado, como dignas hijas y nietas de las luchas que nos parieron, seguimos organizadas y acompañándonos desde el deseo de un aborto libre, seguro y gratuito, desde el deseo de poder elegir dónde, cómo y con quién abortar, desde el deseo de poder decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, sin la tutela de ningún patrón-marido, ni del estado, ni de la iglesia.
Conocer las concesiones hechas en el camino para la aprobación de la Ley IVE[i] a fines de 2012, generando desgaste y divisiones dentro del movimiento feminista luego de 25 años de lucha por el aborto legal, es una invitación a reflexionar juntas entre compañeras desde varios pueblos de nuestra América.
Con poner al descubierto “las trampas de la ley” busco compartir una lectura crítica sobre los esfuerzos volcados casi por completo al cambio en la normativa legal y al fortalecimiento de la institucionalidad, sobre la confianza puesta en la oportunidad que presentan los gobiernos progresistas para dicho cambio, y para reflexionar sobre las limitaciones que presenta un “derecho” otorgado en papel cuando en la práctica existen múltiples formas de vulnerarlos.
Publicado originalmente en Revista Flor del Guanto No. 5. 2015:
A mediados del mes de marzo, tres mujeres fueron procesadas en Uruguay por la práctica de un aborto en la clandestinidad. Dos de ellas castigadas con prisión. ¿Cómo que en la clandestinidad? ¿Pero el aborto no está despenalizado en Uruguay? No. No lo está. El aborto es aún un delito, sigue tipificado como tal, no se ha quitado del código penal, y es “legal” siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. Es aún un tema de justicia social cuando no todas las mujeres pueden acceder a un aborto “en el marco de la ley” y cuando se criminaliza a las mujeres más pobres por intentar decidir el curso de sus vidas. Y es que la feminización y la criminalización de la pobreza tan características en nuestra América, no escapa a la realidad uruguaya. Entre nuestras sociedades patriarcales, capitalistas, desiguales, no somos la “excepción”.
Varios años ya de gobiernos progresistas o con tintes de izquierda en nuestra región nos muestran que no es desde arriba que se alcanzará una sociedad sin opresiones ni violencias hacia los cuerpos de las mujeres. Continúa el tutelaje del estado y aún de la iglesia, y el castigo para aquellas mujeres que intentan salirse de la norma. El aborto legal, seguro, gratuito, libre, y despenalizado, continúa en la agenda de quienes desde el movimiento feminista en Uruguay rechazamos el tutelaje y la criminalización por parte del estado, y luchamos por la autonomía sobre nuestros cuerpos, por decidir libremente sobre nuestras vidas.
Haciendo un poquito de memoria…
Memoria… buscar siempre recuperar la memoria… Podríamos preguntarnos entonces ¿cómo se llegó a este punto?, ¿qué concesiones se hicieron en el camino para aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE: 18.987)? O dicho de otra manera, ¿qué precio se dispuso desde arriba, que deberíamos pagar las mujeres por un aborto legal?
Las trampas de la Ley IVE en Uruguay son el resultado de un debate político-partidario-parlamentario, de una negociación a puertas cerradas que manejó a los cuerpos de las mujeres como objeto a intercambiar por votos.
En la reciente publicación “La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis del movimiento feminista”, las autoras describen cómo la asunción del Frente Amplio (FA) en 2005 generó expectativas en torno a la oportunidad para la legalización del aborto, dado que más de la mitad de las y los legisladores pertenecían al oficialismo, aunque al mismo tiempo estuviera latente la amenaza del veto por parte del entonces (y actual) presidente Tabaré Vázquez. Vázquez anunció que así lo haría al inicio de su gobierno, y repitió esta amenaza un 7 de marzo del año 2006, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, afirmando estar dispuesto a recorrer todos los caminos constitucionales para impedir que prospere la iniciativa. Cumpliendo con su promesa, apenas 3 días después de que se votara el proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Vázquez interpuso el veto sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, acompañado por quien fuera en ese momento la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.[ii]
Cuando José (Pepe) Mujica asumió como jerarca de gobierno, volvieron a generarse grandes expectativas. El tratamiento legislativo del aborto seguía siendo demandado, pero además resultaba urgente para la dirigencia frenteamplista debido a que era visto como “un tema que ‘aleja votos’ y por lo tanto, era necesario aprobarlo cuanto antes para que ‘no contamine’ el próximo periodo electoral”.[iii] ¿Pero el objetivo no era reducir el número de muertes de mujeres por abortos clandestinos en un contexto de criminalización? Si, estarán pensando: ¡qué ingenuidad! Con el objetivo puesto en conseguir los votos necesarios, ante el argumento de que el aborto llevaba una carga simbólica negativa, se propuso maquillarlo estratégicamente, hablando de “interrupción voluntaria del embarazo” en su lugar.
Una vez que el proyecto fue aprobado en el Senado e ingresó a la Cámara de Representantes, el grupo parlamentario del FA encontró que no contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo y comenzó la negociación con otros partidos políticos para conseguir el voto faltante. Y así fue que llegó la propuesta de incluir un equipo de profesionales de la salud, “entre los cuales debía incluirse un objetor de conciencia, a fin de que le fueran presentadas todas las alternativas existentes para continuar con su embarazo, luego de lo cual se la instaba a tomarse unos días de reflexión para luego volver a confirmar si quiere continuar o no con el procedimiento”[iv]. Esta propuesta no quedó plasmada exactamente en la ley actual, pero deja al descubierto el ‘espíritu’ de las trampas en la misma. Desde el FA, conscientes del alto costo a pagar por el “voto número 50”, necesario para la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados[v], decidieron que habría que ceder.
Hecha la ley, hecha la trampa
Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta negociación, que hace parte del proceso parlamentario, la vida concreta de las mujeres? Veamos en primer lugar los requisitos y los pasos a seguir.
El proceso debe comenzar dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Estarían cometiendo un delito todas las mujeres que decidan abortar por fuera del SNIS. Dentro de las primeras doce semanas de embarazo la mujer debe “poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”[vi].
Acto seguido, la mujer que desea abortar debe entrevistarse con un equipo interdisciplinario de profesionales, quienes tienen la función de brindar apoyo social y psicológico para que la mujer pueda tomar una “decisión consciente y responsable”. Cuenta a partir de entonces con 5 días para “reflexionar” sobre su decisión. Dicho en otras palabras: ¡Díganos por qué quiere abortar! ¿Privacidad? ¡Ninguna! ¡Y escuche, aunque no quiera, las opciones que existen para que no aborte!, ¡vaya a su casa y piense qué ha hecho mal, tortúrese con la culpa unos días y vuelva a ratificarnos su decisión de abortar, si es que el tiempo transcurrido no sirvió para que se arrepintiera, y si es que el sistema aún no la ha convencido, por las buenas o por las malas, de que debe cumplir con su rol de madre y con su función de reproductora de la fuerza de trabajo!
Pueden además abortar sin que sea considerado un delito, mujeres cuya salud y vida peligran a razón del embarazo, o en caso de malformaciones que sean incompatibles con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación.
Las trampas de la ley son a mi entender, los “obstáculos” para la decisión libre de las mujeres, y “oportunidades” para que se cumpla con el objetivo implícito en la Ley: disuadir a las mujeres de la decisión de abortar.
Algunas organizaciones feministas han identificado lo que denominan barreras que impiden el acceso a un aborto legal y seguro. Algunas de estas barreras son: la dificultad en cumplir los plazos establecidos por la ley, ya que aún cuando inician el engorroso procedimiento[vii] antes de las doce semanas de embarazo[viii] (12 semanas y 6 días para ser exacta; 14 semanas y 6 días en casos de violación), no logran culminarlo en el tiempo establecido (ya sea porque la medicación[ix] no surtió ningún efecto o porque no resultó suficiente); las demoras en el servicio de salud (mayor dificultad para las mujeres que viven en el interior del país, y en las localidades más alejadas de los centros de salud); porque las mujeres no acuden dentro de las 12 semanas a la consulta de control final y por lo tanto han superado el plazo establecido por la ley cuando se enteran que aún no abortaron.
Aunque no es identificada como una ‘barrera’, cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto legal es posible dentro de las catorce semanas, siempre y cuando se presente “constancia de denuncia judicial”. Como si ésta última fuera sencilla de obtener. Como si no fuera de amplio conocimiento que una gran cantidad de casos de violación no son denunciados sino callados o silenciados debido al estigma social que acarrean, la re-victimización a la que las mujeres saben que enfrentarán, y principalmente cuando se trata de un embarazo producto de abuso sexual intrafamiliar.
En todos estos casos la propia ley (sus requisitos y sus plazos) y el propio sistema de salud terminan obligando a las mujeres a recurrir al mercado clandestino para acceder al Misoprostol, que no es de fácil acceso para todas. Claro que las mujeres que cuenten con los recursos económicos aún pueden hacer uso del privilegio de acceder a todos los cuidados en clínicas privadas.
Quizás la barrera más significativa es la objeción de conciencia[x]. A partir de ésta, el derecho al ejercicio del poder médico tiene un peso mayor que los derechos de las mujeres. Un 30% de las/los ginecólogas/os del país se han declarado objetores de conciencia. En uno de los 19 departamentos del país, Salto, la totalidad de los ginecólogos/as ha hecho objeción de conciencia. En este caso, al inicio las mujeres debían trasladarse a otros departamentos para poder abortar, y desde setiembre de 2013 se consiguió que una ginecóloga se trasladara desde Montevideo a Salto (alrededor de 300 km, equivalente a 6 horas de ruta) una vez por semana.[xi]
Otra de las “barreras” al acceso a un aborto legal y seguro es la penalización cultural del aborto, esto es, el temor generado por la estigmatización a la mujer que aborta. Impide que muchas mujeres puedan conseguir el apoyo y acompañamiento que puedan necesitar, ya sea en el ámbito familiar, laboral, amistades. Muchas han manifestado además haber sido maltratadas por el personal de la salud, al exponerlas a situaciones incómodas, incluso no respetando su confidencialidad.
Aún cuando las mujeres cumplen con los requisitos establecidos por la ley, puede suceder que opten por abortar en la clandestinidad. Ello ha sucedido en algunos casos porque si bien la ley garantiza la obligatoriedad de la confidencialidad médica, existe el temor, fundamentalmente en el interior del país (pero no sólo) de que el derecho a la confidencialidad médico-paciente sea fácilmente vulnerado. Además, en las localidades más alejadas y los poblados más pequeños el riesgo de ser estigmatizadas es mayor[xii].
Pero más allá de posibles explicaciones o incluso “justificaciones” a la decisión de abortar por fuera de las restricciones del marco legal, quisiera dejar planteadas las siguientes preguntas para el debate dentro del movimiento feminista latinoamericano, un debate que no reconoce fronteras, como tampoco lo hace la creciente criminalización y brutal oleada de violencia contra las mujeres: ¿juzgaremos desde el movimiento feminista a una mujer que decide abortar por fuera del marco legal obtenido tras décadas de lucha?, ¿miraremos hacia otro lado, indiferentes, a las indisciplinadas por el sistema?, ¿permitiremos que se castigue a una mujer (también criminalizándola) por ejercer el control sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida?, ¿vamos a aceptar que nuestros cuerpos continúen siendo objeto de tutela y legislación?, ¿o exigiremos poder decidir cómo, con quién, dónde abortar y no negociaremos por ningún voto la histórica consigna: aborto despenalizado totalmente, libre, seguro y gratuito?
Las autoras concluyen que en Uruguay, si bien no ha desaparecido del discurso feminista “el lenguaje crítico de la penalización del aborto como dispositivo de control patriarcal y de tutelaje de las mujeres”, con contundente presencia en la primera etapa, se ha desdibujado por la necesidad de tejer alianzas con otros actores sociales. Se consideró necesario suavizar la demanda “para que tuviera mayores posibilidades de ir permeando las agendas pública, política y gubernamental.” Es así que la normativa finalmente aprobada “elude el ‘núcleo duro’ de la demanda feminista referido a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.”[xiii]
Concluyendo… o recién comenzando.
Vivimos en un país donde la violencia machista se hace carne en el asesinato de veinte mujeres en los primeros cinco meses del año 2013, un país donde salen a la luz cada vez más casos de abuso sexual y de explotación sexual comercial de niñas/niños, adolescentes y jóvenes (¡y los que no llegan a hacerse públicos!) -muchos de estos casos en el interior del país-, un país que no hace mucho comenzó a visibilizar la problemática de la trata de mujeres, un país donde los medios de comunicación hegemónicos castigan, criminalizan, violentan una y otra vez a cada una de estas mujeres, responsabilizándolas.
Es en los medios masivos que leemos: “joven”, “madre” de un “bebé” de “entre tres y cinco meses de gestación”, “meretriz” que vive en un “asentamiento” del “interior”, que contaba con “clientes uruguayos y extranjeros de alto poder adquisitivo”, que interrumpe el embarazo porque “no puede perder su fuente de ingreso” ya que de ello depende su familia[xiv]. Lo que no leemos en los medios: su cuerpo-explotado para sobrevivir ella y su familia; su cuerpo-objeto de deseo para quienes pagan por sexo; su cuerpo-objeto de tutela por parte del estado patriarcal y capitalista. Y lo que tampoco dicen los medios es que su cuerpo es al mismo tiempo “territorio de resistencia”.
El encierro de estas dos mujeres nos indigna, genera rabia, dolor y una enorme impotencia. La injusticia es doble, o triple, y el silencio la agudiza… Como muchas mujeres en este país ella seguramente tiene que “elegir” entre prostituirse, trabajar en una quinta por el jornal del día, hacer limpiezas en casas ajenas, o robar. Ella optó esta vez por rechazar la maternidad y hoy está en prisión. Otras también optaron (amos) por lo mismo, pero no están (amos) presa(s). Ella-la otra la ayudó con el aborto y está encerrada por cómplice de este “delito”. Muchísimas otras-nosotras no estamos tras las rejas aunque hayamos sido también cómplices en una o varias ocasiones de este tipo de “delito”. Entre ellas y nosotras hay una enorme desigualdad. Ellas y nosotras muy lejos estamos de ser libres, pero nosotras las que estamos “afuera”, no podemos callar.
¿Estamos en una mejor situación en Uruguay en comparación con otros países en nuestra América? Claro que sí. Nadie lo niega. Como tampoco es posible negar que para muchas mujeres hoy existe la posibilidad de abortar “en el marco de la ley”, cuando antes nos veíamos obligadas a caer en redes clandestinas, muchas de éstas inseguras. Pero tampoco podemos negar que el aborto continúa siendo un tema de justicia social en Uruguay, porque no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito sin ser criminalizadas por ello. Tampoco podemos negar que si hay algo que no se ha acabado con la ley IVE, es el control por parte de “otros” sobre nuestras vidas. No sólo porque el aborto continúa tipificado como un delito en el código penal, sino porque la ley IVE se origina con el fin último de tutelarnos e intentar persuadirnos de nuestra decisión de abortar. Y a esto, no lo podemos olvidar.
El cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.”[xv]
“toda esa atención charlatana con la que hacemos ruido en torno de la sexualidad desde hace dos o tres siglos, ¿no está dirigida a una preocupación elemental: asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora?”[xvi]
Sí. La preocupación elemental detrás de las negociaciones alrededor de nuestros cuerpos y nuestras vidas continúa siendo la misma: el acceso y control de nuestra capacidad de reproducción para la acumulación capitalista. Una demanda histórica del movimiento feminista en Uruguay no debería subordinarse al posibilismo de la política partidaria del gobierno progresista, a los tiempos de ninguna agenda gubernamental. No permitamos que se desdibuje o se diluya el horizonte utópico del feminismo, de una sociedad justa sin opresiones de ningún tipo, en una reforma que lejos de cuestionar al sistema patriarcal y capitalista intenta “suavizarlo”.
Porque somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, vamos a seguir abortando, nosotras mismas o acompañando, amparadas o no por esta ley. Porque cuando abortamos y acompañamos, en la clandestinidad o en la legalidad, abortamos prejuicios, miedos, pecados, mandatos, y al mismo tiempo parimos… ¡parimos resistencia, parimos dignidad, parimos sueños de rebeldía!
Corpos que (também) importam. Vá ser livre!
Traduzido por Jimena Reides
Uruguai: o país do aborto legal. Essa é a imagem que se tem exportado para o mundo, gritando aos quatro ventos a falacia de que esse é um paraíso onde as mulheres (todas) gozam desse direito. As seguintes palavras tentam quebrar esse mito, traçando de novo como horizonte o aborto livre e gratuito para todas.
O aborto “legal” NÃO é aborto “despenalizado”, e isso o sabemos bem neste canto da região. A cadeia, uma maternidade obrigada, ou incluso a morte, são ainda ameaças para algumas mulheres. Em 2015, foi publicado um artigo para a revista equatoriano Flor del Guanto. As palavras aí escritas não podem ser mais atuales; é por isso que as companheiras da Revista Amazonas decidiram replicá-lo. Para as pobres que escolhem abortar fora do sistema legal: a cadeia. A cadeia é ainda uma ameaça para as que, embora “cumpriram a lei”, tendo iniciado os passos para a “interrupção voluntária da gravidez”, muitas vezes pela inaptidão do próprio sistema de saúde, passam semanas e o sistema de saúde não tem querido ser responsável. As clínicas, para as ricas, bem sabemos que são ainda uma opção “rápida e segura”. Além das uruguaias pobres estão as mulheres migrantes, que também não tem esse direito até ter um ano de residência no país[1]. A morte é ainda uma ameaça constante para aquelas que por distintos motivos escolhem ou são obrigadas a escolher a clandestinidade[2].
Do outro lado dessa luta, estão xs de sempre, xs pro-morte de mulheres, recorrendo à manipulação de aquelas que caem nas suas redes em busca de ajuda[3], interpondo recursos de inconstitucionalidade[4], objetando consciência[5] e adoutrinando adolescentes. [6]Aqueles que estamos deste lado, como dignas filhas e netas das lutas que nos pariram, continuamos organizadas e acompanhando-nos desde o desejo de um aborto livre, seguro e gratuito, desde o desejo de poder escolher onde, como e com quem abortar, desde o desejo de poder decidir sobre as nossas vidas e os nossos corpos, sem a tutelagem de nenhum dono-marido, nem o estado, nem a igreja.
Conhecer as concessões feitas no caminho para a aprovação da Lei IVG[i] no final de 2012, gerando desgaste e divisões dentro do movimento feminista depois de 25 anos de luta pelo aborto legal, é um convite para refletir juntas entre companheiras desde vários povos de nossa América.
Ao expor “as armadilhas da lei”, tento compartilhar uma leitura crítica sobre os esforços virados quase por completo à mudança na normativa legal e ao fortalecimento da institucionalidade, sobre a confiança depositada na oportunidade que apresentam os governos progressistas para essa mudança, e para refletir sobre as limitações que apresenta um “direito” outorgado em papel quando na prática existem múltiplas formas de vulnerá-os.
Publicado originalmente na Revista Flor del Guanto n.º 5 2015:
Em meados do mês de março, três mulheres foram processadas no Uruguai pela prática de um aborto na clandestinidade. Duas delas castigadas com prisão. Como que na clandestinidade? Mas o aborto não está despenalizado no Uruguai? Não. Não é assim. O aborto é ainda um crime, é ainda tipificado assim, não foi removido do código penal, e é “legal” enquanto alguns requisitos sejam cumpridos. É ainda um tema de justiça social quando não todas as mulheres podem acessar um aborto “no marco da lei” e quando se criminaliza às mulheres mais pobres por tentar decidir o curso das suas vidas. E é que a feminização e a criminalização da pobreza tão características em nossa América não escapam da realidade uruguaia. Entre nossas sociedades patriarcais, capitalistas, desiguais, não somos a “exceção”.
Vários anos já de governos progressistas ou com sinais de esquerda em nossa região mostram-nos que ano é desde lá em cima que será atingida uma sociedade sem opressões nem violências para com os corpos das mulheres. Continua a tutelagem do estado e incluso da igreja, e o castigo para aquelas mulheres que tentam fugir da norma. O aborto legal, seguro, gratuito, livre e despenalizado, é ainda na agenda de aquelas desde o movimento feminista no Uruguai rejeitamos a tutelagem e a criminalização do estado, e lutamos pela autonomia sobre nossos corpos, por decidir livremente sobre nossas vidas.
Tendo um pouquinho de memória…
Memória… tentar sempre recuperar a memória… Poderíamos preguntar-nos então, como chegamos até este ponto? Que concessões foram feitas no caminho para aprovar a Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez (Lei IVG: 18.987)? Ou por outras palavras, que preço foi disposto desde lá cima, que deveríamos pagar as mulheres por um aborto legal?
As armadilhas da Lei IVG no Uruguai são o resultado de um debate político-partidário-parlamentário, de uma negociação a portas fechadas que administrou os corpos das muhleres como objeto para ser trocado por votos.
Na recente publicação “La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis del movimiento feminista”, as autoras descrevem como a assunção do Frente Amplio (FA) em 2005 gerou expectativas em torno da oportunidade para a legalização do aborto, pois mais da metade dxs legisladorxs pertenciam ao oficialismo, ainda que ao mesmo tempo estivesse latente a ameaça do veto pelo então (e atual) presidente Tabaré Vázquez. Vázquez anunciou que faria isso ao início de seu governo, e repetiu essa ameaça um 7 de março do ano 2006, em vésperas do Dia Internacional da Mulher, afirmando estar disposto a percorrer todos os caminhos constitucionais para impedir que prosperasse a iniciativa. Cumprindo sua promessa, apenas 3 dias depois de que se votasse o projeto de lei de Defesa do Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva, Vázquez interpus o veto sobre a despenalização da interrupção da gravidez, acompanhado por quem fora nesse momento a Ministra de Saúde Pública, María Julia Muñoz.[ii]
Quando José (Pepe) Mujica tornou-se o jerarca de governo, se geraram grandes expectativas novamente. O tratamento legislativo do aborto continuava sendo demandado, mas também resultava urgente para a liderança frenteamplista devido a que era visto como “um tema que ‘afasta votos’ e, portanto, era necessário aprová-o quanto antes para que ‘não contaminasse’ o próximo período eleitoral”.[iii] Mas o objetivo não era reduzir o número de mortes de mulheres por abortos clandestinos em um contexto de criminalização? Sim, vocês estarão pensando: quanta ingenuidade! Com o objetivo posto em conseguir os votos necessários, ante o argumento de que o aborto levava uma carga simbólica negativa, foi proposto maquiá-lo estratégicamente, falando de “interrupção voluntária da gravidez” no seu lugar.
Logo que o projeto foi aprovado no Senado e ingressou à Câmara de Representantes, o grupo parlamentário do FA descobriu que não tinha os votos suficientes para aprovar o projeto sozinho e começou a negociação com outros partidos políticos para atingir o voto faltante. E assim foi que chegou a proposta de incluir uma equipe de profissionais da saúde, “entre os quais se devia incluir un objetor de consciência, para que lhe foram apresentadas todas as alternativas existentes para continuar con sua gravidez, depois do qual era instada a ter alguns dias para refletir para logo confirmar de novo se queria continuar ou não com o procedimento”[iv]. Essa proposta não foi plasmada exatamente na lei atual, mas deixa exposto o ‘espírito’ das armadilhas na mesma. Desde o FA, cientes do alto costo a ser pago pelo “voto número 50”, necessário para a aprovação do projeto de lei na Câmara de Deputados[v], decidiram que tinham que ceder.
Feita a lei, feita a armadilha
Pois bem, como tem afectado essa negociação, que faz parte do processo parlamentário, a vida concreta das mulheres? Primeiro veremos os requisitos e os passos a seguir.
O processo deve começar no Sistema Nacional Integrado de Saúde (SNIS). Todas as mulheres que decidam abortar fora do SNIS estariam cometendo um crime. Dentro das primeiras doze semanas de gravidez a mulher deve “levar ao conhecimento do médico as circunstâncias derivadas das condições em que tem ocorrido a concepção, situações de penúria econômica, sociais ou familiares ou etárias que a seu critério lhe impedem continuar com a gravidez em curso”[vi].
Em seguida, a mulher que deseja abortar deve fazer uma entrevista com uma equipe interdisciplinar de profissionais, que tem a função de oferecer apoio social e psicológico para que a mulher possa fazer uma “decisão consciente e responsável”. A partir desse momento, tem 5 dias para “refletir” sobre sua decisão. Em outras palavras: Diga-nos porque você quer abortar! Privacidade? Nenhuma! E olha, ainda não quera, as opções que existem para que não aborte!, vá para tua casa e pense que tem feito mau, torture-se com a culpa uns dias e volte a ratificar sua decisão de abortar, se é que o tempo transcorrido não foi útil para que se arrependesse, e se é que o sistema ainda não a tiver convencido, do jeito que for, de que deve cumprir com seu papel de mãe e com sua função de reprodutora da força de trabalho!
Também podem abortar sem que seja considerado um crime, mulheres cuja saúde e vida perigam pela gravidez, ou em caso de má-formações que sejam compatíveis com a vida extrauterina, ou quando a gravidez é produto de um estupro.
As armadilhas da lei são, a meu ver, os “obstáculos” para a decisão livre das mulheres, e “oportunidades” para que se cumpra con o objetivo implícito na Lei: dissuadir as mulheres da decisão de abortar.
Algumas organizações feministas tem identificado o que chamam barreiras que impedem o acesso a um aborto legal e seguro. Algumas dessas barreiras são: a dificuldade para cumprir os prazos estabelecidos pela lei, já que ainda quando iniciam o dificultoso procedimento[vii] antes das doze semanas de gravidez[viii] (12 semanas e 6 dias para ser precisa; 14 semanas e 6 dias nos casos de estupro), não atingem terminá-o no tempo estabelecido (seja porque a medicação[ix] não produziu nenhum efeito ou porque não foi suficiente); as demoras no serviço de saúde (maior dificuldade para as mulheres que moram no interior do país, e nas localidades mais afastadas dos centros de saúde); porque as mulheres não vão dentro das 12 semanas à consulta de controle final e, portanto, tem ultrapassado o prazo estabelecido pela lei quando dão conta de que ainda não abortaram.
Mesmo que não seja identificada como uma ‘barreira’, quando a gravidez é produto de um estupro, o aborto legal é possível dentro das catorze semanas, sempre que se presente “constância de denúncia judicial”. Como se a última seja fácil de obter. Como se não fosse amplamente conhecido que uma grande quantidade de casos de estupro não é denunciada, mas calados ou silenciados devido ao estigma social que carregam, a nova vitimização que as mulheres sabem que vão enfrentar, e principalmente quando se trata de uma gravidez produto de abuso sexual intra-familiar.
Em todos esses casos, a própria lei (seus requisitos e seus prazos) e o próprio sistema de saúde terminam obrigando as mulheres a acudir ao mercado clandestino para acessar o Misoprostol, que não é de fácil acesso para todas. É claro que as mulheres que tem os recursos econômicos ainda podem fazer uso do privilégio de acessar todos os cuidados em clínicas privadas.
Talvez a barreira mais significativa é a objeção de consciência[x]. A partir dela, o direito ao exercício do poder médico tem um peso maior que os direitos das mulheres. Ao redor de 30% das/dos ginecólogas/os do país tem se declarado objetores de consciência. Em um dos 19 departamentos do país, Salto, a totalidade dos ginecólogos/as tem dado objeção de consciência. Nesse caso, ao início as mulheres deviam se deslocar a outros departamentos para poder abortar, e desde setembro de 2013 se conseguiu que uma ginecóloga se trasladasse desde Montevidéu a Salto (ao redor de 300 km, equivalente a 6 horas de rota) uma vez por semana.[xi]
Outra das “barreiras” ao acesso a um aborto legal e seguro é a penalização cultural do aborto, isso é, o temor gerado pela estigmatização à mulher que aborta. Impede que muitas mulheres possam conseguir o apoio e acompanhamento que possam precisar, seja no âmbito familiar, laboral, amizades. Muitas tem manifestado também ter sido maltratadas pelo pessoal de saúde, ao expor-as a situações incômodas, incluso não respeitando sua confidencialidade.
Ainda quando as mulheres cumprem com os requisitos estabelecidos pela lei, pode acontecer que escolham abortar na clandestinidade. Isso tem acontecido em alguns casos porque, mesmo que a lei garante a obrigatoriedade da confidencialidade médica, existe o temor, fundamentalmente no interior do país (mas não só) de que o direito à confidencialidade médico-paciente seja fácilmente vulnerado. Além disso, nas localidades mais afastadas e os povoados mais pequenos o risco de ser estigmatizadas é maior[xii].
Mas além de possíveis explicações ou incluso “justificações” à decisão de abortar fora das restrições do marco legal, eu gostaria de deixar planteadas as seguintes perguntas para o debate dentro do movimento feminista latino-americano, um debate que não reconhece fronteiras, como também não o faz a crescente criminalização e brutal onda de violência contra as mulheres: julgaremos desde o movimento feminista a uma mulher que decide abortar fora do marco legal obtido trás décadas de luta?, olharemos para outro lado, indiferentes, às indisciplinadas pelo sistema?, permitiremos que se castigue a uma mulher (também criminalizando-a) por exercer o controle sobre seu próprio corpo e sobre sua própria vida?, vamos aceitar que nossos corpos continuem sendo objeto de tutelagem e legislação?, ou exigiremos poder decidir como, com quem, onde abortar e não negociaremos por nenhum voto a histórica disposição: aborto despenalizado totalmente, livre, seguro e gratuito?
As autoras concluem que no Uruguai, mesmo que não tem desaparecido do discurso feminista “a linguagem crítica da penalização do aborto como dispositivo de controle patriarcal e de tutelagem das mulheres”, com contundente presença na primeira etapa, se tem dissolvido pela necessidade de tecer alianças com outros atores sociais. Considerou-se necessário afrouxar a demanda “para que tivesse maiores possibilidades de ir penetrando as agendas pública, política e governamental”. É assim que a normativa finalmente aprovada “elude o ‘núcleo duro’ da demanda feminista referido à autonomia das mulheres sobre seus corpos”.[xiii]
Concluindo… ou agora mesmo començando.
Moramos em um país onde a violência machista se faz carne no assassinato de vinte mulheres nos primeiros cinco meses do ano 2013, um país onde saem à luz cada vez mais casos de abuso sexual e de explotação sexual comercial de meninas/meninos, adolescentes e jovens (e aqueles que não chegam a ser públicos!) -muitos desses casos no interior do país-, um país que não há muito começou a visibilizar a problemática da trata de mulheres, um país onde a mídia hegemônica castiga, criminaliza, violenta uma e outra vez cada uma dessas mulheres, tornando-as responsáveis.
É na mídia que lemos: “jovem”, “mãe” de um “bebê” de “entre três e cinco meses de gestação”, “meretriz” que mora em um “assentamento” do “interior”, que contava com “clientes uruguaios e estrangeiros de alto poder adquisitivo”, que interrompe a gravidez porque “não pode perder sua fonte de renda” já que disso depende sua família[xiv]. O que não lemos na mídia: seu corpo-explotado para sobreviver ela e sua família; seu corpo-objeto de desejo para aqueles que pagam por sexo; seu corpo-objeto de tutelagem por parte do estado patriarcal e capitalista. E o que também não diz a mídia é que seu corpo é ao mesmo tempo “território de resistência”.
O encerramento dessas duas mulheres indigná-os, gera raiva, dor e uma enorme impotência. A injustiça é dupla, ou triple, e o silêncio agudiza-a… Como muitas mulheres neste país ela seguramente tem que “escolher” entre prostituir-se, trabalhar em uma fazenda pela diária, fazer a limpeza em casas alheias, ou roubar. Ela escolheu esta vez por rejeitas a maternidade e hoje é na prisão. Outras também escolheram (escolhemos) o mesmo, mas não estão (estamos) presa(s). Ela-a outra ajudou ela com o aborto e é encerrada por ser cômplice desse “crime”. Muitas outras-nós não estamos atrás das grades embora tínhamos sido também cômplices em uma ou várias ocasiões desse tipo de “crime”. Entre elas e nós há uma enorme desigualdade. Elas e nósestamos muito longe de ser livres, mas nós as que estamos “fora”, não podemos calar a boca.
Estamos em uma melhor situação no Uruguai em comparação com outros países de nossa América? Com certeza. Ninguém nega. Como também não é possível negar que para muitas mulheres hoje existe a possibilidade de abortar “no marco da lei”, quando antes nos víamos obrigadas a cair em redes clandestinas, muitas delas inseguras. Mas também não podemos negar que o aborto continua sendo um tema de justiça social no Uruguai, porque não todas as mulheres têm as mesmas possibilidades de acessar a um aborto legal, seguro e gratuito sem ser criminalizadas por isso. Também não podemos negar que se há algo que não se tem acabado com a lei IVG, é o controle por parte de “outros” sobre nossas vidas. Não só porque o aborto continua tipificado como un crime no código penal, mas porque a lei IVG é originada com o último fim de nos tutelar e tentar nos persuadir de nossa decisão de abortar. E isso não deve ser esquecido.
O corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os trabalhadores assalariados homens: o principal terreno de seu explotação e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino tem sido apropriado pelo estado e os homens, forçado a funcionar como um meio para a reprodução e a acumulação de trabalho”.[xv]
“toda essa atenção charlatã com a que fazemos barulho em torno da sexualidade desde há dois ou três séculos, não é dirigida a uma preocupação elemental: assegurar a população, reproduzir a força de trabalho, manter a forma das relações sociais, em suma: montar uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora?”[xvi]
Sim. A preocupação elemental trás as negociações ao redor de nossos corpos e nossas vidas continua sendo a mesma: o acesso e controle de nossa capacidade de reprodução para a acumulação capitalista. Uma demanda histórica do movimento feminista no Uruguai não deveria subordinar-se ao possibilismo da política partidária do governo progressista, aos tempos de nenhuma agenda governamental. Não permitamos que se misture ou se dilua o horizonte utópico do feminismo, de uma sociedade justa sem opressões de nenhum tipo, em uma reforma que longe de questionar o sistema patriarcal e capitalista tenta de “suaviza-o”.
Porque somos as netas de todas as bruxas que jamais puderam queimar, vamos seguir abortando, nós mesmas ou acompanhando, amparadas ou não por esta lei. Porque quando abortamos e acompanhamos, na clandestinidade ou na legalidade, abortamos preconceitos, medos, pecados, mandatos, y ao mesmo tempo parimos… parimos resistência, parimos dignidade, parimos sonhos de rebeldia!
[1] Para fins de 2018, a Direção Nacional de Saúde publica um comunicado que exige aos provedores de saúde que tomem as medidas necessárias para o cumprimento da Lei Integral contra a Violência de Gênero, que permite as migrantes sem um ano de residência no Uruguai a interromper sua gravidez nos centros de saúde se sofreram violência de gênero. Mesmo que não é necessário ter uma de denúncia penal, sim é necessário que os provedores de saúde o notifiquem na história clínica da mulher. Uma dose de realidade: quantas e quais mulheres acessam essas informações? Quantas e quais mulheres denunciam uma situação de violência baseada no gênero? Os remendos para uma lei ruim ainda são insuficientes: Vá ser LIVRE!
[2] “(…) as mulheres jovens, pobres e aquelas que moram mais longe dos provedores de serviços de aborto correm mais risco de experimentar barreiras para acessar serviços de aborto seguro, incluindo demoras para reconhecer uma gravidez, dificuldades para fazer uma decisão, medo a ser julgadas pelo procedimento, dificuldades para pagar os serviços, dificuldades para dirigir-se ao local onde os serviços são fornecidos e falta de autonomia”. La Diaria. 29.9.2017 https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/informe-de-mujeres-en-el-horno-da-cuenta-de-obstaculos-para-acceder-al-aborto-legal/
[3] Brecha. 16.03.2018. https://brecha.com.uy/la-sombra-dios/
[4] MYSU. 22.05.2017 http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/mysu-ante-fallo-de-la-suprema-corte-sobre-ley-ive/
[5] MYSU. 28.05.2018 http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
[6] La Diaria. 6.7.2017 https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/se-difundio-video-de-charla-sobre-el-aborto-en-liceo-de-salto/
[i] Para conhecer detalhadamente os requisitos que devemos cumprir as mulheres para que abortar não seja considerado um crime, se pode acudir ao próprio texto da Lei e sua regulamentação, bem como ao manual do Ministério de Saúde Pública.
[ii] Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista [A inserção do aborto na agenda político-pública uruguaia 1985-2013. Uma análise do movimento feminista]. ICP-FCS-UdelaR-Cotidiano Mujer.p.77.
[iii] Idem, p.85.
[iv] Johnson, Niki, Cecilia Rocha e Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista [A inserção do aborto na agenda político-pública uruguaia 1985-2013. Uma análise do movimento feminista]. ICP-FCS-UdelaR-Cotidiano Mujer.p.97.
[v] A proposta que chegou à Câmara de Deputados estabelecia a legalização do aborto dentro das primeiras doze semanas de gestação e sem nenhum tipo de intermediários, mas quando um dos deputados frenteamplistas anunciou que não o votaria, “o voto número 50” foi negociado com um deputado do Partido Independente, quem levava sua própria proposta sobre o assunto. “Diputados votó ley que despenaliza el aborto” [Os deputados votaram a lei que despenaliza o aborto]. El observador, 25.09.2015. Disponível em http://www.elobservador.com.uy/diputados-voto-ley-que-despenaliza-aborto-n233358
[vi] Lei 18.987 Interrupção Voluntária da Gravidez. Disponível em http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor=
[vii] O procedimento consta de quatro consultas: Para conhecer mais detalhes das mesmas, consultar: http://www.medicosdelmundo.org.uy/novedades/article/comenzo-implementacion-de-ley-de
[viii] Mulheres que estão fora dos prazos que estabelece a lei IVG (12 semanas e 6 dias; 14 semanas e 6 dias nos casos de estupro).
[ix] Medicamento que bloqueia a ação da progesterona, hormônio necessário para a continuidade da gravidez, levando à interrupção da gestação por afecção do desenvolvimento embrionário. As mulheres acessam a uma dose de 4 comprimidos e a um comprimido de mifepristona.
[x] “A objeção de consciência é uma prática profissional sustentada pelas convicções morais profundas dos sujeitos (…) O uso da objeção de consciência, para alguns um direito fundamental e para outros um mecanismo institucional para assegurar a proteção dos direitos à consciência e liberdade de pensamento e religião, vem crescendo de forma arbitrária e desmedida por parte de setores –na sua maioria conservadores– que se opõem aos direitos das mulheres, fazendo dela uma barreira e uma bandeira para recusar-se a cumprir os mandatos das leis. Poucos, muitos poucos, fazem objeção de consciência sem tornar a defensa de seus direitos individuais em obstáculos para o acesso a serviços por parte das mulheres”. González Vélez, Ana Cristina. Hablando Claro. Brecha, 31.10.2014
[xi] Mujeres en el Horno. “Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina” [Dia de luta pela despenalização do Aborto na América Latina], Comunicado de imprensa, 28 de setembro de 2014.
[xii] Johnson, Rocha e Schenck, 2015: 108
[xiii] Idem: 111.
[xiv] Ver o tratamento do caso em El País http://www.elpais.com.uy/informacion/maldonado-mujeres-prision-aborto-ilegal.html e El Espectador http://www.espectador.com/sociedad/311525/tres-procesadas-por-aborto-en-maldonado
[xv] Federici, Silvia. 2010. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, -1ra ed. – Buenos Aires: Tinta Limón, p.29.
[xvi] Foucault, M. “História da sexualidade”, citado em Johnson, Rocha e Schenck, 2015: p.71
[1] Hacia fines de 2018 la Dirección Nacional de Salud emite un comunicado que exhorta a los prestadores de salud tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que habilita a las migrantes sin un año de residencia en Uruguay a interrumpir su embarazo en los centros de salud si sufrieron violencia de género. Si bien no es necesario contar con una denuncia penal, sí es necesario que los prestadores de salud lo notifquen en la historia clínica de la mujer. Una dosis de realidad: ¿cuántas y cuáles mujeres acceden a esta información?, ¿cuántas y cuáles mujeres denuncian una situación de violencia basada en género? Los parches a una ley mal parida, siguen siendo insuficientes. ¡Será LIBRE!
[2] “(…) las mujeres jóvenes, pobres y las que viven más lejos de los proveedores de servicios de aborto corren mayor riesgo de experimentar barreras para acceder a servicios de aborto seguro, incluyendo retrasos para reconocer un embarazo, dificultades para tomar una decisión, miedo a ser juzgadas por el procedimiento, dificultades para pagar los servicios, dificultades para desplazarse a donde se proveen los servicios y falta de autonomía”. La Diaria. 29.9.2017 https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/informe-de-mujeres-en-el-horno-da-cuenta-de-obstaculos-para-acceder-al-aborto-legal/
[3] Brecha. 16.03.2018. https://brecha.com.uy/la-sombra-dios/
[4] MYSU. 22.05.2017 http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/mysu-ante-fallo-de-la-suprema-corte-sobre-ley-ive/
[5] MYSU. 28.05.2018 http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
[6] La Diaria. 6.7.2017 https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/se-difundio-video-de-charla-sobre-el-aborto-en-liceo-de-salto/
[i] Para conocer en detalle los requisitos que debemos cumplir las mujeres para que abortar no sea considerado un delito, puede recurrirse al texto mismo de la Ley y su reglamentación, así como al manual del Ministerio de Salud Pública.
[ii] Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista. ICP-FCS-UdelaR-Cotidiano Mujer.p.77.
[iii] Idem., p.85.
[iv]Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista. ICP-FCS-UdelaR-Cotidiano Mujer.p.97.
[v] La propuesta que llegó a la Cámara de Diputados establecía la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y sin ningún tipo de intermediarios pero cuando uno de los diputados frenteamplistas anunció que no lo votaría, se negoció “el voto número 50” con un diputado del Partido Independiente, quien llevaba su propia propuesta sobre el asunto. “Diputados votó ley que despenaliza el aborto”. El observador, 25.09.2015. Disponible en http://www.elobservador.com.uy/diputados-voto-ley-que-despenaliza-aborto-n233358
[vi] Ley 18.987 Interrupción Voluntaria del Embarazo. Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor=
[vii] El procedimiento consta de cuatro consultas. Para conocer el detalle de las mismas, consultar: http://www.medicosdelmundo.org.uy/novedades/article/comenzo-implementacion-de-ley-de
[viii] Mujeres que están fuera de los plazos que establece la ley IVE (12 semanas y 6 días; 14 semanas y 6 días en casos de violación).
[ix] Medicamento que bloquea la acción de la progesterona, hormona necesaria para la continuidad del embarazo, llevando a la interrupción de la gestación por afección del desarrollo embrionario. Las mujeres acceden a una dosis de 4 comprimidos y a un comprimido de mifepristona.
[x] “La objeción de conciencia es una práctica profesional sustentada por las convicciones morales profundas de los sujetos (…) El uso de la objeción de conciencia, para unos un derecho fundamental y para otros un mecanismo institucional para asegurar la protección de los derechos a la conciencia y libertad de pensamiento y religión, viene creciendo de manera arbitraria y desmedida por parte de sectores –en su mayoría conservadores– que se oponen a los derechos de las mujeres, haciendo de ella una barrera y una bandera para negarse a cumplir los mandatos de las leyes. Pocos, muy pocos, hacen objeción de conciencia sin convertir la defensa de sus derechos individuales en obstáculos para el acceso a servicios por parte de las mujeres.” González Vélez, Ana Cristina. Hablando Claro. Brecha, 31.10.2014
[xi] Mujeres en el Horno. “Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina”, Comunicado de prensa, 28 de Setiembre de 2014.
[xii] Johnson, Rocha y Schenck, 2015: 108
[xiii] Idem: 111.
[xiv] Ver el tratamiento del caso en El País http://www.elpais.com.uy/informacion/maldonado-mujeres-prision-aborto-ilegal.html y El Espectador http://www.espectador.com/sociedad/311525/tres-procesadas-por-aborto-en-maldonado
[xv] Federici, Silvia. 2010. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, -1era ed. – Buenos Aires: Tinta Limón, p.29.
[xvi] Foucault, M. “Historia de la sexualidad”, citado en Johnson, Rocha y Schenck, 2015: p.71
Militante feminista integrante de los colectivos Minervas (Uruguay), Magdalenas-Teatro de las Oprimidas, y Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo.
