Foto: Rebeca Mateos

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En 2018, en todo el mundo, las mujeres han dado la batalla en la calle.

En India y Sudáfrica, miles de mujeres tomaron las calles para protestar contra la violencia sexual endémica que azota a ambos países. En el nordeste deNigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron reclamando justicia por los abusos que han sufrido a manos de los combatientes de Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas. En España y múltiples países de América Latina se ha puesto el grito en el cielo, para denunciar y visibilizar los femicidios cometidos contra mujeres, por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, ese reclamo masivo colectivo no ha calado en las decisiones judiciales saldadas a fuerza de prejuicios, y en las que no se pone el foco tanto en los hechos ocurridos que se denuncian, como en la vida de las víctimas, para buscar justificaciones que eximan la culpabilidad de sus agresores y femicidas.

Enjuiciamiento a la víctima lleno de prejuicios de género

Al analizar algunos los juicios más significativos del pasado año sobre agresiones sexuales, la vida sexual de la víctima -antes y después del hecho que se juzga- es uno de los prejuicios más habituales. Es denominador común que no sea tan relevante lo que una persona acusada hizo (la razón por la que se llega a un juicio), sino lo que la víctima hizo a lo largo de toda su vida sexual.

En este sentido, una de las decisiones judiciales más sangrantes que nos deja 2018 en Argentina es la relacionada con la violación y el asesinato de la joven de 16 años, Lucía Pérez. La brutalidad con la que la violaron y la torturaron hasta causarle la muerte no fue suficiente para que el tribunal rioplatense compuesto por tres hombres (Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas) acusara a Matías Farías (25 años) y Pablo Offidani (43 años) de abuso sexual y femicidio. Ambos fueron absueltos.

La sentencia comienza con una estructura de preguntas centradas en la conducta de la víctima, que se la construye “autónoma, libre e independiente”. “¿Era Lucía una adolescente que podía mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”, es una de las frases que se extrae de la sentencia. Se expuso la vida de Lucía para retratarla como alguien capaz de consentir la violación y la tortura a la que fue sometida y que acabó con su vida.

Algo similar le sucedió a una joven española de 19 años durante el juicio contra sus cinco agresores. La joven denunció que una madrugada de 2016, durante las fiestas tradicionales de Navarra (España), cinco hombres la acorralaron en un portal y fue víctima de una violación múltiple.

Durante el juicio de La Manada (como se le conoce mediáticamente), se cuestionó la versión de la víctima; los jueces aceptaron como prueba un informe de un detective privado sobre la vida de la chica después de la violación, pero no se aceptaron como prueba los mensajes del chat grupal de los violadores, en los que se hablaba de utilizar burundanga (una droga que anula la voluntad de quien la toma) para violar a otras chicas.

Tanto la justicia como una parte de los medios de comunicación masivos revictimizaron a la joven durante todo el proceso, en el que se puso el acento en si era una chica a la que le gustaban las relaciones grupales; en las veces que se le vio salir de casa para divertirse con amigas tras la violación…  retratándola como una joven, pese a su corta edad, desinhibida en sus hábitos sexuales. Se trataba de justificar que lo que pasó aquella madrugada de 2016, en la que fue acorralada por cinco hombres en un portal y en la que se practicó con ella todo tipo de vejaciones sexuales (algunas de forma simultánea), pudo haber sido consentido.

Finalmente la sentencia dictaminó el pasado abril que hubo abuso sexual con prevalimiento, pero que no hubo violación; y, en ella, el voto particular del Magistrado Ricardo González que vio en los hechos una “cruda y desinhibida relación sexual”, lo que produjo una fuerte indignación social y fue uno de los motivos de las manifestaciones multitudinarias de aquellos días en España.

La forma en la que iba vestida la víctima es otro de los prejuicios más extendidos en las sentencias judiciales. Este mismo año, en Irlanda, llevar un tanga se interpretó por la justicia como consentimiento en un caso de violación a una joven de 17 años. O su apariencia física. A finales de 2018, en Madrid, la justicia absolvió a un hombre de abuso sexual a una menor de 11 años porque aparentaba más edad.

En algunos casos, incluso, las sentencias son contra las víctimas que se animan a denunciar. Es lo que le sucedió a finales del pasado año a una estudiante de derecho en Chile. Francisca Díaz fue condenada a tres años y un día de cárcel por el delito de injurias y calumnias contra un ex funcionario del Ministerio Público, a quien ella había denunciado por abuso sexual. La sentencia consideró el uso de Tinder (la red social por la que se conocieron) “como una disposición de las mujeres a tener de entrada relaciones sexuales”, y como Francisca argumentó en su denuncia que estaba ebria cuando su agresor abusó de ella, se dictaminó que “el alcohol por sí solo es indicador, en la medida que se enmarca en una reunión con un varón que se conocen a través de Tinder, de que es indicio de presentación de consentimiento sexual”.

Aún más grave son los casos de países cuyas leyes están contra los derechos humanos fundamentales, como es el caso de Sudán (África), en el que un joven de 19 años fue condenada a muerte por un tribunal, por asesinar en legítima defensa a su esposo, maltratador y violador. La joven había sido obligada por su padre a casarse con él a los 16 años. En el juicio, que se celebró en 2017, el juez aplicó una ley en la cual no se reconocía la violación dentro del matrimonio.

No to Suppresion of Women Initiative (Iniciativa a la No represión de las Mujeres) lanzó una campaña contra el fallo, y a raíz de protestas realizadas por activistas de derechos humanos de la región, la sentencia fue anulada. Finalmente, Noura fue condenada a cinco años de prisión por homicidio involuntario y su familia tuvo que pagar 337.000 libras sudanesas, es decir, casi 20.000 dólares.

Foto: Rebeca Mateos
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Jueces sin formación con perspectiva de género

Si queremos que las mujeres sean protegidas y reparadas por el sistema judicial como merecen en base a sus derechos, es completamente necesario que exista una formación jurídica con perspectiva de género capaz de detectar las ideas estereotipadas y preconcebidas sobre cómo debe comportarse una mujer víctima de agresión sexual.

En el caso reciente de La Manada, en España, ocho meses después del fallo inicial, el Tribunal Superior de Justicia Navarra (TSJN) contiene otro voto particular de los magistrados Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza, quienes pidieron una condena por agresión y no por abuso y ven en los hechos “un grado de humillación y menosprecio para la víctima superior al que tiene lugar la violación”.

Se debe destacar, como a partir de los mimos hechos probados la calificación de unos jueces u otros sea tan sumamente dispar. Tal y como comentaba en varios medios de comunicación españoles Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link (organización internacional de derecho para promover un cambio social y de derechos en mujeres y niñas), esta diferencia entre los votos particulares evidenciaba como a partir de unos hechos probados la calificación jurídica puede resultar más o menos favorable a la víctima en función de la mayor o menor perspectiva de género del juez.

La existencia de un sistema de jueces sin perspectiva de género reproduce la lógica del sistema patriarcal, fallan a favor de los violentos, pone en duda el testimonio de la mujer, la culpabilizan y pueden llegar incluso a dictar sentencias contra ellas o a otorgar la patria potestad de las hijas e hijos que quedan huérfanas y huérfanos a los femicidas.

El diario británico The Times destapaba semanas pasadas el caso de Sammy Woodhouse, una mujer británica que fue violada a los 15 años y quedó embarazada de su agresor, Arshid Hussain, líder de una banda que se dedicaba a asaltar sexualmente a menores, por lo que fue condenado a 35 años de prisión. Puesto en libertad tras la condena, el juzgado de familia del gobierno municipal de Rotherham ofreció la posibilidad a Hussain de poder participar, como progenitor, en las decisiones que afectan a ese niño, incluso a poder visitarlo. Sammy Woodhouse se vio obligada a salir del anonimato para recaudar firmas para que el hombre que la violó no pudiera tener contacto de ningún tipo con el hijo que tuvo a causa de esa violación. Miles de británicos han firmado la petición de que los violadores no tengan acceso a los hijos concebidos a partir de su acto delictivo.

Problemas de las víctimas para denunciar y desprotección estatal

En un reciente informe, Amnistía Internacional denunciaba que desde el momento en que una mujer sufre una violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de si decide o no denunciar, se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). Como consecuencia, los estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas minimizan la gravedad de las violaciones que sufren, e incluso las responsabilizan de las mismas, provocando una mayor indefensión en las mujeres y generando procesos judiciales traumáticos para las víctimas, algunas de las cuales aseguran que, de haberlo sabido, no volverían a denunciar.

La falta de recursos para ayudar a las víctimas se debe principalmente al escaso presupuesto y la errónea distribución de los fondos, según Amnistía Internacional. La falta de iniciativas públicas, campañas y acciones de prevención, así como de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la especialización de los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual son otros de los obstáculos a los que se enfrentan.

 

Condenadas pela justiça patriarcal

 

 

Foto: Rebeca Mateos
Foto: Rebeca Mateos

Traduzido por Denisse Braz

Em 2018, em todo mundo, as mulheres marcharam.

Na Índia e Sul da África, milhares de mulheres foram para as ruas protestar contra a violência sexual endêmica que açoita a ambos os países. No nordeste da Nigéria, milhares de mulheres desabrigadas se mobilizaram reclamando justiça pelos abusos que sofreram nas mãos dos combatentes de Boko Haram e das forças de seguridade nigeriana. Na Espanha e vários países da América Latina, as mulheres gritaram indignadas para denunciar e visibilizar os feminicídios cometidos contra as mulheres, pelo simples fato de ser uma mulher.  

No entanto, essa reivindicação massiva e coletiva não há afetado as decisões judiciais que foram resolvidas influenciadas pelo preconceito, já que a atenção não é tanto nos acontecimentos que ocorreram, de como são relatados, mas na vida das vítimas, a fim de buscar justificativas que isentam a culpa de seus agressores e homicidas.

Acusação a vítima cheia de preconceito de gênero

Ao analisar alguns dos julgamentos mais significativos do ano passado sobre agressão sexual, a vida sexual da vítima – antes e depois do fato em julgamento – é um dos preconceitos mais comuns. É um muito comum que não seja importante o que uma pessoa acusada fez (a razão pela qual ela chegou a um julgamento), mas sim o que a vítima fez ao longo de sua vida sexual.

Neste sentido, uma das decisões judiciais mais horríveis aconteceu em 2018 na Argentina com relação ao estupro e assassinato da jovem de16 anos, Lucía Pérez. A brutalidade com a qual a estupraram e a torturaram até a morte não foram suficientes para que o tribunal rio-platense 1) Rio-platense é um adjetivo dado tanto para comércios, festas ou bairros próximo ao Rio La Plata., formado por três homens (Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale e Pablo Vinas), condenasse a Matias Farias (25) e Pablo Offidani (43 anos) de abuso sexual e feminicídio. Ao final do julgamento ambos foram absolvidos.

O julgamento começa com uma série de perguntas centradas no comportamento da vítima, que a caracterizavam como «autônoma, livre e independente». «Lucia era uma adolescente que podia manter relações sexuais sem seu consentimento?». Esta é uma das frases que foi extraída do julgamento. A vida de Lucia foi exposta para retratá-la como uma pessoa capaz de concordar com o estupro e a tortura a que foi submetida e que acabou com sua vida.

Algo parecido aconteceu a uma jovem espanhola de 19 anos durante o julgamento de seus cinco agressores. Na denuncia a jovem relata que numa madrugada de 2016, durante as festas tradicionais Navarra (Espanha), cinco homens a acurralaram num portão e a estupraram.

Durante o julgamento da “Manada” (como ficaram conhecidos midiaticamente), foi questionada a versão da vítima; os juízes aceitaram como prova um informe de um detetive privado sobre a vida da moça após do estupro, mas não aceitaram como prova as mensagens que o grupo de estupradores trocava no chat, onde falavam da utilização de burundanga (uma droga que anula a vontade de quem a toma) para estuprar a outras jovens.

Tanto a justiça como uma parte dos meios de comunicação de massa “condenaram” a jovem durante todo o processo, no qual diziam que talvez ela fosse uma garota que gostava de relacionamentos grupais; durante as vezes que ela era vista saindo de casa para se divertir com os amigos depois do ocorrido. Chamavam-na de “uma jovem mulher”, que apesar de sua pouca idade era desinibida nas suas relações sexuais. Tentavam justificar o que aconteceu naquela madrugada de 2016, na qual foi encurralada por cinco homens num portão e violentada sexualmente (por vezes simultaneamente), poderia ter sido consentido.

Finalmente, a sentença determinou em abril de 2018 que houve abuso sexual com prevalência, mas que não houve estupro; e nela, o voto do juiz Ricardo Gonzalez que viu nos fatos do crime uma “crua e desinibida relação sexual», produziu uma forte indignação social e foi uma das razões para as manifestações em massa naqueles dias em Espanha.

A maneira pela qual a vítima estava vestida é outro dos preconceitos mais fortes nas sentenças judiciais. Neste mesmo ano, na Irlanda, usar um biquíni fio dental foi interpretado pelos tribunais como consentimento num caso de estupro de uma adolescente de 17 anos. Neste mesmo caso, sua aparência física também foi vista como “permissiva”. Outro caso que destaco ocorreu em Madri no final de 2018, o tribunal absolveu um homem de abuso sexual contra uma menina com menos de 11 anos de idade porque segundo a justiça ela aparentava ter mais idade.

Em alguns casos, as sentenças se voltam contra as vítimas que se atrevem a denunciar. Foi o que aconteceu com uma estudante de direito no Chile no final de 2018. Francisca Díaz foi sentenciada a três anos e um dia de prisão pelo crime de insultos e difamação contra um ex-promotor público, a quem ela havia denunciado por abuso sexual. A justiça considerou o uso do Tinder (um aplicativo onde se conheceram) «como um aplicativo que as mulheres usam quando querem ter relações sexuais sem compromisso» e como Francisca argumentou em sua denúncia que estava bêbada quando seu agressor lhe havia abusado, o juiz considerou que «o álcool por si só é um indicador de consentimento sexual, num encontro com um homem que conhecido através do Tinder.

Ainda mais grave é o caso dos países cujas leis são contra os direitos humanos fundamentais, como o Sudão (África), onde uma jovem de 19 anos foi condenada à morte por um tribunal porque matou em legítima defesa o seu marido, violento e estuprador. A jovem foi forçada pelo pai a se casar com ele aos 16 anos. No julgamento, que foi realizado em 2017, o juiz aplicou uma lei na qual não reconhecia como estupro as agressões sexuais cometidas dentro do casamento.

“No to Suppresion of Women Initiative” (Iniciativa de não à Repressão das mulheres) lançou uma campanha contra a decisão e, após os protestos realizados por ativistas dos direitos humanos na região, a sentença foi anulada. Finalmente, Noura foi condenada a cinco anos de prisão por homicídio involuntário e ainda assim sua família teve que pagar 337.000 libras sudanesas, ou seja, quase 20.000 dólares.

Foto: Rebeca Mateos
Foto: Rebeca Mateos

Juízes sem formação em perspectiva de gênero

Se quisermos que as mulheres sejam protegidas e reparadas pelo sistema judicial como elas merecem com base em seus direitos, é absolutamente necessário que exista uma formação jurídica com perspectiva de gênero capaz de detectar as ideias estereotipadas e preconceituosas sobre como deve se comportar uma mulher vítima de agressão sexual.

No caso recente do caso a “Manada” , na Espanha, oito meses após a decisão inicial, o Supremo Tribunal de Justiça Navarra (TSJN) teve outro voto particular dos juízes Joaquin Galve e Miguel Angel abarzuza, que pediram uma condenação por agressão e não por violência sexual porque viram nos fatos que havia «um grau de humilhação e desprezo à vítima e isto vai além do estupro em si».

Deve-se destacar, considerando os mesmos fatos comprovados, que a qualificação dos juízes é tão extremadamente desigual. Como comentou em vários médios de comunicação na Espanha. Viviana Waisman, presidente da Women’s Link (organização internacional de direito para promover uma mudança social e de direitos para mulheres e meninas), essa diferença entre os votos individuais evidenciava que a partir dos fatos comprovados a qualificação jurídica pode ser mais ou menos favorável à vítima, dependendo da maior ou menor perspectiva de gênero do juiz.

A existência de um sistema de juízes sem uma perspectiva de gênero reproduz a lógica do sistema patriarcal, falham a favor dos agressores, colocam em dúvida o testemunho da mulher, a culpam e podem chegar inclusive a estabelecer uma sentença contra a vítima ou conceder a guarda dos/as filhos/as órfãos ao agressor e/ou homicida.

O jornal britânico The Times destampou semanas atrás o caso de Sammy Woodhouse, uma mulher britânica que foi estuprada aos 15 anos e ficou grávida de seu agressor, Arshid Hussain, líder de uma quadrilha que estava envolvido em uma série de agressões sexuais a menores de idade, por isso, ele foi condenado a 35 anos de prisão. Libertado após a condenação, o tribunal da família do governo municipal de Rotherham ofereceu a possibilidade a Hussain de poder participar, como pai, nas decisões da criação da criança, inclusive podendo visitá-lo. Sammy Woodhouse foi forçada a sair do anonimato para recolher assinaturas para que o homem que a estuprou não pudesse ter nenhum contato com o filho fruto daquele estupro. Milhares de britânicos assinaram a petição para que os estupradores não tivessem acesso aos filhos concebidos mediante a esta situação de violência.

Dificuldade das vítimas para denunciar e falta de proteção do Estado

Em um relatório recente, a Anistia Internacional denunciou que a partir do momento em que uma mulher sofre estupro ou qualquer outra forma de violência sexual, independentemente de haver feito a denuncia ou não, enfrenta a falta de protocolos claros e falta de formação específica dos profissionais que as atendem (policiais, médicos e judiciais). Como resultado, os estereótipos e preconceitos que põem em dúvidas o testemunho de vítimas, minimizando a gravidade dos estupros sofridos, e até mesmo responsabilizam as vítimas, algumas mulheres asseguram que se soubessem dessas burocracias não denunciariam.

A falta de recursos para ajudar as vítimas se deve principalmente ao baixo orçamento e à distribuição errônea de fundos, segundo a Anistia Internacional. A falta de iniciativas públicas, campanhas e ações preventivas, bem como serviços especializados para o atendimento e recuperação de vítimas, ou a especialização dos agentes envolvidos em todo o processo de atendimento às vítimas de violência sexual são outros obstáculos aqueles que enfrentam.

 

Notas   [ + ]

1. Rio-platense é um adjetivo dado tanto para comércios, festas ou bairros próximo ao Rio La Plata.

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