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El aborto inducido, o como también se conoce, la interrupción voluntaria del embarazo no planificado, no deseado, no esperado es un tema polémico, que genera grandes diferencias de opiniones y confrontaciones que involucran lo moral, lo religioso y lo personal. Mientras que, por otro lado, el aborto espontáneo no refleja mayores cuestionamientos sociales ni juicios morales.

La interrupción voluntaria de un embarazo es una realidad y ocurre de manera frecuente. Las mujeres desde los principios de la humanidad han recurrido a interrumpir su embarazo de manera voluntaria para evitar continuar con uno no deseado. Ninguna mujer se embaraza para luego abortar. El aborto ocurre como último recurso, ya que las mujeres quedan embarazadas sin quererlo a pesar del uso de los métodos anticonceptivos. Como sabemos los métodos anticonceptivos bien sean naturales, hormonales o de barrera, no son 100% efectivos. Es decir que existe un porcentaje de riesgo en el que la mujer se puede quedar embarazada. Las mujeres más desfavorecidas, quienes no cuentan con recursos económicos, son las que más riesgos tienen a quedar embarazadas. Además, la falta de educación formal y de información en materia de salud sexual y salud reproductiva incrementa el riesgo.

En Venezuela el aborto es ilegal. De hecho, nuestro código penal que data desde 1897,  tipifica el aborto como un delito; es permitido sólo cuando la gestante corre riesgo de muerte y tal restricción en lugar de disminuir el número de abortos,  los incrementa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que en los países donde el aborto está completamente prohibido, éste se permite solamente para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, en contextos donde 1 de cada 4 abortos es seguro, lleva a pensar que restringir el acceso al aborto legal no reduce el número de ellos. Es decir, su ilegalidad no reduce su práctica.

Los abortos inseguros se practican con personas poco o nada capacitadas para realizarlos, muchos de ellos llevan a la ingesta de brebajes tóxicos o la introducción de objetos punzantes por la vagina, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres ya que trae como consecuencia abortos incompletos. Es decir la presencia de restos del embrión en el interior de la mujer provoca hemorragias, infecciones cervicales, vaginales y uterinas e inclusive puede producir infertilidad y muerte. Sin embargo, no todas las mujeres están expuestas a la realización de abortos inseguros. Quienes tienen acceso económico pueden realizarse un aborto en clínicas privadas con condiciones sanitarias seguras y con personal de salud calificado o también pueden acceder a las pastillas mifepristona o  misoprostol, mientras que las mujeres más pobres son víctimas de la ilegalidad. Las mujeres empobrecidas son quienes ponen en riesgo su salud y son las que mueren por abortos mal practicados. Por ende, el aborto inseguro es problema de salud pública.

Según la feminista venezolana Teresa Sosa (2009)1)https://palabrademujer.wordpress.com/?s=aborto+en+venezuela, la lucha por la despenalización del aborto en Venezuela se inició a principios de la década de los 80, con la publicación del libro: En defensa del Aborto en Venezuela (1979), escrito por la autora, bióloga, socióloga y feminista venezolana Giovanna Machado. Para Sosa, este libro acaparó titulares en los medios de comunicación del país, promovió debates en distintos espacios y se convirtió en un texto pionero de la lucha en Latinoamérica.

Cabe resaltar que el motivo que inspiró a Giovanna Machado a investigar y escribir tal obra fue la muerte de una mujer en 1976. Una como cualquier otra, que decidió escoger el momento de ser madre y recurrió al aborto para interrumpir su embarazo. Arriesgó su vida en la práctica de un aborto inseguro y clandestino y, días después su cuerpo fue hallado en una carretera.

Hacia 1981, la Federación Médica Venezolana (FMV) en su XXXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea por la modificación de la Ley del Ejercicio de la Medicina, presentó como ponencia central el “El aborto en Venezuela”. Dicha ponencia argumentaba que el aborto debía ser visto como un problema de salud pública y además se reconoció que en los países donde las leyes son favorables para la práctica del aborto había contribuido significativamente a la reducción de la problemática.

En la FMV el gremio médico aprobó la práctica del aborto en las siguientes circunstancias: por razones médicas de la madre (cuando estuviere en estado de gravedad o en peligro su vida), por razones de malformaciones en el feto o cuando la mujer haya sido víctima de violación sexual. Asimismo, se recomendó al Congreso Nacional -hoy Asamblea Nacional- la modificación de la legislación vigente a fin de que se pudiera interrumpir el embarazo legalmente bajo las causales ya señaladas, pero por otro lado, rechazaba el aborto libre y permitía a los profesionales de la medicina interrumpir el embarazo siempre que existiera evidencia de que el mismo fuera por fines terapéuticos, en caso de violación sexual, o cuando existieran lesiones físicas o intelectuales que impiden o interfieran la vida del feto.

Se planteó también que tales procedimientos sólo podían ser practicados a solicitud de los padres, o de la madre cuando no exista unión legítima o no haya reconocimiento del padre, o a solicitud del representante legal de la mujer mediante consentimiento expreso y por escrito. Los médicos especialistas eran los únicos en certificar tales solicitudes y debían ser aceptadas por una Comisión Especial designada a tal efecto. Para ello, la FMV determinó la creación de una comisión encargada de solicitar al Congreso Nacional la revisión del Código Penal y así  realizar las reformas pertinentes en materia de aborto.

Para ese momento el Congreso de la República estaba a la espera de la reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina. En el seno de la ponencia participaron académicas venezolanas; se contó además con la presencia de los medios de comunicación. Pero la arremetida de la Iglesia Católica se hizo presente y esto ocasionó que el Congreso de la República rechazara la propuesta en materia del aborto. Ya es bien sabido el poder que ejerce la Iglesia Católica en toma de decisiones del gobierno nacional y sobre todo cuando  se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas.

La FMV, como primer esfuerzo en la despenalización del aborto en Venezuela constituye un hecho importante. Sin embargo, se debe destacar que el énfasis que se le da al aborto como problema de salud pública, que en realidad lo es, sólo constituye un arista del problema. Paralelamente, colocar a los profesionales de la medicina en un lugar central a la hora de tomar la decisión sobre el aborto y quienes en definitiva tienen la potestad de realizar o no la interrupción, pone a la mujer en una condición de tutelaje sin la posibilidad y libertad de tomar la decisión por ellas mismas.

Posteriormente, hacia mediados de 1986 se elaboró un proyecto de reforma del Código Penal presentado al Congreso de la República en el que despenalizaba el aborto en casos de violación sexual. Este proyecto fue analizado por la doctora Sonia Sgambatti en su trabajo de ascenso como profesora de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en el que expone sus argumentos a favor del aborto. Sin embargo, el código penal no fue reformado.

En los años 90, Venezuela entra en un proceso de inestabilidad política y económica, debido a los sucesos históricos de la rebelión popular “el Caracazo” de 1989 debido al paquetazo económico, el intento de Golpe de Estado por parte de Hugo Chávez en 1992, el enjuiciamiento y destitución del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, lo que llevó a la presidencia provisional de Ramón J. Velásquez. Estos sucesos dejan de lado y a la sombra la situación de las mujeres en nuestro país.

En 1998, cuando Hugo Chávez Frías gana las elecciones presidenciales y, con la iniciativa de la reforma constitucional que fue aprobada con el 80% de los votos en un referéndum consultivo realizado en abril de 1999, se procede a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este fue un momento histórico sin presedente en el que participaron diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, diversos partidos políticos en la redacción de una nueva Carta Magna de cara a los nuevos tiempos.

Créditos: Las Comadres Púrpuras
Fotos: Las Comadres Púrpuras.

La participación de los movimientos de mujeres y de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos se hizo notar en la construcción de la nueva constitución. Los objetivos contemplaban lograr el reconocimiento y conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, propiciar debates públicos y posicionar a la RedPob2)La RedPob fue fundada con la misión de promover el cumplimiento de los acuerdos logrados y suscritos en Venezuela en la conferencia de El Cairo. Estuvo integrada por 12 ONGs representativas del área de salud sexual y reproductiva del país. La RedPob, participó en la elaboración de leyes, destacándose el trabajo en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1998) y la inclusión de artículos referidos a los derechos sexuales y reproductivos en la Ley Orgánica de Protección a Niños y Adolescentes (1998). como promotora de estos derechos en el país. El objetivo prioritario de la RedPob fue la no inclusión del derecho a la vida desde la concepción lo que permitió dejar abierta la posibilidad de generar debates posteriores, aunque la despenalización del aborto no fue un tema de mayor peso en el proceso constituyente, era necesario garantizar una nueva Carta Magna lo suficientemente flexible para permitir legislar sobre la despenalización del aborto en tiempos venideros.

Para ese momento, las y los asambleístas reconocían la existencia de dos agendas: la política y la de un movimiento social que luchaba por la consagración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. La salida a esta coyuntura fue lograr un consenso en una redacción que no limitara el avance con respecto a los derechos sexuales y reproductivos.  

Algunos de los logros obtenidos fueron: 1) la no inclusión del derecho a la vida desde la concepción; 2) la consagración del derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho; 3) los avances significativos en las disposiciones dirigidas a garantizar la protección, goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de la ciudadanía; 4) La libertad de religión y de culto, con énfasis en que nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a cualquier ciudadano/a el ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, con la instauración de la Quinta República (la República Bolivariana de Venezuela), se hace necesaria la revisión de los demás instrumentos jurídicos en concordancia con los avances sustentados en la nueva Carta Magna. Es así que se comenzaron a dar las iniciativas para modificar el Código Penal, esta vez la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de un arduo trabajo de más de dos años realizado por un equipo de 15 abogados, hace público el Anteproyecto de Código Penal en 2004. Es menester resaltar que aunque este anteproyecto recogía importantes innovaciones hacia la despenalización del aborto, fue hecho a puertas cerradas, no hubo consulta alguna a la sociedad civil ni al movimiento de mujeres.

Recientemente, colectivos feministas del país han dado pasos importantes para impulsar la despenalización del aborto. En 2007 en el marco de la Reforma Constitucional y en el 2010 se dan nuevas iniciativas de reforma del Código Penal. Aunque resultó contradictorio que en tiempos de revolución bolivariana llamada socialista y de izquierda las propuestas para las reformas del Código Penal nunca se aprobaron.

Luego, en el año 2017 representantes de la Red de Colectivos La Araña Feminista, Red de Información para el Aborto Seguro (RIAS) y Frente Cultural de Izquierda (FCI) entregaron un documento a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para promover su debate amplio hacia la despenalización. Aún se está esperando respuesta.

Actualmente, en medio de una crisis profunda en lo económico, político y social y, con una nueva redacción de otra Carta Magna (esta vez sin la participación amplia de sectores plurales de la sociedad, partidos políticos y colectivos feministas), las mujeres venezolanas nos enfrentamos a graves problemáticas, y por ende, a grandes desafíos: el incremento de la mortalidad materno/infantil en un 67%3)https://www.aporrea.org/actualidad/a245990.html debido a la precarización de los centros de salud pública, el imposible acceso a medicamentos, la alta desnutrición por el difícil acceso a la alimentación, por citar sólo algunas.

En el mismo marco, las mujeres enfrentan la insifuciencia de métodos anticonceptivos; los pocos que hay, son excesivamente costosos. Si a esto le sumamos la ausencia de una política educativa en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos en la educación formal en todos los niveles, se puede decir que existen las condiciones favorables para embarazos no deseados, no planificados. De hecho, Venezuela es el segundo país de la región con más alto embarazos en adolescentes y niñas.

Asimismo, al ser el aborto ilegal, las pastillas mifepristona y misoprostol también son ilegales. Esto favorece la especulación: cada pastilla tiene un valor exorbitante y se necesitan 12 para interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas -según protocolo de la OMS- por lo que no todas las mujeres pueden adquirirlas. Esta ilegalidad favorece el contrabando, la compra-venta de las pastillas se realiza de manera clandestina con personas nada confiables, y sumado al desconocimiento que se tiene de las pastillas, se da lugar para el engaño, a que nos vendan pastillas para el dolor de cabeza en lugar de las misoprotol, incrementando el nivel de angustia y estrés de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

No obstante, los tiempos difíciles requieren siempre de acciones para contrarrestarlos o al menos para no abandonar la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Es así como en marzo del 2018 en el marco del Día Internacional de la Mujer nosotras, las Comadres Púrpuras colectivo feminista, autónomo, venezolano, decolonial publicamos el libro: Gancho, Canela y Sangre: De interrupción venimos a hablar4)https://lascomadrespurpuras.com/descarga-gancho-canela-y-sangre/. Este libro recoge testimonios de 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, tres de esos testimonios reflejan la experiencia de mujeres que acompañaron a otras a hacerlo. Estas voces no son más que el reflejo de la difícil experiencia física, psíquica y espiritual por la que pasa toda mujer que decide interrumpir; así como la violencia a la que es sometida por parte de médicos, médicas y enfermeras de los hospitales públicos cuando llegan en proceso de aborto. Pero, sin lugar a dudas, estos casos también reflejan el empoderamiento femenino, la opción a escoger, la libertad de decidir sobre nuestras vidas a pesar de cualquier sanción. La libertad de decidir si queremos o no ser madres, cuándo serlo y cuántos hijos e hijas tener. La lucha por el derecho a decidir es ardua y no descansaremos hasta alcanzarlo.

 

ABORTO NA VENEZUELA: A ÁRDUA LUTA PELA LEGALIZAÇÃO DO DIREITO DE DECIDIR.

 

Fotos: Las Comadres Púrpuras.
Fotos: Las Comadres Púrpuras.

Tradução por Juliana Mercuri

O aborto é um tema polêmico que gera grandes diferenças de opinião e confrontos relacionados à moral, ao religioso e ao pessoal. Esse quadro se intensifica quando falamos de aborto induzido, também conhecido como interrupção voluntária de gravidez não planejada, indesejada, inesperada; em contraposição o aborto espontâneo que não provoca grandes questionamentos sociais ou julgamentos morais.

A interrupção voluntária de uma gravidez é uma realidade e ocorre com frequência. Desde o início da humanidade as mulheres recorreram de maneira voluntária a interrupção da gravidez para evitar uma gravidez indesejada. Nenhuma mulher engravida e depois aborta. O aborto ocorre como último recurso, uma vez que mulheres engravidam contra sua vontade e apesar do uso de métodos contraceptivos. Como sabemos, os métodos contraceptivos, sejam naturais, hormonais ou de barreira, não são 100% eficazes. Isso quer dizer que existe um percentual de risco, que torna possível que a mulher engravide. As mulheres mais desfavorecidas, que não possuem recursos financeiros, são as que correm maior risco de engravidar. Além disso, a falta de educação formal e informações sobre saúde sexual e reprodutiva aumentam o risco.

Na Venezuela, o aborto é ilegal. Aliás, nosso código penal, datado de 1897, é um dos mais restritivos e tipifica o aborto como crime. (O procedimento) só é permitido quando a gestante apresenta risco de vida. Tal restrição, em vez de diminuir o número de abortos, pelo contrário, aumenta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que nos países onde o aborto é completamente proibido ou permitido apenas para salvar a vida de uma mulher ou preservar sua saúde física, apenas 1 em 4 abortos é seguro. Ou seja, restringir o acesso legal não reduz o número de abortos: a ilegalidade não reduz a prática.

Os abortos inseguros são praticados por pessoas pouco ou nada treinadas para realizá-los,  pela a ingestão de misturas tóxicas ou a introdução de objetos pontiagudos dentro da vagina, colocando em perigo a saúde das mulheres e resultando em abortos incompletos. Em outras palavras, a presença do embrião permanece dentro da mulher, causando hemorragias, infecções cervicais, vaginais e uterinas, causando até mesmo infertilidade e morte. No entanto, nem todas as mulheres estão expostas a abortos inseguros. Aquelas que têm acesso econômico a um aborto podem realiza-lo em clínicas privadas com saneamento seguros e profissionais de saúde qualificados ou acessar pílulas de mifepristone ou misoprostol enquanto que, as mulheres mais pobres são vítimas de ilegalidade, são as que arriscam sua saúde e as que morrem de abortos espontâneos. Portanto, o aborto inseguro é um problema de saúde pública.

Segundo a feminista venezuelana Teresa Sosa (2009) 5)https://palabrademujer.wordpress.com/?s=aborto+en+venezuela, a luta pela descriminalização do aborto na Venezuela começou no início dos anos 1980, com a publicação do livro: Em defesa do aborto na Venezuela (1979), escrito pela autora , bióloga, socióloga e feminista venezuelana Giovanna Machado. Para Sosa, este livro que foi manchete nos meios de comunicação do país, promoveu debates em diferentes espaços e tornou-se um texto pioneiro da luta na América Latina.

Cabe destacar que o motivo que inspirou Giovanna Machado a investigar e escrever tal obra foi a morte de uma mulher, em 1976. Uma mulher como qualquer outra, que decidiu escolher o momento de ser mãe e recorreu ao aborto para interromper sua gravidez. Ela arriscou sua vida praticando um aborto inseguro e clandestino e dias depois seu corpo foi encontrado em uma rodovia.

Em 1981, a Federação Médica Venezuelana (FMV), em sua XXXVI Reunião Ordinária da Assembleia para a emenda da Lei sobre o Exercício da Medicina, apresentou como discurso de abertura a “Questão Oficial: Aborto na Venezuela”. Esta apresentação argumentou que o aborto deveria ser visto como um problema de saúde pública e também reconheceu que, em países onde há leis favoráveis à prática do aborto, estas contribuíram significativamente para a redução do problema.

Na FMV a associação médica aprovou a prática do aborto nas seguintes circunstâncias: por razões médicas da mãe (quando se encontra em estado de grave ou em risco de vida), por malformações no feto ou quando a mulher foi vítima de estupro. Mesmo assim, recomendou-se ao Congresso Nacional – agora Assembleia Nacional – a modificação da legislação vigente para interromper a gravidez legalmente pelas causas já mencionadas. Por outro lado, se rejeitou o aborto gratuito e se permitiu que os profissionais da medicina interrompessem a gravidez sempre que houvesse evidências de que fosse realizado para: fins terapêuticos, no caso de estupro, ou quando houvesse lesões físicas ou intelectuais que impedissem ou interferissem na vida do feto.

Também se propôs que tais procedimentos só poderiam ser realizados a pedido dos pais, ou da mãe, quando não houvesse união legítima ou não houvesse reconhecimento do pai, ou a pedido do representante legal da mulher, mediante consentimento expresso e por escrito. Os médicos especialistas eram os únicos a certificar tais pedidos que tinham que ser aceitos por uma Comissão Especial nomeada para esse fim. Para isso, a FMV determinou a criação de uma comissão encarregada de solicitar ao Congresso Nacional a revisão do Código Penal e, assim, realizar as reformas pertinentes em matéria de aborto. Nesse momento, o Congresso da República aguardava a reforma da Lei do Exercício da Medicina. No seio dessa proposição participaram acadêmicas venezuelanas. Além disso, os meios de comunicação estiveram presentes. Mas o ataque da Igreja Católica se fez presente e isso fez com que o Congresso da República rejeitasse a proposta sobre o aborto. O poder exercido pela Igreja Católica na tomada de decisões do governo nacional é bem conhecido, especialmente quando se trata do direito das mulheres de decidir suas vidas.

Como um primeiro esforço para a descriminalização do aborto na Venezuela esses são fatos  importantes. No entanto, vale destacar que a ênfase dada ao aborto como um problema de saúde pública, como de fato o é, apenas representa uma aresta do problema. Por outro lado, colocar os profissionais de medicina em uma posição central na hora de tomar a decisão sobre o aborto e como quem, em última análise, tem o poder de fazer ou não a interrupção, coloca a mulher em uma condição de tutela, sem possibilidade nem liberdade de tomar a decisão por si mesma.

Posteriormente, em meados de 1986, se elaborou um projeto de reforma do Código Penal (que foi) apresentado ao Congresso da República, no qual se descriminalizava o aborto em casos de estupro. Este projeto foi analisado pela Dra. Sonia Sgambatti em seu trabalho de ascenso ao cargo de professora da Cátedra de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Central da Venezuela, no qual apresentou seus argumentos em favor do aborto. No entanto, o código penal não foi reformado.

Já na década de 90, a Venezuela entra em um processo de instabilidade política e econômica. Devido aos acontecimentos históricos da rebelião popular “O Caracazo”, de 1989, motivado pelas medidas econômicas, (seguido pela) a tentativa de golpe de Hugo Chávez em 1992, e a acusação e destituição do então Presidente Carlos Andrés Pérez, que levou de Ramón J. Velásquez à presidência provisória, a situação das mulheres no nosso país foi deixada de lado e à sombra.

Em 1998, quando Hugo Chávez Frías vence as eleições presidenciais, e com a iniciativa da reforma constitucional, aprovada com 80% dos votos em um referendo consultivo realizado em abril de 1999, uma Assembleia Nacional Constituinte é convocada. Este foi um momento histórico sem precedentes, no qual diferentes setores da sociedade civil, organizações de mulheres e vários partidos políticos participaram da elaboração de uma nova Carta Magna que buscava refletir os novos tempos.

Fotos: Las Comadres Púrpuras.
Fotos: Las Comadres Púrpuras.

A participação do movimento de mulheres e a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos foram notórios. Seus objetivos contemplaram o reconhecimento e a conceituação dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, fomentando debates públicos e posicionando a RedPob 6)RedPob foi fundada com a missão de promover o cumprimento dos acordos alcançados e assinados na Venezuela na conferência do Cairo. Foi integrado por 12 ONGs representativas da área de saúde sexual e reprodutiva do país. RedPob, participou da elaboração de leis, enfatizando o trabalho na Lei de Violência contra a Mulher e a Família (1998) e a inclusão de artigos referentes a direitos sexuais e reprodutivos na Lei Orgânica de Proteção à Criança e ao Adolescente ( 1998). como promotora desses direitos no país. O objetivo prioritário do RedPob foi a não inclusão do direito à vida desde a concepção, o que permitiu deixar em aberto a possibilidade de promover debates subsequentes. Embora a descriminalização do aborto não fosse uma questão importante no processo constituinte, era preciso garantir uma nova Carta Magna suficientemente flexível que permitisse legislar sobre a descriminalização do aborto futuramente.

Naquela época, os e as assembleístas reconheciam a existência de duas agendas, de um lado, a política, e de outro, a de um movimento social que lutava pela consagração dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. A saída para essa situação foi obter consenso em uma redação que não limitava o progresso em relação aos direitos sexuais e reprodutivos.

Algumas das conquistas obtidas foram: 1) a não inclusão do direito à vida desde a concepção; 2) a consagração do direito dos casais de decidir livre e responsavelmente o número de filhas e filhos que desejam conceber e ter as informações e os meios que lhes assegurassem o exercício desse direito; 3) progressos significativos nas disposições destinadas a garantir a proteção, o gozo e o exercício dos direitos humanos pelos cidadãos; 4) A liberdade de religião e culto, com ênfase em que ninguém pode invocar crenças ou disciplinas religiosas para evitar o cumprimento da lei ou para impedir qualquer cidadão/ã de exercer  seus direitos.

No entanto, com o estabelecimento da Quinta República: a República Bolivariana da Venezuela, é necessária a revisão dos demais instrumentos jurídicos de acordo com os avanços sustentados pela nova Carta Magna. Deram-se iniciativas para modificar o Código Penal, desta vez, o Conselho de Administração do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) após um árduo trabalho de mais de dois anos levado a cabo por uma equipe de 15 advogados, tornou pública a Minuta do Código Penal em 2004. É necessário destacar que, embora este anteprojeto reúna inovações importantes para a descriminalização do aborto, ele foi realizado a portas fechadas, sem consulta à sociedade nem ao movimento de mulheres.

Mais recentemente, coletivos feministas do país deram passos importantes para promover a descriminalização, no marco da Reforma Constitucional em 2007, e novamente, em uma nova iniciativa para reformar o Código Penal em 2010. Resulta contraditório que, em tempos de revolução bolivariana, chamada de socialista e de esquerda, as propostas para as reformas do Código Penal nunca tenham sido aprovadas.

No ano de 2017, representantes da Rede Coletiva A Aranha Feminista, a Rede de Informações para o Aborto Seguro (RIAS) e a Frente Cultural Esquerda (FCI) entregaram um documento à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) para promover um amplo debate em direção à descriminalização. Ainda se espera a resposta.

Atualmente, em meio a uma profunda crise econômica, política e social e, com a elaboração de outra Carta Magna, desta vez (realizada) sem a ampla participação de setores plurais da sociedade, partidos políticos e grupos feministas, as mulheres venezuelanas estão enfrentando sérios problemas e, portanto, grandes desafios: o aumento da mortalidade materno-infantil em 67%, devido à precariedade dos centros de saúde pública, o impossível acesso a medicamentos, a alta desnutrição devido ao difícil acesso à alimentação, para citar apenas alguns exemplos.

Além disso, não há métodos contraceptivos suficientes, e os poucos que estão disponíveis , são excessivamente caros. Se (a esse cenário) acrescentarmos a ausência de uma política educacional sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos na educação formal em todos os níveis, pode-se afirmar que há condições favoráveis para as gravidezes indesejadas, não planejadas. De fato, somos o segundo país da região com as mais gravidezes em adolescentes e meninas.

Sendo assim, como o aborto é ilegal, as pílulas de mifepristona e misoprostol também são ilegais. Isso favorece a especulação: cada comprimido tem um valor exorbitante e são necessários 12 para interromper uma gravidez antes de 12 semanas, conforme o protocolo da OMS, e nem todas as mulheres podem adquiri-las. A ilegalidade também favorece o contrabando, a compra-venda é realizada de forma clandestina com pessoas pouco confiáveis, e somada à ignorância que se tem das pílulas, dá lugar a golpes, (como por exemplo), a venda de comprimidos para a dor de cabeça no lugar do misoprotol, aumentando assim o nível de angústia e estresse das mulheres que decidem interromper.

Não obstante, tempos difíceis sempre exigem ações para neutralizá-los ou, pelo menos, para não se abandone a luta pelo direito das mulheres de decidir sobre o nosso corpo. Assim, em março 2018, como parte do Dia Internacional da Mulher, nós, Las Comadres Púrpuras, coletivo feminista, autônomo, venezuelano e decolonial publica o livro: Gancho, Canela e Sangue: viemos falar Interrupção. 7)https://lascomadrespurpuras.com/descarga-gancho-canela-y-sangre/ Este livro contém depoimentos de 10 mulheres que decidiram interromper a gravidez, 3 desses depoimentos refletem a experiência de mulheres que acompanharam outras pessoas a fazê-lo. Tais testemunhos não são mais do que um reflexo da difícil experiência física, psíquica e espiritual pela qual passa toda mulher que decide interromper (a gravidez), como também a violência a qual é submetida por médicos, médicas e enfermeiros de hospitais públicos quando chegam em processo de aborto. Mesmo assim, sem dúvida, também reflete o empoderamento feminino, a opção de escolher, a liberdade de decidir sobre nossas vidas, apesar de qualquer sanção. A liberdade de decidir se queremos ou não ser mães, quando ser mães e quantos filhos temos. A luta pelo direito de decidir é difícil e não vamos descansar até chegarmos lá.

 

Traduzido por Juliana Mercuri

Somos un grupo de amigas, parias y rebeldes. Nos dimos cuenta que la brujería y los movimientos paganos comunicacionales son lo nuestro. Aún pateando calle y con un poco de paciencia, nos adentramos en el mundo cibernético. Asumiendo un poder, el poder de la palabra feminista. https://lascomadrespurpuras.com/

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Notas   [ + ]

1, 5. https://palabrademujer.wordpress.com/?s=aborto+en+venezuela
2. La RedPob fue fundada con la misión de promover el cumplimiento de los acuerdos logrados y suscritos en Venezuela en la conferencia de El Cairo. Estuvo integrada por 12 ONGs representativas del área de salud sexual y reproductiva del país. La RedPob, participó en la elaboración de leyes, destacándose el trabajo en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1998) y la inclusión de artículos referidos a los derechos sexuales y reproductivos en la Ley Orgánica de Protección a Niños y Adolescentes (1998).
3. https://www.aporrea.org/actualidad/a245990.html
4, 7. https://lascomadrespurpuras.com/descarga-gancho-canela-y-sangre/
6. RedPob foi fundada com a missão de promover o cumprimento dos acordos alcançados e assinados na Venezuela na conferência do Cairo. Foi integrado por 12 ONGs representativas da área de saúde sexual e reprodutiva do país. RedPob, participou da elaboração de leis, enfatizando o trabalho na Lei de Violência contra a Mulher e a Família (1998) e a inclusão de artigos referentes a direitos sexuais e reprodutivos na Lei Orgânica de Proteção à Criança e ao Adolescente ( 1998).

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