Será ley en el Congreso lo que ya es Ley en las calles. Nuevo Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Foto: Tiziana Mortel

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Rodeada por una multitud teñida de verde que cantaba otra vez por el aborto legal, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito compuesta por organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas, presentó este martes por octavo año consecutivo el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE 2019 en el Congreso Nacional de Argentina.

Un festival de rebosante afectuosidad, sonrisas, música, tambores, danzas, cubrió la plaza del Congreso. Fueron tantas las personas que acudieron a esta esperada convocatoria que el espacio ya no daba abasto y la fiesta tuvo que extenderse hasta callejones aledaños para llenarlos con los pañuelos verdes. Otra vez esa sensación que escasea en estos tiempos. Miles de personas dispuestas a habitar de forma colectiva las calles.

La jornada que incluyó una amplia variedad de expresiones artísticas, charlas con especialistas, debates y talleres, nuevamente reveló su significativa capacidad de convocatoria que se hizo extensiva a más de 100 ciudades del territorio nacional y encontró numerosas resonancias en los pañuelazos y las concentraciones diversas que se realizaron de manera simultánea en diferentes partes del mundo.

El derecho a decidir se milita

Hace 14 años la Campaña eligió el 28 de mayo como fecha para su conformación por ser el «Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres». Desde entonces esta alianza federal que cuenta con la participación de más de 800 organizaciones articuladas alrededor de la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, trabaja por el reconocimiento del derecho al aborto en las leyes e instituciones, impulsando el debate parlamentario, y desde el 2007, presentando ante la Cámara de Diputados proyectos de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

En el 2018 se marcó un hito clave en esta histórica lucha feminista que lleva como símbolo el pañuelo verde, porque logró instalar por primera vez el reclamo por el aborto legal en el Congreso Nacional, y aunque no consiguió la sanción a favor del proyecto en el Senado por un número reducido de votos en contra -38 a 31-, motivó multitudinarias movilizaciones con una participación política inédita en la que se apreció un involucramiento transversal e intergeneracional por parte de amplios sectores de la sociedad.

La Marea Verde que inició en Argentina y continúa replicándose en el mundo, es cada vez más masiva y popular. Trasciende el aparato legislativo, porque consigue atravesar los rígidos muros de la institucionalidad a través de las acciones que despliega, los sentidos que cuestiona, las convicciones y emociones que genera. Ganó en las calles, porque generó un amplio consenso social. Salió a modificar discursos rompiendo silencios, tabúes y estereotipos implantados por la cultura patriarcal. Se instaló en la agenda pública como una demanda prioritaria porque es una cuestión de salud, al implicar a todos los cuerpos gestantes; de derechos humanos, porque continúan siendo numerosos los casos de niñas violadas obligadas a parir, y también porque es una cuestión de justicia social.

Nuevo proyecto ley

“Decimos que la calle se mete en el congreso porque este es un proyecto redactado por un movimiento social, el movimiento feminista nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”; con estas palabras se dio inicio a la Conferencia de prensa de la Campaña el pasado martes. Efectivamente el nuevo proyecto fue elaborado de forma horizontal y colectiva por medio de la conformación de una comisión redactora que buscó comprometer la diversidad federal, de pertenencia regionales, edades, profesiones y actividades para la tarea de reformular el proyecto.

Como punto de partida, se tomó el texto presentado en el 2018. Recuperando los debates generados en el Congreso, durante varios meses de trabajo, se sostuvieron una serie de plenarias entre las distintas secciones regionales de la Campaña, manteniendo intercambios hasta llegar a un proyecto consensuado que fue presentado en una plenaria nacional realizada en la ciudad de Córdoba en el mes de marzo del 2019.

El nuevo proyecto de ley que consta de tres capítulos, parte de tener en cuenta los aportes generados desde las disidencias sexuales, la ley de identidad de género y las de los sujetos de los feminismos, de manera que, se realizó una redefinición sustancial de los sujetos a los que abarca la propuesta y se especifica que está dirigido a  mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, estableciendo como marco temporal el plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo y extendiendo el tiempo de esta instancia, cuando la salud o la vida de la persona gestante corra riesgo o si es el embarazo producto de una violación.

La dimensión de los derechos humanos mantiene un lugar central en la nueva propuesta, pues según la inclusión que otorga la ciudadanía y la identidad de género en el territorio argentino, el Estado debe garantizar el acceso a la práctica de forma gratuita en establecimientos públicos y privados, a todas las personas sin distinción de nacionalidad, origen, condición de residencia y/o tránsito, tal como se encuentra expresado en la Constitución Nacional. En este nuevo proyecto, el ejercicio de este derecho debe tratarse como un bien jurídico protegido, como ley de orden público o de cumplimiento obligatorio legal inmodificable. Las instituciones deberán además brindar asesorías laicas a las personas gestantes que así lo requieran.

Exige también que sean considerados como términos equivalentes la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto, además de incluir la figura de “salud integral” conforme a las definiciones que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a la objeción de conciencia personal o institucional, el proyecto es contundente: “en ningún caso puede contener, la práctica de un aborto seguro, consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de lxs profesionales o personal de salud ni de terceros/as”. Según el artículo 14, se incorpora penas de prisión de tres meses a un año y la inhabilitación a establecimientos, profesional o personal de la salud que injustificadamente obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, elevándose la condena en caso de generar perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. La práctica debe estar garantizada por el sistema, de manera que no será necesario tampoco la presentación de autorizaciones judiciales. Por el contrario, a diferencia de la media sanción aprobada, esta vez se eliminó la penalización a los profesionales de la salud que practiquen abortos después del plazo de 14 semanas.

En cuanto a la niñez y adolescencia, el proyecto considera la adquisición progresiva de derechos. De manera que establece condiciones al acceso de una interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con cada grupo de edad, poniendo el centro en la noción de autonomía progresiva.

Contando con la colaboración de organizaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, el nuevo proyecto incluyó la elaboración de un artículo que estipula los criterios de autonomía para las personas en situación de discapacidad o con capacidad restringida, de manera que puedan brindar el consentimiento informado.

Sobre el código penal, se plantea sustraer toda penalidad a las mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud. Solo serán penadas las personas que sin el consentimiento y de un modo coercitivo realicen abortos. Por último, el tercer capítulo hace referencia a las “políticas de salud sexual y reproductiva” y a la “educación sexual integral”, por ser estas herramientas claves para la prevención de violencias machistas, prevención de embarazos no intencionados y abusos sexuales.  

Una decisión inaplazable

La presentación de este nuevo proyecto se realiza en un contexto político preelectoral, atravesado por una profunda crisis económica y social caracterizada por un alto índice de desocupación, aumento de la pobreza y de la inflación.

Frente este escenario el movimiento feminista sale a las calles masivamente demostrando que su agenda no está desligada de las problemáticas más acuciantes de la sociedad argentina. Qué más cotidiano que la vulneración diaria de los derechos de las mujeres y de los cuerpos gestantes. El crecimiento exponencial de una marea verde que trasciende fronteras, el respaldo de más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos, es testimonio del fortalecimiento de una necesidad de autonomía que reclama el derecho urgente a que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Seguimos estando en donde nunca nos fuimos, las calles, las casas, los barrios, las universidades, las escuelas. Ocupando los espacios públicos que son nuestros, con la firme convicción de que tarde o temprano el aborto será ley. En este sentido los candidatos que aspiren a cargos públicos deberán escuchar y tomar posición.

Será lei no Congresso o que já é lei nas ruas.

Novo Projeto de Interrupção Voluntária da Gestação

Traducción: Karen Amaral

Rodeada por uma multidão pintada de verde que cantava outra vez pelo aborto legal, a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito composta por organizações sociais, estudantis, sindicais e políticas, apresentou nesta terça-feira, pelo oitavo ano consecutivo, o Projeto de Lei de Interrupção Voluntária da Gestação – 2019 no Congresso Nacional Argentino.

Um festival de transbordante carinho, sorrisos, música, tambores, danças, cobriu a praça do Congresso. Foram tantas as pessoas que participaram da tão esperada convocatória, que o espaço já não comportava a quantidade de gente e a festa teve que estender-se por ruas próximas para cobrí-las com seus lenços verdes. Outra vez essa sensação tão rara nestes tempos. Milhares de pessoas dispostas a habitar de forma coletiva as ruas.

A jornada que incluiu uma ampla variedade de expressões artísticas, palestras com especialistas, debates e oficinas, novamente revelou sua significativa capacidade de convocatória que se estendeu a mais de 100 cidades do território nacional argentino e encontrou numerosas ressonâncias nos pañuelazos e concentrações diversas que se realizaram de maneira simultânea em diferentes partes do mundo.

Milita-se pelo direito a decidir

Há 14 anos a Campanha escolheu o 28 de maio como data para sua conformação por ser o “Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres”. Desde então esta aliança federal que conta com a participação de mais de 800 organizações articuladas ao redor da consigna “educação sexual para decidir, contraceptivos para não abortar, aborto legal para não morrer”, trabalha pelo reconhecimento do direito ao aborto nas leis e instituições, impulsando o debate parlamentario, e desde 2007, apresentando frente a Câmara de Deputados projetos de lei pela Interrupção Voluntária da Gestação.

O ano de 2018 foi um marco importante nessa histórica luta feminista que leva como símbolo o lenço verde, porque conseguiu instalar pela primeira vez a demanda pelo aborto legal no Congresso Nacional e, ainda que não tenha conseguido a sanção a favor do projeto no Senado, por um número reduzido de votos contrários – 38 a 31 -, motivou mobilizações multitudinárias, com uma participação política inédita, na qual pode-se apreciar um envolvimento transversal e intergeracional por parte de amplos setores da sociedade.

A Maré Verde que começou na Argentina e continua replicando-se pelo mundo, é cada vez mais massiva e popular. Transcende o aparato legislativo, porque consegue atravessar os rígidos muros da institucionalidade através das ações que implanta, os sentidos que questiona, as convicções e emoções que gera. Ganhou nas ruas porque gerou um amplo consenso social. Modificou discursos, quebrando silencios, tabús e estereótipos implantados pela cultura patriarcal. Instalou-se na agenda pública como uma demanda prioritária porque é uma questão de saúde, ao implicar todos os corpos gestantes; de direitos humanos, porque continuam sendo numerosos os casos de meninas estupradas que são obrigadas a parir e, também, por ser uma questão de justiça social.

Novo projeto de lei

“Dizemos que a rua entra ao congresso porque este é um projeto redigido por um movimento social, o movimento feminista com núcleo na Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito”; com essas palavras deu-se início a coletiva de imprensa da Campanha na terça-feira passada. Efetivamente, o novo projeto foi elaborado de forma horizontal e coletiva, por meio da conformação de uma comissão redatora que buscou comprometer-se com a diversidade federal, a participação regional, as diferentes faixas etárias, profissões e atividades com a tarefa de reformular o projeto.

Como ponto de partida, utilizou-se o texto apresentado no ano de 2018. Recuperando os debates gerados no Congresso, durante vários meses de trabalho, uma série de plenárias foram realizadas entre as distintas seções regionais da Campanha, mantendo intercâmbios até chegar a um projeto consensuado, que foi apresentado em uma plenária nacional realizada na cidade de Córdoba, no mês de março de 2019.

O novo projeto de lei, que consta de três capítulos, parte de levar em conta as contribuições geradas pelas dissidências sexuais, a lei de identidade de gênero e também as contribuições do feminismo, de maneira que realizou-se uma redefinição substancial dos sujeitos aos quais abarca a proposta e específica que esse projeto está dirigido à mulheres e outras identidades com capacidade de gestação, estabelecendo como marco temporal o prazo de 14 semanas para a interrupção voluntária da gravidez e estendendo o tempo dessa instância quando a saúde ou a vida da pessoa gestante corra risco, ou no caso de gestação por fruto de estupro.

A dimensão dos direitos humanos mantém um lugar central na nova proposta, pois segundo a inclusão que outorga a cidadania e a identidade de gênero no território argentino, o Estado deve garantir o acesso à prática de forma gratuita, em estabelecimentos públicos e privados, a todas as pessoas, sem distinção de nacionalidade, origem, condição de residência e/ou trânsito, tal como encontra-se expressado na Constituição Nacional. Neste novo projeto, o exercício deste direito deve tratar-se como um bem jurídico protegido, como lei de ordem pública ou de cumprimento obrigatório legal não modificável. As instituições deverão brindar também assessorias laicas às pessoas gestantes que as solicitarem.

Exige também que sejam considerados como termos equivalentes a interrupção voluntária da gestação e o aborto, além de incluir a figura de “saúde integral” conforme as definições que estabelece a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Diante da objeção de consciência pessoal ou institucional, o projeto é contundente: “em nenhum caso pode interferir na prática de um aborto seguro considerações pessoais, religiosas ou axiológicas por parte dos profissionais de saúde ou terceiros(as)”. Segundo o artigo 14, incorporam-se penas de prisão de três meses a um ano e a inabilitação a estabelecimentos e profissionais de saúde que, injustificadamente, impeçam ou se neguem a praticar um aborto nos casos legalmente autorizados, elevando-se a pena em caso de dano à saúde da mulher ou pessoa gestante. A prática deve estar garantida pelo sistema de maneira que não será necessário tampouco a apresentação de autorizações judiciais. Pelo contrário, com diferença a meia sanção aprovada, desta vez eliminou-se a penalização aos profissionais de saúde que pratiquem abortos depois do prazo de 14 semanas.

Sobre a infância e adolescência, o projeto considera a aquisição progressiva de direitos. De forma a estabelecer condições ao acesso a uma interrupção voluntária da gestação, de acordo com cada faixa etária, pondo em foco a noção de autonomia progressiva.   

Contando com a colaboração de organizações que trabalham com pessoas portadoras de deficiência, o novo projeto incluiu a elaboração de um artigo que estipula os critérios de autonomia para pessoas portadoras de deficiência o com capacidade reduzida, de forma que possam brindar o consentimento informado.

Sobre o código penal, propõe-se subtrair toda penalidade às mulheres, pessoas gestantes e profissionais de saúde. Apenas serão passíveis de pena as pessoas que, sem o consentimento e, de modo coercivo realizem abortos. Por último, o terceiro capítulo faz referência às “políticas de saúde sexual e reprodutiva” e à “educação sexual integral”, por serem estas ferramentas chave para a prevenção de violências de gênero, prevenção de gravidez indesejada e abusos sexuais.

Uma decisão inadiável

A apresentação deste novo projeto realiza-se em um contexto político pré-eleitoral atravessado por uma profunda crise econômica e social caracterizada por um alto índice de desemprego, aumento da pobreza da inflação.

Diante deste cenário, o movimento feminista sai às ruas massivamente, demonstrando que sua agenda não está desligada das problemáticas mais prementes da sociedade argentina. O que é mais cotidiano que a vulnerabilização diária dos direitos das mulheres e dos corpos gestantes? O crescimento exponencial de uma maré verde que transcende fronteiras, o respaldo de mais de 70 assinaturas de legisladores de todos os partidos políticos é testemunho do fortalecimento de uma necessidade de autonomia que reclama o direito urgente ao aborto legal, seguro e gratuito.

Continuamos ocupando o mesmo lugar do qual nunca abrimos mão, as ruas, as casas, os bairros, as universidades e as escolas. Ocupando os espaços públicos que são nossos com a firme convicção de que, mais cedo ou mais tarde, o aborto será lei. Neste sentido, os candidatos aspirantes a cargos públicos deverão escutar e posicionar-se.