Revuelta popular en Colombia: la represión del gobierno y las masacres no frenan las protestas

Arte: Pilar Emitxin con fotografía de Lorna Alomia

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Durante ocho días consecutivos, las calles de decenas de ciudades colombianas se han transformado en el escenario de las protestas del Paro Nacional contra el paquete de proyectos de ley neoliberales; reforma tributaria, sanitaria y de pensiones, presentado por el gobierno de Duque. Las protestas, que fueron seguidas inmediatamente por una brutal represión estatal, que se recrudece noche tras noche, comenzaron el pasado 28 de abril y nunca han cesado. El Primero de mayo vio a cientos de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país y tras esa jornada, cada día se han venido anunciando nuevamente bloqueos, marchas y paros en toda Colombia desde las primeras horas de la mañana.

Durante la noche del 2 de mayo, el presidente Duque anunció la retirada de la reforma fiscal, con la intención de volver a presentar el texto al Congreso con revisiones por el momento no especificadas. Los organizadores de la huelga dicen que es una importante «batalla ganada pero que no pararemos hasta que el gobierno retire todo el paquete de reformas, que incluye la sanitaria, la laboral y la de las pensiones, hasta que haya justicia para las personas asesinadas, detenidas y heridas en estos días de movilización, hasta que se desmilitaricen las ciudades».

La crisis sanitaria desencadenada por la pandemia, además de causar la muerte de 76.015 personas hasta el 5 de mayo (con miles recuperándose), ha elevado la tasa de pobreza al 42%, empeorando dramáticamente la situación social en un país donde el hambre es una realidad cotidiana para importantes sectores de la población.

Además de este brutal plan de ajuste y del aumento del costo de la vida, el gobierno propone otra reforma que agudizará la privatización del sistema de salud, imponiendo recortes a los hospitales públicos e introduciendo varias normas, entre ellas la póliza adicional por enfermedad, sin la cual las personas no podrán ser atendidas, dándole mayor discrecionalidad sobre las tarifas a las EPS -Entidades Prestadoras de Servicios de salud-, atentando así contra el derecho de las y los Colombianos a tener una vida digna y saludable.

La situación humanitaria en todo el país también es preocupante: Según los datos publicados por la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP, organismo de justicia transicional con competencia en temas relacionados con el conflicto armado] desde la firma de los Acuerdos de Paz [los Acuerdos de La Habana que fueron firmados por el expresidente Santos con representantes de las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular en 2016] han sido asesinadxs 904 líderes y lideresas sociales y defensorxs de los derechos humanos y 276 excombatientes de las FARC-EP.

La complejidad del contexto social y la crisis económica, social y humanitaria que vive el país, y un proyecto de ley que de hecho defiende y amplía los privilegios y exenciones fiscales de las multinacionales y el capital financiero, hacen que «el 83% de la población respalda el Paro Nacional y las medidas de protesta desplegadas en todo el territorio», como afirmó la lideresa social Olga Quintero, miembro del Comité Operativo Nacional de la organización política Marcha Patriótica.

En los últimos años, las movilizaciones indígenas, afro y campesinas se han sumado a las de estudiantes, sindicatos, organizaciones populares y vecinales, expresando la amplitud de la composición social que manifiesta su oposición a las políticas que atentan contra el bienestar del país. Pero el gobierno, con el apoyo de algunxs congresistas y líderes políticos locales, prefirió adoptar una línea militarista en lugar de dar respuestas al malestar generalizado que vive el país.

Desde el Primero de Mayo, las ciudades de Pasto, Popayán, Bogotá, Medellín, Montería, Soacha, Cali, Pereira, Bucaramanga, Buenaventura y muchas otras zonas rurales han sido militarizadas y han sido escenario de una cruel represión estatal. Ese día, miles de personas exigieron la desmilitarización de las ciudades, el cese inmediato de la violencia contra los líderes y lideresas sociales, lxs excombatientes y los pueblos indígenas, el retiro definitivo de la reforma tributaria y de la salud y el fin del apoyo estatal a las grandes empresas, que persisten en el despojo y el acaparamiento de tierras que pertenecen a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Comunidades en lucha y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la violación de las garantías constitucionales para la protesta social. También se constató la infiltración de oficiales vestidos de civil, que realizaron actos de vandalismo para justificar los ataques de las fuerzas armadas. La organización no gubernamental Temblores y la red Defender la Libertad también denunciaron otras irregularidades en el trabajo de la policía, como el uso de armas no convencionales prohibidas por el derecho internacional humanitario, y la detención de 831 personas, la mayoría de ellas bajo arresto en instalaciones no institucionales, llevada a cabo por agentes que no estaban identificados; 1780 casos documentados de violencia policial, 37 asesinatos, 222 víctimas de violencia física, 22 lesiones oculares, 10 casos de violación sexual, casos de tortura y 42 casos de violencia y abusos contra periodistas de medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos.

La capital del Valle del Cauca es una de las principales ciudades colombianas, con dos millones y medio de habitantes, que ha sido duramente golpeada por la crisis económica y pandémica, y por un vertiginoso aumento de la pobreza que ha alcanzado índices muy altos en poco tiempo. Según los últimos datos, casi la mitad de la población vive actualmente por debajo de la línea de pobreza (la cifra ha pasado del 21% en 2019 al 36% en 2020, con un 13% de indigentes, datos del DANE).

Esta capital ha sido uno de los principales puntos de la movilización y se ha convertido en un símbolo de la resistencia en todo el país. Los bloqueos de todos los accesos a la ciudad, puentes y carreteras, las movilizaciones en los barrios, las marchas desde las universidades y en el centro de la ciudad se han repetido durante horas sin parar. Durante los días de protesta ha habido ataques contra las instituciones bancarias, centros comerciales y transportes públicos, también se han repetido los saqueos en supermercados y tiendas en varios barrios. A lo largo de las noches, la policía ha sobrevolado la ciudad con helicópteros, ha cortado el suministro eléctrico en varios barrios populares y ha habido disparos y represión policial hasta bien avanzada la madrugada.

Ante la gravedad de la crisis humanitaria, las organizaciones de derechos humanos celebraron una rueda de prensa en la tarde del 30 de abril en Cali, retransmitida por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, para determinar la «responsabilidad política en la cadena de mando de las fuerzas del orden y exigir que se investiguen las responsabilidades de quienes dieron la orden a la fuerza pública de cometer abusos y actos de delincuencia».

El balance de la jornada de protestas en la capital vallecaucana es dramático: detenciones arbitrarias, varixs desaparecidxs, 25 personas asesinadas por la policía (entre ellas dos menores de edad), al menos 44 heridxs graves y una mujer violada por agentes del escuadrón antidisturbios de la policía – Esmad. A ello se suman las innumerables solicitudes de apoyo psicológico para quienes han sufrido acoso, abusos sexuales y psicológicos por parte de la policía. Para añadir a una situación ya dramática, el Ministro de Salud anunció la interrupción del programa de vacunación contra el Covid- 19 en Cali, como una forma de presión más en contra de los manifestantes.

Se hizo un llamamiento a la solidaridad internacional para denunciar la política autoritaria del gobierno colombiano y se pidió a las organizaciones internacionales que se pronunciaran a favor del alto el fuego. En la misma línea, la coordinación social y política del movimiento Marcha Patriótica pidió apoyo internacional para denunciar los hechos ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apoyar el legítimo derecho a la movilización social. Los movimientos sociales y populares reclaman en sus comunicados la necesidad de restablecer la división de poderes en el Estado, que fue suspendida por el ejecutivo desde el 28 de abril para poder hacer un uso indiscriminado de la fuerza en los territorios urbanos y rurales, denunciando una vez más la política antidemocrática y autoritaria del gobierno de Iván Duque.

El Paro Nacional es la expresión de un pueblo que se moviliza por la defensa de la vida, la salud, la educación, los territorios y el derecho a disentir, un pueblo que se rebela con dignidad contra la arbitrariedad del gobierno. Estas son las características fundamentales de una democracia, pero que se niegan en Colombia, donde la violación sistemática de los derechos humanos, del derecho a la vida digna y a la integridad física de los líderes y las lideresas sociales, sindicales, comunitarixs, de las organizaciones universitarias y de la población en general está hoy a la orden del día.

En estos días ha vuelto a resonar en el país el lema «A parar para avanzar”, nacido de las movilizaciones de 2019 contra el gobierno y que llevó a meses de intensas movilizaciones hasta el estallido de la pandemia.

Como parte de este proceso social y organizativo, la consigna del pueblo Misak «A tumbar para avanzar, con la fuerza de la gente» [a tumbar -las estatuas-] para «tumbar a los gobiernos que siempre han usado la violencia contra el pueblo y contra todos los colombianos», como lo afirma Edgar Velasco, secretario del Movimiento Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO).

En un debate organizado por el Centro de memorias étnicas, Velasco concluyó su discurso de la siguiente manera: «sólo podremos llevar a cabo esta lucha con protestas masivas y huelgas permanentes. Invitamos a todos a formar alianzas y movilizarse en las ciudades y calles convocando a una minga en cada sector, para construir un gobierno desde nosotros y para nosotros, con el apoyo y la solidaridad política, jurídica y académica necesaria para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre este país cada día.

El dos de mayo, la Minga indígena, afro y campesina del Cauca inició una caravana hacia la ciudad de Cali para apoyar la lucha popular contra el gobierno, anunciando la posibilidad de hacer una caravana a la capital del país si no se retira el paquete de reformas. La protesta se extiende y va más allá de la oposición a las reformas individuales, se responsabiliza al gobierno y al sistema político y económico injusto de estar masacrando al país.

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Revolta popular na Colômbia: repressão do governo e os massacres não param os protestos

Por Adriana Villarreal García y Natalia Hernández Fajardo

Tradução: Amanda Martínez

Durante oito dias consecutivos, as ruas de dezenas de cidades colombianas foram transformadas no cenário dos protestos da Greve Nacional contra o pacote de projetos de lei neoliberais; reforma tributária, sanitária e previdenciária, apresentada pelo governo Duque. Os protestos, que foram imediatamente seguidos por uma brutal repressão estatal, que se intensifica noite após noite, começaram no dia 28 de abril passado e nunca mais cessaram. O 1º de maio viu centenas de milhares de pessoas nas ruas das principais cidades do país e após esse dia, bloqueios, marchas e greves foram anunciados novamente todos os dias em toda a Colômbia, desde as primeiras horas da manhã.

Durante a noite de 2 de maio, o Presidente Duque anunciou a retirada da reforma tributária, com a intenção de reapresentar o texto ao Congresso com revisões ainda não especificadas. Os organizadores da greve dizem que é uma importante «batalha ganha, mas não vamos parar até que o governo retire todo o pacote de reformas, incluindo saúde, trabalho e pensões, até que haja justiça para aqueles mortos, detidos e feridos nestes dias de mobilização, até que as cidades sejam desmilitarizadas».

A crise sanitária desencadeada pela pandemia, além de causar a morte de 76.015 pessoas até 5 de maio (com milhares ainda em recuperação), aumentou a taxa de pobreza para 42%, piorando dramaticamente a situação social em um país onde a fome é uma realidade diária para importantes setores da população.

Além deste brutal plano de ajuste e do aumento do custo de vida, o governo propõe outra reforma que intensificará a privatização do sistema de saúde, impondo cortes nos hospitais públicos e introduzindo diversas regras, incluindo a política adicional para doenças, sem a qual as pessoas não poderão ser tratadas, dando maior discrição sobre as tarifas às Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde (EPS), atacando assim o direito dos colombianos e colombianas a ter uma vida digna e saudável.

A situação humanitária em todo o país também é preocupante: De acordo com dados publicados pela Jurisdição Especial para a Paz [JEP, um órgão de justiça transitório com jurisdição sobre questões relacionadas ao conflito armado] desde a assinatura dos Acordos de Paz [os Acordos de Havana que foram assinados pelo ex-presidente Santos com representantes das agora desmanteladas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo em 2016] 904 líderes sociais e defensores dos direitos humanos e 276 ex-combatentes das FARC-EP foram mortos.

A complexidade do contexto social e a crise econômica, social e humanitária que o país atravessa, e um projeto de lei que de fato defende e amplia os privilégios e isenções fiscais das multinacionais e do capital financeiro, significa que «83% da população apóia a Greve Nacional e as medidas de protesto implantadas em todo o território», como afirmou a líder social Olga Quintero, membro do Comitê Operacional Nacional da organização política Marcha Patriotica.

Nos últimos anos, mobilizações indígenas, afro e camponesas se uniram às de estudantes, sindicatos, organizações populares e de bairro, expressando a amplitude da composição social que expressa sua oposição às políticas que ameaçam o bem-estar do país. Mas o governo, com o apoio de alguns congressistas e líderes políticos locais, preferiu adotar uma linha militarista em vez de responder à agitação generalizada no país.

Desde o dia 1º de maio, as cidades de Pasto, Popayán, Bogotá, Medellín, Montería, Soacha, Cali, Pereira, Bucaramanga, Buenaventura e muitas outras áreas rurais foram militarizadas e têm sido cenário de cruel repressão estatal. Naquele dia, milhares de pessoas exigiram a desmilitarização das cidades, a cessação imediata da violência contra líderes sociais, ex-combatentes e povos indígenas, a retirada definitiva da reforma tributária e sanitária, e o fim do apoio estatal ao grande capital, que persiste na desapropriação e apropriação de terras pertencentes a comunidades indígenas e afrodescendentes.

Comunidades em luta e várias organizações de direitos humanos denunciaram a violação das garantias constitucionais para protesto social. Eles também notaram a infiltração de oficiais em roupas civis, que realizavam atos de vandalismo para justificar os ataques das forças armadas. A organização não governamental Temblores e a rede Defender la Libertad também denunciaram outras irregularidades no trabalho da polícia, como o uso de armas não convencionais proibidas pelo direito humanitário internacional, e a detenção de 831 pessoas, a maioria delas presas em instalações não institucionais, realizada por agentes que não foram identificados; 1780 casos documentados de violência policial, 37 assassinatos, 222 vítimas de violência física, 22 lesões oculares, 10 casos de estupro, casos de tortura e 42 casos de violência e abuso contra jornalistas independentes da mídia e defensores dos direitos humanos.

A capital do Valle del Cauca é uma das principais cidades colombianas, com dois milhões e meio de habitantes, que foi duramente atingida pela crise econômica e pandêmica, e por um aumento vertiginoso da pobreza que atingiu taxas muito altas em pouco tempo. De acordo com os últimos dados, quase metade da população vive agora abaixo da linha de pobreza (o número aumentou de 21% em 2019 para 36% em 2020, com 13% indigente, dados do DANE).

Esta capital tem sido um dos principais pontos de mobilização e se tornou um símbolo de resistência em todo o país. Os bloqueios de todos os acessos à cidade, as pontes e estradas, as mobilizações nos bairros, as marchas das universidades e no centro da cidade se repetem por horas sem parar. Durante os dias de protesto houve ataques contra instituições bancárias, centros comerciais e transporte público, também houve repetidos saques em supermercados e lojas em vários bairros. Durante as noites, a polícia sobrevoou a cidade com helicópteros, cortou o fornecimento de eletricidade em vários bairros populares e houve tiroteios e repressão policial até altas horas da madrugada.

Diante da gravidade da crise humanitária, as organizações de direitos humanos realizaram uma coletiva de imprensa na tarde de 30 de abril em Cali, transmitida pela Rede de Direitos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, para determinar a «responsabilidade política na cadeia de comando das forças da ordem e para exigir que sejam investigadas as responsabilidades daqueles que ordenaram às forças públicas que cometessem abusos e atos de criminalidade».

O balanço do dia dos protestos na capital do Vale do Cauca é dramático: prisões arbitrárias, vários desaparecidos, 25 pessoas mortas pela polícia (incluindo dois menores), pelo menos 44 feridos graves e uma mulher estuprada por agentes da esquadra de choque da polícia – Esmad. A isto se somam os inúmeros pedidos de apoio psicológico para aqueles que sofreram assédio, abuso sexual e psicológico por parte da polícia. Para somar a uma situação já dramática, o Ministro da Saúde anunciou a interrupção do programa de vacinação Covid-19 em Cali, como mais uma forma de pressão contra os manifestantes.

Foi feito um apelo à solidariedade internacional para denunciar a política autoritária do governo colombiano e as organizações internacionais foram convidadas a se pronunciar a favor do cessar-fogo. Na mesma linha, a coordenação social e política do movimento Marcha Patriotica pediu apoio internacional para denunciar os eventos perante o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos e para apoiar o legítimo direito à mobilização social. Os movimentos sociais e populares exigem em seus comunicados a necessidade de restaurar a divisão de poderes no Estado, que foi suspensa pelo executivo desde 28 de abril para fazer uso indiscriminado da força em territórios urbanos e rurais, denunciando mais uma vez a política antidemocrática e autoritária do governo de Iván Duque.

A Greve Nacional é a expressão de um povo que se mobiliza em defesa da vida, da saúde, da educação, dos territórios e do direito à dissidência, um povo que se rebela com dignidade contra a arbitrariedade do governo. Estas são as características fundamentais de uma democracia, mas são negadas na Colômbia, onde a violação sistemática dos direitos humanos, do direito à vida com dignidade e da integridade física dos líderes sociais, sindicais e comunitários, das organizações universitárias e da população em geral estão hoje na ordem do dia.

Nesses dias, o slogan «Pare para avançar», nascido das mobilizações de 2019 contra o governo e que levou a meses de intensas mobilizações até o surgimento da pandemia, ressoou novamente no país.

Como parte deste processo social e organizacional, o slogan do povo Misak «A derrubar para avançar, com a força do povo» [para derrubar as estátuas] para «derrubar os governos que sempre utilizaram a violência contra o povo e contra todos os colombianos», como afirma Edgar Velasco, secretário do Movimento de Autoridades Indígenas do Sudoeste (AISO).

Em um debate organizado pelo Centro de Memórias Étnicas, Velasco concluiu seu discurso da seguinte forma: «só conseguiremos realizar esta luta com protestos massivos e greves permanentes». Convidamos todos a formar alianças e se mobilizar nas cidades e nas ruas, pedindo uma minga em cada setor, para construir um governo a partir de nós e para nós, com o apoio e a solidariedade política, jurídica e acadêmica necessária para enfrentar as ameaças que assolam este país todos os dias.

Em 2 de maio, a Minga indígena, afro e camponeses do Cauca iniciaram uma caravana para a cidade de Cali para apoiar a luta popular contra o governo, anunciando a possibilidade de uma caravana para a capital do país se o pacote de reformas não for retirado. O protesto vai além da oposição às reformas individuais, responsabilizando o governo e o injusto sistema político e econômico pelo massacre do país.

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Popular Revolt in Colombia: Government Repression and Massacres Do Not Stop the Protests

By Adriana Villarreal García y Natalia Hernández Fajardo

Translation: Liz Mason-Deese

For eight consecutive days, the streets of dozens of Colombian cities have been transformed into a stage of protests for the National Strike against the neoliberal legislative proposals—tax, health care, and pension reforms—presented by President Iván Duque’s government. The protests, which were immediately countered with brutal state repression, started on April 28 and have continued without stop, instead intensifying night after night. On May 1, hundreds of thousands of people took to the streets in the country’s main cities and new blockades, marches, and strikes continue to be announced every day. 

On the night of May 2, Duque announced that he was withdrawing the tax reform with the intention of resubmitting it to Congress with as-of-yet unspecified revisions at a later date. Strike organizers say that “an important battle has been won but we won’t stop until the government withdraws the entire reform bill, which includes health care, labor, and pension reforms, until there is justice for the people who have been killed, detained, and injured during the protests, until the cities are demilitarized.”

The health crisis unleashed by the pandemic, in addition to causing more than 76,015 deaths as of May 5 (with thousands more still in recovery), has also led to a major increase in the poverty rate, which now reaches 42%, and extreme poverty is now at 15%. This has dramatically worsened the social situation in which hunger is a daily reality for large sectors of the population.

In addition to the brutal austerity measures and increased cost of living, the government has proposed another reform that would exacerbate the privatization of the health care system, cutting funding to public hospitals and introducing new regulations. These include requiring an insurance supplement for illness, without which people cannot be treated, and giving service providers greater discretion over fees. All of this is a direct attack on the Colombian peoples’ right to a dignified and healthy life. 

The humanitarian situation is alarming across the country. According to data published by the  Jurisdicción Especial para la Paz [Special Jurisdiction for Peace, a transitional justice mechanism dealing with matters related to the armed conflict], since the signing of the Peace Accord between the government and the FARC-EP (Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s Army) in 2016, 904 leaders of social, environmental, and human rights movements have been murdered, along with 276 ex-combatants of the FARC-EP. 

Due to this complex social situation, the economic, social, and humanitarian crisis, and the proposed legislation that would defend and expand the privileges and tax exemptions for multinational corporations and financial capital, “83% of the population supports the National Strike and the protests taking place across the territory,” confirmed Olga Quintero, leader of the Comité Operativo Nacional de Marcha Patriótica [National Operating Committee of the political party, Patrotic March].

In recent years, Indigenous, Afro-Colombian, and peasant mobilizations have joined students, unions, popular and neighborhood organizations in an expression of the country’s broad social composition; and demonstrating generalized opposition to policies that attack the country’s well-being. However, the government, with the support of some Congress members and local political leaders, has preferred to adopt a militaristic approach instead of addressing the generalized discontent in the country.  

Since May 1, the cities of Pasto, Popayán, Bogotá, Medellín, Montería, Soacha, Cali, Pereira, Bucaramanga, Buenaventura, and many rural areas have been militarized and have become scenes of cruel repression and state violence. That day, thousands of people demanded the demilitarization of cities, an immediate stop to the violence against movement leaders, ex-combatants, and Indigenous peoples, the definitive withdrawal of the tax and health care reform, and the end of state support to large corporations that continue with the dispossession and land grabs of Indigenous and Afro-descendant territories. 

Communities in struggle and diverse human rights organizations have denounced the violation of the constitutional right to protest. Additionally, there have been confirmed reports of infiltration by undercover agents who engaged in vandalism to justify subsequent attacks by the armed forces. The non-governmental organization Temblores and the Defender la Libertad network also denounced further irregularities in police action, such as the use of unconventional weapons prohibited by international human rights law and the arrest of 831 people, most of them being held in non-institutional facilities by non-identified agents; 1780 documented cases of police violence, 37 people murdered by the police, 222 victims of physical violence, 22 eye injuries, 10 cases of sexual violence, several cases of torture, and 42 cases of violence and abuse against the independent media and human rights defenders. 

Cali, the capital of the Valle del Cauca department, is one of the most important cities in Colombia with two and a half million inhabitants. It has been especially hard hit by the economic and pandemic crisis and a staggering increase in poverty, which has reached very high rates in a very short time. According to the latest data, almost half the population currently lives under the poverty line (from 21% in 2019 to 36% in 2020, with 13% in extreme poverty, according to data from the national statistics bureau, DANE). 

The city has been one of the central points of the mobilization and has become a symbol of resistance across the country. Blockades of all access points to the city, bridges and highways, mobilizations in neighborhoods, marches from the universities and downtown, have continued for hours without stopping. In the first days of the protests, there were attacks against banking institutions, shopping centers, and public transportation, along with looting of supermarkets and shops in several neighborhoods. During the night, the police have flown helicopters over the city, cut off electricity in several working-class neighborhoods, and terrorized and repressed the people of Cali and nearby towns well into the early hours of the morning.   

Faced with the severity of the humanitarian crisis, human rights organizations held a press conference on April 30, which was rebroadcast by the Francisco Isaias Cifuentes Human Rights Network, and called for determining the “political responsibility in the chain of command of security forces and investigation into the responsibilities of those who gave the order to commit abuses and criminal acts.” 

The outcome of the days of protest in Cali is dramatic: arbitrary detentions, several people disappeared, 25 people killed by the police (including two under the age of 18), at least 44 serious injuries, and one woman sexually assaulted by the anti-riot police squadron (ESMAD). Additionally, there have countless requests for psychological support by those who have been sexually and psychologically abused and harassed by the police. To top off this already dramatic situation, the Health Ministry announced that it was interrupting the vaccination program against Covid-19 in Cali, as a way to apply pressure against protesters. 

Social movements and human rights organizations have called for international solidarity to denounce the Colombian government’s authoritarian policies, urging international organizations to demand a ceasefire. Along the same lines, the social and political coordinating body of Marcha Patriótica called for international support to denounce these events to the International Criminal Court and the Inter-American Court of Human Rights, and to back the legitimate right to social mobilization. In their statements, social and community movements emphasize the need to reestablish the state’s division of powers, which was suspended by the executive branch on April 28 in order to enable the indiscriminate use of force in urban and rural territories, again denouncing the anti-democratic and authoritarian politics of Iván Duque’s government. 

The National Strike is the expression of a population mobilizing in defense of life, health, education, territories, and the right to dissent; and it is the people’s dignified rebellion against the government’s arbitrariness. These are the fundamental elements of a democracy, which are being denied in Colombia, where human rights are being systematically violated, and the bodily integrity of leaders from social movements, unions, and community and university organizations and the population in general is now constantly under attack. 

During these days, the slogan “striking/stopping in order to advance”—that originally emerged from the mobilizations against the government in 2019, which led to months of intense protests up until the outbreak of the pandemic—has echoed across the country again.

As part of this organizational process, we find the slogan of the Misak people “Knocking down in order to advance, with the strength of the people,” referring to knocking down the statues of conquistadors and other oppressors, to “knock down the governments that have always used violence against the people and against all Colombians,” as Edgar Velasco, secretary of the Movimiento Autoridades Indígenas del Sur Occidente [Movement of Indigenous Authorities of the Southwest] affirms. 

In a debate organized by the Ethnic Memories Center, Velasco concluded his intervention by saying: “We can only carry out this struggle with massive protests and constant strikes. We invite everyone to form alliances and mobilize in cities and on the streets, to call a minga [collective work/struggle] in every sector, to build a government of and for ourselves, with the political, legal, and academic support and solidarity necessary to confront the threats that loom over the country every day.” 

On May 2, the Indigenous, Afro, and Campesina Minga of Cauca began a caravan toward the city of Cali to support the popular struggle against the government, announcing the option of leading a caravan to the country’s capital if the government does not back down on the reforms. The protest expands and goes beyond opposition to individual reforms, it holds the government and the entire political and economic system responsible for massacring the country.