Velaton Nacional e Internacional. Fuentes: El Espectador, El País, Informe.mx

 

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…la sabiduría consiste en el arte de descubrir, por detrás del dolor, la esperanza

Subcomandante Marcos

 

por Cristina Amariles y Adriana Villarreal

 

Escribimos con dolor y rabia, dos emociones que se combinan y que no sabríamos decir cuál prima. La violencia en Colombia nunca ha parado: en los barrios, en los campos, en las ciudades… la muerte como un acto cotidiano que hemos hecho parte de lo ‘normal’. Paramilitares, guerrilla, estado, bandas delincuenciales, narcotráfico. Las víctimas son siempre las mismas: las personas del común, gente del campo, jóvenes.

 

Nuestros sueños de paz (convertidos en pesadilla)

Luego de un proceso de acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC (2012-2016), la esperanza llegó a gran parte de la población: la guerrilla más antigua del continente entregaría las armas y se incorporaría a la vida civil. El fin de la guerra habría llegado y le dijimos a Mauricio Babilonia que podría soltar sus mariposas amarillas. Pero, el 2 de octubre de 2016. el gobierno de Juan Manuel Santos convocó a un plebiscito para que la población aprobara los acuerdos y ganó el NO. Fue de los días más tristes de nuestras vidas: el dolor de patria nos recorría el cuerpo y las lágrimas bajaban sin parar. ¿Por qué dijimos que no a la paz?

La violencia política en Colombia es funcional a una forma de acumulación que, en el caso colombiano, está orientada a la concentración de la riqueza para las élites terratenientes regionales, las industriales urbanas  y, a partir de los años 70, las clases emergentes por el negocio del narcotráfico. Es desde este lugar que las élites han construido un discurso hegemónico que permea a toda la población y tristemente hemos naturalizado la guerra y la dominación.

Y así, en la cotidianidad de las personas ha calado un discurso guerrerista que no nos permite ver lo que hay detrás de esta guerra imparable y que repele agresivamente cualquier planteamiento distinto y alternativo. A las personas que alzan la voz y generan acciones transformadoras se les señala y se les mata. El tránsito de nuestras vidas se hace en medio del aval a la muerte: la aniquilación a los malos que supuestamente son esos “malditos guerrilleros que tanto mal le han hecho a Colombia”.

Desde el comienzo de los acuerdos de paz esta narrativa se ha posicionado desde decires sin sustento teórico ni análisis de contexto nacional e internacional; se apela a la crisis venezolana, tienen un sesgo sobre la realidad cubana (“castrochavismo”), se rechaza la perspectiva de género y – tras una mirada misógina, homofóbica, tránsfoba- se la acusa de ser una “ideología de género”, persiste el terror al comunismo y el socialismo, entre otros. Estas ideas que se repiten van formando una opinión común y terminan definiendo las riendas de un país marcado por la desinformación.

Como consecuencia, la ultraderecha colombiana -que impulsó el rechazo a los acuerdos de paz- logró que se hicieran varias modificaciones al texto de los acuerdos respecto a la participación política de quienes entregaban las armas, el enfoque de género (específicamente con relación a la vulneración de la diversidad), la jurisdicción especial de paz (que fue derrotada en los últimos días en el congreso por Álvaro Uribe Vélez), entre otros cambios nefastos.

 

Desde el NO a la paz hacia el triunfo electoral de la ultraderecha en caída libre

De manera análoga esta doctrina reaccionaria se consolidó en las elecciones presidenciales 2018-2022. Junto con el “Había que acabar con ese acuerdo de paz para que la guerrilla pague por el mal que ha hecho”, siguen los significados que permean la conversación del común que llega a las urnas buscando a un patriarca que acabe realmente con la violencia. Finalmente, para conseguir el triunfo se  sumaron el poder económico y la compra de votos, las amenazas por parte de grupos paramilitares y la maquinaria de Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático quienes eligieron a un candidato que 6 meses antes de las elecciones nadie conocía, y que se presentó como “yo voto por el que diga Uribe”.

Así ganó en Colombia un discurso violento, guerrerista y paramilitar, de muerte simbólica y real de lo diferente. Un país que es el tercero más desigual del mundo, en donde los niños y niñas mueren de hambre, 56 de cada 100 colombianos no completan el secundario, que además tiene más desaparecidos que los que hubo en las dictaduras del Cono Sur, y lidera la lista de países con mayor cantidad de refugiados internos. En Colombia la violencia y la pobreza son parte de la realidad y quienes la denuncian, se organizan y lideran propuestas, sufren la estigmatización, el asesinato, el desplazamiento y/o la judicialización.

Según cifras del Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) hasta el 5 de julio 123 líderes y/o defensora/es de DDHH habían sido asesinada/os durante el año 2018 y a partir de la segunda vuelta presidencial (cuyo triunfador fue el candidato de la ultraderecha Iván Duque Márquez) se está dando un alarmante aumento de estos crímenes. Lo que vemos este año es el recrudecimiento de una situación sistemática que desde el año 2016 viene cobrando víctimas, van 262 asesinatos de líderes sociales.

Hoy lloramos a mujeres y hombres valientes que denuncian las injusticias, la precariedad de las condiciones de vida y el daño al medio ambiente y que también hacen propuestas y preguntas, se hacen visibles desde posturas políticas y sociales distintas de la guerrerista y han tomado la voz y la acción para defender los territorios y la vida exigiendo el respeto por los derechos humanos.

El 80,48 % de estas víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal u organizaciones étnicas. Otro 13 % tenía relación con los pactos de sustitución o la erradicación forzada de cultivos de coca. El 83,19% de los homicidios fueron por conflictos por la tierra, el territorio y los recursos naturales. Específicamente el 34,14% de las víctimas eran integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 17, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.

Los departamentos donde más se presentaron estos asesinatos fueron aquellos en donde existen planes integrales del Acuerdo de Paz, como los PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) y las Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) -Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Estas son zonas con altos niveles de pobreza y una débil institucionalidad que trae aparejada una fuerte presencia grupos ilegales; en ellas se ha intentado adelantar planes de sustitución de cultivos de coca y también explotaciones de oro y aluvión.

 

Mapa. Fuente: Defensoría del pueblo
Mapa. Fuente: Defensoría del pueblo

 

Los actores armados con presencia en estos territorios son el paramilitarismo (como el Clan del golfo), las disidencias de las FARC, el ELN, las organizaciones criminales tipo C (que prestan sus servicios al mejor postor y tienen incidencia local), y autores particulares. Muchos de estos lugares fueron dejados por las FARC después de su desmovilización y en ellos nuevos grupos buscan tener el poder y las rentas. En este contexto de empobrecimiento y baja institucionalidad empiezan a tener presencia, aprovechando la oportunidad, los carteles mexicanos de droga y la minería ilegal.

 

¿Quién dijo que todo está perdido?

Aunque la ultraderecha colombiana, encarnada en Álvaro Uribe Vélez y su partido el Centro democrático, ha venido eligiendo presidente de la república desde 2002 (aunque en 2014 se constituyeron en oposición pues su otrora aliado Juan Manuel Santos decidió llevar adelante las negociaciones con las FARC) y  a pesar el triunfo del NO en el plebiscito, a partir de los diálogos por la paz un porcentaje nada despreciable de la población ha empezado a rechazar la guerra y su discurso de violencia y estigmatización.

Así, en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales el candidato de izquierda Gustavo Petro Urrego obtuvo más de 8 millones de votos, casi cuadruplicando la mejor elección que ha tenido la izquierda colombiana a lo largo de su historia. El exalcalde de Bogotá, con el apoyo de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afrodescendientes y llevando adelante una campaña inédita, logró convencer con su programa de gobierno a vastos sectores populares y de clase media y además capitalizó los votos de quienes hoy rechazan la criminalidad de la ultraderecha y la retórica de la guerra.

En este contexto adverso y doloroso nos quedan la esperanza, la resistencia y alzar la voz para decir #NiUnMinutoDeSilencio #NosEstánMatando. El viernes 6 de julio, miles de colombianas y colombianos que amamos la vida en todas sus formas, la paz y la diversidad encendimos velas en las plazas del país y a nivel internacional para visibilizar y rechazar la grave situación humanitaria que vuelve a agudizarse en Colombia.

Denunciamos un nuevo gobierno que quiere hacer trizas los acuerdos de paz, que se silencia frente a las muertes de líderes sociales y que tiene fuertes nexos con el paramilitarismo. Los denunciamos y los hacemos responsables de esta situación. Nos declaramos sensibles, comprometidos y no aceptamos la aniquilación de los y las líderes sociales en Colombia. NO PASARÁN.

 

 

#ESTÃONOSMATANDO

 

…a sabedoria consiste na arte de descobrir, atrás da dor, a esperança

Subcomandante Marcos

 

Velaton Nacional e Internacional. Fuentes: El Espectador, El País, Informe.mx
Velaton Nacional e Internacional. Fuentes: El Espectador, El País, Informe.mx

 

por Cristina Amariles e Adriana Villarreal

 

Escrevemos com dor e raiva, duas emoções que se combinam e que não sabemos dizer qual prevalece. A violência na Colômbia nunca cessou: nos bairros, no campo, nas cidades, a morte como um ato cotidiano transformado em parte do ‘normal’. Paramilitares, guerrilha, estado, gangues criminosas, tráfico de drogas. As vítimas são sempre as mesmas: as pessoas comuns, gente do campo, jovens.

 

Nosso sonhos de paz (transformados em pesadelo)

 Logo de um processo de acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC (2012-2016), a esperança chegou a grande parte da população: a guerrilha mais antiga do continente entregaria as armas e se incorporaria à vida civil. O fim da guerra havia chegado e dissemos a Mauricio Babilonia que ele podia soltar suas borboletas amarelas¹. Porém, no dia 2 de outubro de 2016, o governo de Juan Manuel Santos convocou um plebiscito para que a população aprovasse os acordos, e ganhou o NÃO. Foi um dos dias mais tristes de nossas vidas: a dor da pátria percorria nossos corpos e as lágrimas caiam sem parar. Por que dizemos não à paz?

A violência política na Colômbia é funcional e também uma forma de acumulação que, no caso colombiano, está orientada à concentração da riqueza para as elites latifundiárias regionais, as indústrias urbanas e, a partir dos anos 70, as classes emergentes pelo tráfico de drogas. É desde este lugar que as elites construíram um discurso hegemônico que permeia toda a população e, tristemente, naturalizamos a guerra e a dominação.

E assim, no cotidiano das pessoas incorporou-se um discurso belicista que não nos permite ver o que há atrás dessa guerra incontrolável  e que repele agressivamente qualquer abordagem diferente e alternativa. As pessoas que levantam a voz e geram ações transformadoras são marcadas e mortas. O trânsito de nossas vidas acontece no meio do endosso à morte: a aniquilação dos malvados que, supostamente, são esses “malditos guerrilheiros que tanto mal causaram a Colômbia”.

Desde o começo dos acordos de paz, essa narrativa se posicionou a partir de falas sem suporte teórico nem análise de contexto nacional e internacional; se apela à crise venezuelana, há uma parcialidade sobre a realidade cubana (“castrochavismo”), se rejeita a perspectiva de gênero e – através de um olhar misógino, homofóbico, transfóbico – é acusada de se uma “ideologia de gênero”, persiste o terror ao comunismo e ao socialismo, entre outras coisas. Essas ideias que se repetem vão formando uma opinião comum e terminam tomando as rédeas de um país marcado pela desinformação.  

Como consequência, a extrema-direita colombiana – que impulsionou a rejeição aos acordos de paz – conseguiu várias modificações ao texto dos acordos relativos a participação política dos que entregavam as armas, a abordagem de gênero (especificamente com relação a violação da diversidade), a jurisdição especial de paz (que foi derrotada nos últimos dias no Congresso por Álvaro Uribe Vélez), entre outras mudanças nefastas.

 

Do NÃO à paz em direção ao triunfo eleitoral da extrema-direita em queda livre

Analogamente esta doutrina reacionária foi consolidada nas eleições presidenciais de 2018-2022. Juntamente com o “Há que acabar com esse acordo de paz para que a guerrilha pague pelo mal que fez”, seguem os significados que permeiam a conversa da pessoa comum que chega às urnas buscando a um patriarca que acabe realmente com a violência. Finalmente, para conseguir o triunfo, somaram-se o poder econômico e a compra de votos¹, as ameaças por parte de grupos paramilitares e a maquinaria de Álvaro Uribe e seu partido, o Centro Democrático, que elegeram a um candidato que há 6 meses antes das eleições não era conhecido por ninguém, e que se apresentou como “eu voto pelo que diga Uribe”.

Assim ganhou em Colômbia um discurso violento, belicista e paramilitar, de morte simbólica e real do diferente. Um país que é o terceiro mais desigual do mundo¹, onde os meninos e meninas morrem de fome², 56 de cada 100 colombianos não completam o ensino médio³, que além do mais tem mais desaparecidos do que aqueles das ditaduras do Cone Sul4, e lidera a lista de países com maior quantidade de refugiados internos. Na Colômbia a violência e a pobreza são parte da realidade e os que as denunciam, se organizam e lideram propostas, sofrem a estigmatização, o assassinato, o deslocamento e/ou a judicialização.

Segundo cifras do Indepaz (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz) até o dia 5 de julho, 123 líderes e/ou defensores dos direitos humanos haviam sido assassinados durante o ano de 2018 e a partir do segundo turno presidencial (cujo triunfante foi o candidato da extrema-direita Iván Duque Márquez) está acontecendo um alarmante aumento desses crimes. O que vemos esse ano é a recrudescência de uma situação sistemática que desde o ano de 2016 vem cobrando vítimas, já são 262 assassinatos de líderes sociais.  

Hoje choramos por mulheres e homens valentes que denunciam as injustiças, a precariedade das condições de vida e o dano ao meio ambiente e que também fazem propostas e perguntas, se fazem visíveis a partir de posturas políticas e sociais diferentes da belicista e tomaram a voz e a ação para defender os territórios e a vida, exigindo o respeito pelos direitos humanos.

Um 80,48% dessas vítimas faziam parte de organizações campesinas, Conselhos de Ação Comunitária ou organizações étnicas. Outros 13% tinham relação com os pactos de substituição ou a erradicação forçada de plantações de coca. Um 83,19% dos homicídios foram por conflitos pela terra, o território e recursos naturais. Específicamente um 34,14% das vítimas eram integrantes das organizações nacionais que conformam a Cúpula Agrária, Campesina, Étnica e Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 17, PCN 3, Congresso dos Povos 2 e Rios Vivos 2) e da Confederação Comunal da Colômbia 16.

Os departamentos onde esses assassinatos ocorreram com mais frequência foram aqueles onde existem planos integrais do Acordo de Paz, como os PDET (Programas de desenvolvimento com enfoque territorial) e as Zomac (Zonas mais Afetadas pelo Conflito Armado)¹ – Cauca (19), Antioquia (18) e Norte de Santander (11), Valle de Cauca (11), Córdoba (9) e Nariño (8). Estas são zona com altos níveis de pobreza e uma institucionalidade fraca que traz consigo uma forte presença de grupos ilegais; nessas zonas tentaram adiantas planos de substituição de cultivos de coca e também explorações de ouro e aluvião.

 

Mapa. Fuente: Defensoría del pueblo
Mapa. Fuente: Defensoría del pueblo

 

Os atores armados com presença nesses territórios são o paramilitarismo (como o Clã do Golfo), as dissidências das FARC, o ELN, as organizações criminais tipo C (que prestam seus serviços ao melhor licitante e têm incidência local), e autores particulares¹. Muitos desses lugares foram deixados pelas FARC depois de sua desmobilização e neles novos grupos buscam obter o poder e a renda. Nesse contexto de empobrecimento e baixa institucionalidade começam a ter presença, aproveitando a oportunidade, os cartéis mexicanos de droga e a mineração ilegal.  

 

Quem disse que tudo está perdido?

Ainda que a extrema-direita colombiana, encarnada em Álvaro Uribe Vélez e seu partido, o Centro Democrático, venha elegendo presidentes da república desde 2002 (ainda que em 2014 se constituíram em oposição, pois seu aliado de outrora, Juan Manuel Santos, decidiu levar adiante as negociações com as FARC) e apesar do triunfo do NÃO no plebiscito, a partir dos diálogos pela paz, uma porcentagem nada desprezível da população começou a rejeitar a guerra e seu discurso de violência e estigmatização.

Assim, no segundo turno das eleições presidenciais passadas, o candidato de esquerda Gustavo Petro Urrego obteve mais de 8 milhões de votos, quase quadruplicando a melhor eleição que teve a esquerda colombiana ao longo de sua história. O ex-prefeito de Bogotá, com o apoio de organizações sociais, indígenas, campesinas e afrodescendentes e levando adiante uma campanha inédita, conseguiu convencer com seu programa de governo a vastos setores populares e de classe médica e ainda mais, capitalizou os votos dos que hoje rejeitam a criminalidade da extrema-direia e a retórica da guerra.

Nesse contexto adverso e doloroso nos resta a esperança, a resistência e levantar a voz para dizer #NemUmMinutoDeSilêncio #EstãoNosMatando. Na sexta-feira 6 de julho, milhares de colombianas e colombianos que amam a vida em todas as suas formas, a paz e a diversidade, acenderam velas nas praças do país e também a nível internacional para visibilizar e rejeitar a grave situação humanitária que volta a aguçar-se na Colômbia.

Denunciamos um novo governo que quer rasgar em pedaços os acordos de paz, que se cala frente a morte de líderes sociais e que tem forte conexão com o paramilitarismo. Denunciamos e responsabilizamos a eles por essa situação. Nos declaramos sensíveis, comprometidos e não aceitamos a aniquilação dos líderes sociais na Colômbia. NÃO PASSARÃO.

 

 

Adriana Villarreal y Cristina Amariles son colombianas, residentes en Argentina desde hace nueve y cinco años, respectivamente.

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